Los abogados de Valladolid se concentran ante la «incertidumbre» de sus pensiones

Y todo para buscar unas pensiones «dignas». «Muchos compañeros ni pueden ni van a poder jubilarse dadas las reducidas pensiones con las que van a contar», apuntan.

Hasta el año 1995, la protección social de la abogacía se prestaba a través de la Mutualidad de la Abogacía, entidad sin ánimo de lucro creada por los Colegios de la Abogacía en 1948, de adscripción obligatoria para el ejercicio profesional, sin posibilidad de acogerse a otro sistema de protección social, y que, fundamentalmente, cubría la prestación por jubilación. Este sistema de protección social era obligatorio para quien pretendiese ejercer la abogacía, sin alternativa alguna.

En 1995 se introduce la alternatividad, esto es, la posibilidad de que la protección social se realizase con la Mutualidad de la Abogacía o mediante la afiliación al RETA. La Mutualidad dejaba de ser obligatoria pasando a ser un sistema opcional al sistema público de la Seguridad Social. La estrecha relación entre la Mutualidad y los Colegios profesionales de la Abogacía (fundadores de la entidad) hacía que desde estos se fomentase entre los nuevos ejercientes la opción, la entidad corporativa (Mutualidad de la Abogacía). Desde ese año la Mutualidad comenzó a tener una doble oferta, como sistema de protección social alternativo al RETA, y como complementario a este.

Las reformas introducidas, tanto la alternatividad como la modificación del sistema de protección a capitalización individual y devengo de la prestación económica de jubilación, provocaron una importante variación en las cuantías de las prestaciones esperables sin que, en muchos casos, existiese opción real de cambio. En el caso de optar por el RETA, después de una larga carrera de aportación en la mutualidad, no se permitía por esta el rescate de las aportaciones realizadas, ni siquiera destinarlas al sistema de protección social alternativo (RETA), como tampoco el tiempo se computaba a efectos del devengo de la prestación de jubilación en el sistema público.

Ello significa que «estamos ante unas cotizaciones cautivas, ya que no podían ser recuperadas hasta la fecha de jubilación del trabajador y que además en el caso de rescate total tributa como un mero plan de pensiones, cuando en realidad se trata de un sistema de previsión básico». Por otra parte, la opción por abandonar la Mutualidad y optar por el RETA implicaba el comienzo desde cero en la cotización en este régimen, sin tiempo, en muchos casos, para generar derecho a prestación por jubilación, impidiendo la posibilidad de la jubilación en edad ordinaria, por lo que provocaba la prolongación de la actividad profesional.

«Sin poder precisar el número exacto de los profesionales afectados es necesario tener en cuenta que, según los datos publicados por la Mutualidad de la Abogacía, el número de mutualistas en activo es superior a los 208.000, de los que más de 64.000 serían como sistema alternativo al RETA, lo que evidencia la relevancia social del problema que se está planteando», concretaba el colectivo de los abogados desde Valladolid.

La reunión se cerró, como en otros puntos de la geografía nacional, con la reivindicación de mejoras fiscales en la fase de jubilación, ventana de traslado al RETA y mejoras en la compatibilidad del cobro de pensión y ejercicio profesional. «El Estado no nos ha protegido como debe e incluso nos ha discriminado, imponiendo obligatoriamente la cotización solo a través de la Mutualidad, y posteriormente, incentivándose la opción por dicho sistema privado. Los mecanismos de protección y control establecidos nos han fallado, realizándose además reformas legales que nos han perjudicado, de modo tal que, en la actualidad, hemos quedado atrapados por un instrumento y mecanismo del sistema financiero, no adecuado para satisfacer las necesidades económicas inherentes a la jubilación y vejez de las personas», concluyó el miércoles el colectivo.