Abogados de oficio de Valladolid se desmarcan del Colegio y dicen sí a la huelga

Cerca de un centenar de los aproximadamente cuatrocientos abogados apuntados en este turno se han mostrado de manera explícita en un grupo de Whatsapp a favor de la movilización «por la dignificación del servicio». Reclaman, entre otras reivindicaciones «históricas», la equiparación de las retribuciones que perciben -«tarde, mal y nunca», apostillan- con las de otras comunidades autónomas, que son distintas en función de que los colegios profesionales se encuentren en territorio del Ministerio de Justicia o en comunidades donde las competencias de la administración judicial están transferidas, como ocurre con el País Vasco y Navarra, que es donde más cobran.

Un grupo de estos abogados del turno de oficio Valladolid comenta a El Norte de Castilla el malestar generado por la posición del Colegio que, apuntan, estaría dirigida a «desactivar» la protesta. Entre los que se desmarcan de la línea «institucional» está David Lázaro Delgado, quien subraya que «la junta de gobierno no puede hablar en nombre de todos y decir que los abogados no van a secundar la huelga; es un derecho individual y cada uno puede hacer lo que quiera». De la tabla de reivindicaciones que defienden, la que ve «más justa» es «que se cotice a la Seguridad Social por nuestro trabajo; luego quieren que no haya economía sumergida, cuando es la propia Administración la que la promueve», critica.

Por su parte, Alfonso Ruiz Sánchez apunta a «tres problemas endémicos: la compensación económica, no ser esclavo del turno de oficio; que se ajuste a los valores de mercado, porque no llega ni al 20%; y recibirla en tiempo y forma, en un plazo máximo de 60 días».

Así, en la tabla de reivindicaciones figura, además de unas retribuciones dignas abonadas en tiempo y forma, la regulación jurídica del profesional del turno de oficio, la retribución de todos los actos para los que son designados, el abono de los costes que supone prestar el servicio; que la Administración del Estado asuma directamente el pago de honorarios al profesional designado cuando se determina que el cliente no cumple los requisitos para ser beneficiario de la justicia gratuita pero ya se le había atendido; y la actualización anual de las retribuciones, entre otras.

Patricia Gurpegui indica que los abogados del turno de oficio son designados para prestar un servicio esencial de la Administración de Justicia pero, sin embargo, esa importancia no se ve reflejada en los baremos, que no se ajustan desde 2021 y además, el ajuste es ínfimo si se compara con la subida anual del IPC. Pone como ejemplo que, por asistencia en un delito leve cobran 80 euros y por un procedimiento de familia, unos 180 euros. Un parte de la cuantía, el 30%, se cobra cuando es acreditado a través de sentencia. «Pueden pasar años hasta cobrar un procedimiento de 300 euros», señala. Marta Díaz apostilla que, en los últimos 30 años, la «actualización» de sus guardias ha pasado de 90 a los 116 euros que cobra ahora.

Patricio Cuadra Blanco, coordinador de Venia en Castilla y León remacha, en este sentido, que «casi cobramos menos que las 'kellys', porque la hora trabajada por el abogado de oficio en Castilla y León no llega, ni de lejos, a los dos euros», resume gráficamente el letrado zamorano. Un pago que resulta irrisorio, subraya, «cuando te tienes que desplazar a cien kilómetros en tu propio coche, como ocurre si te llaman a las doce de la noche por una guardia y tienes que ir desde Zamora a Sanabria».

Así que están decididos a secundar la huelga, si bien hacen hincapié en que los servicios mínimos «está cubiertos» tanto en la vía penal como en la civil (incapaces, menores, medidas provisionales, violencia de género y causas con preso).