Valladolid

Los abogados de oficio, en huelga desde hace cinco meses por la precariedad laboral del turno

Sus reclamos no solo se han materializado en movilizaciones en distintas ciudades, sino que desde hace cinco meses arrastran una huelga indefinida que ha implicado la suspensión de procedimientos en todo el territorio. Aquí en Valladolid hay unos 400 abogados colegiados puestos a disposición del turno de oficio y de ellos unos 100 se han movilizado para cambiar las cosas. En esta ocasión se han echado a la calle una treintena de ellos convocados por el sindicato Venia para conducir una pancarta que reza «sin abogados de oficio no hay justicia gratuita».

La protesta parte de la Delegación de Trabajo y a cargo del megáfono está el letrado Fernando Alcalde, que lee un manifiesto que concisa en unas cuantas proclamas un problema de gran complejidad y que se resumen en una gran carga de trabajo, mal remunerado y en condiciones precarias. «Trabajamos los 365 días en defensa de los más débiles y carecemos de vacaciones y desconexión digital», «La compensación económica es miserable y fuera de plazo»,«Pagamos los desplazamientos dentro de la provincia», vocifera Alcalde, arengado por sus compañeros del turno de oficio, abogados y algún que otro procurador.

«Estamos aquí para que la gente se entere de que esto no es gratis, que lo estamos soportando los abogados y abogadas y los procuradores y procuradoras», cuenta Nuria Casarejos, que ejerce la profesión desde hace 25 años. La letrada explica que la obligación que tiene la Administración de prestar un servicio de justicia gratuita recae sobre los profesionales, a cambio de un pago mínimo en concepto de indemnización y que no incluye gastos asociados al procedimiento, que salen de sus bolsillos. «Cuando hacemos guardias pagamos nuestros desplazamientos», ejemplifica Casarejos, que en su condición de abogada de oficio tiene que estar disponible y asumir el gasto que supone acudir a asistir a un detenido.

«El problema fundamental es que la propia Administración no nos reconoce ninguna relación con ellos. Por supuesto que no somos funcionarios ni queremos serlo, pero prestamos un servicio y se debe reconocer esa relación laboral», prosigue Casarejos. Ese reconocimiento supondría que el estado tendría que cotizar por sus trabajos a la seguridad social de forma retroactiva, lo que implicaría un gran cambio a efectos de cotizaciones.

Precisamente otro de los caballos de batalla del turno de oficio, según relatan, es asegurar el futuro de sus pensiones. Una situación especialmente compleja para aquellos que comenzaron a ejercer antes del 1996, cuando no existía la posibilidad de cotizar como autónomos y se veían obligados a contratar una mutualidad, que ahora les reportaría una pensión «de 400 o 500 euros». Por eso reclaman una «pasarela al Reta», que les permita llevarse esas cotizaciones a la Seguridad Social.

«Lo que he aportado en más de 25 años no lo puedo rescatar ahora porque pierdo muchísimo dinero», cuenta Nuria, que en su día no se cambió ya que no existía la posibilidad de hacerlo sin perder lo cotizado hasta la fecha. La mutualidad ahora funciona como un fondo de pensiones privado y sacar ese dinero por su cuenta implicaría pagar una gran cantidad en impuestos.

Tras cinco meses de movilizaciones y de huelga indefinida el único avance en las negociaciones es que el Ministerio de Justicia ha accedido a tener una reunión con el sindicato para que pongan encima de la mesa sus reivindicaciones, más amplias que las del Consejo General de la Abogacía, el único órgano que la cartera que dirige Félix Bolaños reconoce para sentarse a negociar y que según explican tiene por única reivindicación la subida de los baremos.

«Bolaños paga ya», claman los manifestantes, que aseguran que la remuneración de la Administración puede demorarse varios meses. «Desde octubre no se nos paga», revela Sonia Sainz-Ezquerra, en la profesión desde hace 32 años. Por eso otra de sus reivindicaciones es que se les garanticen sus retribuciones en un plazo de 30 días. «Y eso siempre que luego les aprueben la justicia gratuita, si no te dicen que se lo cobres tú», prosigue la letrada, que explica que muchas veces se quedan sin cobrar si la Administración no reconoce ese derecho que ellos ya han prestado a clientes, que en muchas ocasiones desaparecen o son insolventes. En su bufete, más de la mitad de sus representados son del turno de oficio.

Para que las marchas y la huelga indefinida cesen, los letrados reclaman la aprobación de un estatuto del abogado y del procurador que regule sus condiciones laborales; que se les garantice el pago de la justicia gratuita aún cuando la administración se la deniegue con posterioridad al representado; que se actualicen a precios de mercado y en relación al IPC anual los baremos que evalúan sus trabajos; que estos sean abonados en el plazo de un mes y que se reconozca su relación laboral con la Administración a efectos de cotizaciones. Como colofón final y a modo de resumen, que se les trate «con la dignidad que merecen» sus profesiones.

La marcha llega al Palacio de Justicia y los manifestantes, manos en alto, cantan aquello de «esto es un atraco». La próxima parada será Madrid, en una concentración masiva a nivel nacional que tendrá lugar el sábado 13 de abril.