El abogado García Montes pedirá el reingreso en prisión del expresidente de Fórum Filatélico

El abogado Marcos García Montes, que representa la acusación particular de más de dos mil de afectados por la estafa piramidal de Fórum Filatélico de toda Castilla y León (Afacyl), aseguró ayer que «nada más que finalice el juicio solicitaremos el ingreso en prisión del presidente de Fórum». Montes, que todavía no ha podido interrogar al máximo directivo hasta 2006, Francisco Briones, pretende solicitar esta medida antes de que se dicte sentencia en el año 2018 para evitar el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos y la alarma social. Está previsto que las sesiones por este juicio concluyan en diciembre.

El letrado representa principalmente a inversores de la región, que compraron valores filatélicos hasta el 2006 a cambio de recibir una rentabilidad que llegó al 12% anual.

En la jornada de ayer, el fiscal Juan Pavía continuó con el interrogatorio de Francisco Briones durante más de cuatro horas, en el que reconoció a sus preguntas que la cúpula de la sociedad se autoadjudicaba «porcentajes de sellos» con la finalidad de cuadrar las cuentas.

El expresidente de Fórum sostuvo ante el fiscal que él mismo se encargaba de hacer las listas de precios de los sellos, siguiendo criterios de mercado, del Producto Interior Bruto español, o comparando con catálogos de filatelia internacional. Su intención era demostrar al Ministerio Público que el precio de los sellos no se determinaba al azar.

El fiscal Pavía, que junto con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se han encargado estos años de participar en la instrucción del caso en la Audiencia Nacional, mostró a Briones fotografías de la cámara acorazada de la sede principal de Fórum en la calle José Abascal 51, en donde la Policía halló en mayo del 2006 centenares de cajas con sellos y colecciones que eran custodiados por la entidad.

Fórúm Filatélico tenía un capital social en el año 2004 de 10 millones de euros dividido en 800.000 acciones. Además de sus dos oficinas principales en Madrid contaba con delegaciones territoriales en Castilla y León, Cataluña, Galicia y Andalucía.

La investigación determinó también que por medio de 324 centros operativos, situados en 54 municipios de toda España, la entidad filatélica se dedicaba a la compra y venta de sellos y al depósito de los mismos.

El interrogatorio de este miércoles proseguirá también con las preguntas del Ministerio Público, que ha dividido su acusación en varios bloques. Posteriormente, serán los letrados de las acusaciones particulares los que tendrán su turno.