El abogado de oficio investigado por desobediencia: «Si la huelga fuera ilegal, no la haría»

Porque el letrado del turno de oficio ha comenzado la mañana, como otras muchas, en el Colegio de Abogados. Esta vez era diferente porque él era en esta ocasión el investigado. Así que a cuentagotas se iban acercando compañeros de profesión para mostrarle su apoyo. Entre ellos el abogado del sindicato Venia, procedente desde Galicia para defenderle. «Estaría bien ahora decir en Sala que estoy de huelga», reiteraba en tono jocoso este abogado antes de ataviarse la toga. Evidentemente, no fue así y la comparecencia se ha celebrado.

En la misma declaración ha sido el propio Roberto Hernández quien ha aportado el estatuto básico del abogado y del procurador del servicio público del turno de oficio. Todo ello para reiterar que la paralización del servicio del turno de oficio que llevan desde finales de 2023 no solo es por motivos económicos. «Es mucho más», recalca el investigado.

«Si me toca asistir a una persona, por ejemplo, en Peñafiel y tengo un accidente, estoy desamparado», agrega antes de entrar a declarar sobre una de las miles de reivindicaciones que llevan reclamando durante más de un año.

Solicitan desde entonces mejores condiciones laborales como la actualización de las retribuciones, congeladas desde hace más de cinco años. Condiciones precarias y sin desconexión digital, reiteran. A eso añaden, también la incertidumbre del futuro de las pensiones. Una situación especialmente compleja para aquellos que comenzaron a ejercer antes del 1996, cuando no existía la posibilidad de cotizar como autónomos y se veían obligados a contratar una mutualidad, que ahora les reportaría una pensión «de 400 o 500 euros». Por eso, piden una «pasarela al Reta» que les permita llevarse esas cotizaciones a la Seguridad Social.

De todo esto se habló antes y después de la declaración de Roberto Hernández ante la jueza. Porque, una vez más, una treintena de abogados del turno de oficio se concentraron en las puertas de la sede judicial de la calle Angustias para exponer sus motivos. En esta ocasión, con especial apoyo al letrado investigado. De hecho, todos los asistentes, además de portar la pancarta de reivindicaciones, llevaban folios con un mensaje de apoyo a su compañero. «Todos somos Roberto», se podía leer.

Porque Roberto desde que se inició su investigación se ha convertido, sin protagonismo, en la cabeza visible del movimiento por su particular investigación por un presunto delito de desobediencia al ausentarse para defender a un presunto ladrón en un juicio que aún no se ha celebrado. Esa «desobediencia» podría conllevar una posible inhabilitación, lo que podría suponer que dejara de ejercer a sus 58 años.

El juzgado que dedujo testimonio por la ausencia de Roberto Hernández siempre ha alegado que el derecho a la huelga «no es causa legal de suspensión de una vista». «No se puede obviar que, según nuestra Audiencia, no es causa legal justificada para una suspensión», reflejaba una de las últimas providencias.

A los tres señalamientos acudieron el acusado y los testigos, a quienes cada suspensión «causa un comprensible perjuicio». «Además, la oficina de este juzgado ha invertido medios materiales y humanos para que la vista se pudiera celebrar en cada uno de los señalamientos, viéndose obligada a repetir el trabajo ya realizado en vez de avanzar en otros procedimientos».

La deducción de testimonio la tomó el juzgado ante la posibilidad de que ante un nuevo señalamiento el letrado se ausentara de nuevo al mantener su tesis. «En coherencia, debe asumir las consecuencias de la misma con la deducción del testimonio», concluía el juzgado.