La Abogacía del Estado pide a los tribunales la paralización de la remunicipalización del agua

La ofensiva judicial contra el proceso de remunicipalización del servicio de agua en Valladolid se recrudece. Tras el recurso interpuesto por la concesionaria, la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Hacienda, la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) y la Asociación Española de Empresas Gestoras del Agua Urbana (AGA) han presentado otros tres pleitos para intentar frenar el proceso de gestión directa del servicio por parte del nuevo ente público creado por el Consistorio.

En el caso del presentado por el Gobierno central, aún no ha llegado el escrito, aunque fuentes municipales avanzaron que su argumento principal se basaría en la posible conculcación de la tasa de reposición de efectivos, que limita la creación de plazas públicas a las Administraciones. La intención del Ayuntamiento de subrogar a los 159 trabajadores de la actual concesionaria rompería ese límite, según entendería el departamento que gestiona Cristóbal Montoro, que ha solicitado la suspensión cautelar del proceso, al igual que Aguas de Valladolid.

La CVE, por su parte, subraya que «una vez agotada la vía de diálogo», se ha visto «obligada» a acudir a los tribunales por considerar que el «régimen de monopolio» que genera la nueva fórmula resulta perjudicial para los intereses particulares y públicos, además de recordar que esta organización siempre ha sido partidaria de la gestión privada de los servicios públicos porque «se ha demostrado que es la forma más eficiente». Según desgranó la presidenta de la CVE, Ángela de Miguel, la decisión del equipo de gobierno «perjudica gravemente» a las empresas que se dedican a ofrecer este servicio.

Además, considera que el sistema es perjudicial para los derechos e intereses de los empleados. Argumenta que la subrogación, según el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, «constituye un fraude a los principios de igualdad, mérito y capacidad», además de suponer «una infracción directa de las normas que limitan el acceso al empleo público y el crecimiento de la masa salarial, que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado».

«Aunque esta vía de acceso fuese posible añade coloca a los empleados en la situación de indefinidos no fijos, categoría que por su propia naturaleza es precaria e inexistente». Asimismo, augura que la nueva empresa pública «afectará de manera negativa al déficit y el endeudamiento del Ayuntamiento». Del recurso de AGA aún se desconocen los términos, aunque se espera que sean similares a los manejados por la actual concesionaria.

La concejala María Sánchez confía en que el proceso seguirá adelante a pesar de esta ofensiva, porque la decisión se ha tomado con el respaldo de informes técnicos y jurídicos «solventes». La responsable del área llamó la atención sobre que el Ministerio de Hacienda «trabaje más en defensa de los intereses privados que de los de los ayuntamientos», al tiempo que recordó que la decisión se ha tomado de forma democrática, en representación de la ciudadanía y se debe respetar la autonomía municipal. «Se está utilizando a Valladolid para intentar amedrentar a otras ciudades que quieren recuperar el servicio del agua», consideró la edil.

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