Los integradores sociales piden una salida laboral ante la ausencia de categoría propia

Instruirse para un puesto de trabajo que no existe. En eso podría resumirse la situación de los integradores sociales de Castilla y León. Con matices, eso sí.

Hace veinte años ya que la Formación Profesional (FP)impartida en la Comunidad acogía esta titulación, que contempla hasta 26 ocupaciones diferentes en la información que facilita el portal educativo de la Junta. Sin embargo, una vez aprobadas las 2.000 horas lectivas que comprende el itinerario, los técnicos que encuentran empleo se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Dónde surge el problema? Según los miembros de la Asociación Profesional de Integradores Sociales de Valladolid (APISVA), de la ausencia de una categoría profesional en el Convenio para personal laboral de la Comunidad.

Esa es, precisamente, la batalla en que se halla inmersa la entidad desde su nacimiento, que se remonta a diciembre de 2014. Una categoría propia supondría que, en lo relativo a determinados puestos, se priorizara su titulación frente a otras menos especializadas.

«¿Qué ocurre? Que, si crean la categoría, deben crear también los puestos de trabajo. Es decir, tienen que invertir dinero y ahora no quieren gastarse ni un duro más de lo establecido», explica Roberto Sáez, presidente de APISVA. Un cambio «necesario» para ellos, aunque se produjera de forma paulatina: «Nosotros tampoco pedimos que, de repente, haya 200 plazas de integradores, pero sí consideramos necesaria la categoría profesional para encontrar un puesto de lo nuestro».

Desde la institución autonómica, que también alude a los motivos pecuniarios, la posición es tajante. «Una categoría profesional no se crea, pero podemos meterlos dentro de una de las que ya existen. Si hay dinero, es para mejorar todos los puestos de trabajo, no solo los de un colectivo determinado. Además, en la Administración no tenemos demanda de integradores, está atendida con profesionales muy diferentes», explica Marta López de la Cuesta, viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, quien avisa: «Si creamos la categoría y no los puestos, sería una estafa».

Esa vía intermedia, la apertura de otras categorías, es la que propusieron a los portavoces de los integradores en una de las tres reuniones que han mantenido. «Nos han ofrecido tener prioridad en categorías cuyas funciones podemos realizar por nuestra capacitación profesional, como la de auxiliar técnico educativo», comentan desde la entidad. Una medida «insuficiente» para ellos y que ni siquiera ha llegado a concretarse por el retraso de la negociación colectiva. «Podíamos estudiar abrirlas, pero no hay recursos para el convenio. Llegamos a un acuerdo con el resto de implicados para prorrogar la negociación. Hemos consensuado que el actual, que data de 2013, se mantenga vigente hasta el 1 de enero de 2018. Luego, que se prorrogue o no depende de las partes», relata López de la Cuesta.

La viceconsejera recuerda, asimismo, que «es una situación que ocurre con otros cuerpos. Realmente, ellos no tienen cerrado acceder a la Administración, pueden optar a las plazas del Grupo III». Un grupo que, desde APISVA, califican como «completamente chapucero». «Para acceder a esos puestos puedes tener Bachillerato, un ciclo formativo cualquiera... No definen nada», comenta Isabel Gómez, vicepresidenta de la agrupación. En definitiva: han estudiado para un puesto específico que no existe y, si deciden optar a ciertas funciones en las que son especialistas, podrían hacerlo de igual modo con una formación genérica o en otros cometidos.

«Nos han dejado claro que nos olvidemos de trabajar como funcionarios», sintetiza Gómez. Pero el problema no se queda ahí. «Muchas entidades privadas contratan a través de conciertos con la Administración. Es decir, al subcontratar, quien marca la normativa es la Administración pública. Si no reconoce nuestra figura, tampoco podemos trabajar en ellas», expone Sáez.

¿Qué alternativas les quedan? Los cabezas de APISVA las reducen a tres: trabajar de otra cosa, emigrar a otras autónomías en las que la profesión esté reconocida y tenga salidas o comenzar a estudiar en la universidad. «Te quedas con la sensación de que has tirado dos años de tu vida estudiando algo que, luego, realmente, tampoco te va a servir para nada. Para eso, puedes salir directamente desde Bachillerato [es una de las vías de acceso a los grados superiores] y meterte en la universidad, hacer Trabajo o Educación Social. Nosotros reivindicamos que queremos ser integradores sociales, no trabajadores o educadores porque son figuras diferentes», manifiestan.

Una inversión estéril

El trastorno no solo lo sufren ellos, también los contribuyentes. «Lo que no tiene sentido es que ofrezcan una titulación que no tenga salida. Es tirar el dinero», apunta Sáez. Y es que, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, el gasto en Educación Superior no universitaria ascendía hasta los 6.467 euros por alumno y curso en el año 2012. Desde el ejercicio 2011-2012, 1.261 personas se han matriculado en alguno de los dos cursos de este Grado Superior, lo que conlleva un desembolso público de algo más de 8 millones de euros hasta el pasado año académico, 2015-2016 (extrapolando el coste medio de 2012, puesto que no se han facilitado los números baremados para cada curso). En el caso de Valladolid, los 767 estudiantes que suma desde entonces apuntan a un gasto de casi 5 millones. Y cabe recordar que esta FP comenzó a impartirse mucho antes, en 1995, por lo que el importe se acrecentaría significativamente.

Un coste que se ha traducido en más de 3.000 integradores sociales titulados según baraja la asociación, ya que no se han suministrado cifras oficiales que, en su mayoría, no encuentran salida a sus dos años de formación. APISVA no conoce a ningún integrador que esté trabajando como asalariado en la provincia. «Te pueden contratar, pero realizando otro tipo de funciones, como las de administrativo. Solo conocemos a una persona que trabaje aquí de esto y es gracias a una subvención que consiguió para financiar un proyecto concreto»,aclaran.

Potencial en la región

Una pérdida no solo económica, sino también de servicio social. «Nosotros podemos hacer una labor muy buena en Castilla y León, que tiene bastantes problemas de integración social, como en lo referido a las personas mayores. También en Valladolid se ha demostrado que hay colegios donde esta figura haría un trabajo estupendo», defiende el presidente de la entidad.

No en vano, el Procurador del Común de Castilla y León les dio la razón en febrero de 2015. En su resolución, además de tildar de «muy relevante» la actividad de los integradores sociales, indicaba que «en las distintas Administraciones de la comunidad de Castilla y León no se ha aprovechado la singularidad de las competencias que están llamadas a desarrollar dichos técnicos, a pesar de estar muy vinculados con los servicios de ámbito personal y comunitario que deben presentar esas Administraciones».

Por eso no piensan dejar de luchar. «Desde el primer día nos empezamos a mover y, en año y medio, hemos conseguido bastantes cosas de la nada», mantienen. Los encuentros cosechados parecen darles la razón: se han reunido con todos los partidos políticos del arco parlamentario y diferentes sindicatos, además de hacerlo en varias ocasiones con Educación, Servicios Sociales y Función Pública. También han recogido 7.000 firmas a través de Twitter y conseguido que Podemos planteara una Proposición No de Ley en las Cortes reivindicando esa ansiada categoría profesional.

Y la lista continúa con charlas y encuentros. Porque las empresas privadas también están en su punto de mira. El objetivo: que se familiaricen con su figura. «Hemos llegado a la conclusión de que no hay mala fe, no es que no nos quieran contratar, es que no nos conocen; ni en las propias instituciones».

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