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J. Asua
Martes, 27 de septiembre 2016, 14:04
El orden del día no invita al optimismo, aunque la esperanza es lo último que se pierde. La Sociedad Valladolid Alta Velocidad celebrará mañana un consejo de administración decisivo para el futuro de la operación del soterramiento. Antes, hoy mismo, el alcalde viaja a Madrid, acompañado por los concejales Antonio Gato y Manuel Saravia, para intentar desbloquear la situación con el Ministerio de Fomento.
En el Ayuntamiento prefieren no adelantar acontecimientos sobre en qué desembocará la reunión del órgano de dirección de Alta Velocidad, aunque el primer punto es el análisis de las consecuencias de la anulación del aval municipal al crédito que rubricó León de la Riva y el posible inicio de acciones legales contra el Consistorio por esta decisión. Adif y Renfe han promovido la inclusión de este asunto en una reunión en la que se debatirá también cómo afrontar el pago de los nueve millones de intereses que se han sumado por la prórroga de seis meses que concedieron los bancos para el pago de la primera amortización y que vence este próximo viernes.
Este montante, generado desde el pasado 1 de abril y hasta el próximo 30 septiembre, se acumula a los 114,9 millones de euros de beneficios por comisiones e intereses que las entidades financieras se han apuntado desde febrero de 2011, fecha de la firma del crédito, hasta el pasado 31 de marzo, cuando se logró una novación para aplazar los primeros abonos. Hasta el momento, los intereses se habían ido acumulando al principal de la deuda, pero en esta ocasión los socios de Madrid quieren tratarlo por separado, según explicaron ayer fuentes municipales.
El consejo, que se celebra dos días antes de la reunión clave en la que los bancos pedirán cuentas sobre el préstamo de 400 millones de euros, analizará también la propuesta del equipo de gobierno municipal para que Renfe y Adif salden la deuda con las entidades y luego se lo cobren con la venta de suelos.
El planteamiento municipal es tajante. De la obra realizada hasta el momento se han beneficiado ambos entes, tanto por la construcción de los talleres del Páramo de San Isidro como por las intervenciones realizadas en el canal ferroviario. La solución al problema, sostienen en el Consistorio, la tienen ambas empresas del Ministerio de Fomento. Desde el Gobierno central insisten en que las actuaciones estaban incluidas en el convenio firmado en 2002, también por el Ayuntamiento, y que eran previas y obligatorias para construir el túnel urbano.
El único asunto que llega con un acuerdo previo al consejo de administración de Alta Velocidad es el de la autorización provisional para la ocupación y uso de los nuevos talleres de Renfe, que permitirá el inicio de la mudanza desde las instalaciones de Farnesio, aunque el traslado siga pendiente de las cabinas de pintura para los trenes, asunto que ha judicializado la empresa suministradora, ITK.
La intención de la reunión de hoy entre el alcalde y los máximos responsables del Ministerio de Fomento sería allanar las diferencias que en este momento enfrentan a los socios para que de la reunión de mañana pueda salir algún acuerdo que no sea la liquidación de la sociedad y, con ella, el punto y final al proyecto de sutura urbana.
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