Javier León declarará como investigado el 22 de noviembre por avalar un crédito de 100 millones

Javier León de la Riva ha sido citado a declarar como investigado por el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid el 22 de noviembre, a las 10:00 horas, por el aval de un crédito de 100 millones de euros para el proyecto del soterramiento. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado José Luis Ruiz Romero, acordó recientemente revocar el sobreseimiento de la causa penal abierta contra el exalcalde de Valladolid por la firma de la carta de conformidad ('comfort letter') al crédito del soterramiento, que rubricó en 2011 con las entidades que financian la operación como garantía municipal de pago del contrato de préstamo.

La sala ordenó tomar declaración al veterano político en calidad de investigado (figura que ha sustituido a la de imputado) «para que pueda dar las explicaciones que considere oportunas» y mandó citar también a quienes ejercían los cargos de interventor municipal y de secretario general del Ayuntamiento en aquel momento para que aporten su versión en calidad de testigos. Este aval, que fue anulado por el pleno del Ayuntamiento el pasado 1 de septiembre, comprometía a las arcas municipales en 100 millones de euros el 25% del crédito de 400 en el caso de que la operación no saliera adelante.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid había decretado, el pasado mes de junio, el archivo provisional de este asunto al entender que debía ser la jurisdicción administrativa o contencioso-administrativa la que debía resolver sobre la validez o no del acto realizado y que ha dado lugar a la denuncia formulada por el equipo de gobierno que preside el socialista Óscar Puente. Es ahora este mismo juzgado el que ha citado a declarar al exalcalde el próximo 22 de noviembre.

Terceras personas

En el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia se ordena a la titular de ese juzgado practicar diligencias al apreciar indicios de un posible delito de prevaricación y otro de falsedad por haber rubricado ese aval sin haber seguido los procedimientos legalmente establecidos, tal y como dictaminó el Consejo Consultivo de Castilla y León el pasado mes de agosto. «El firmante de la carta de conformidad carecía de competencia para ello y su formalización se efectuó sin seguir el procedimiento legalmente establecido e incumpliendo las medidas extraordinarias en materia económico financiera para la reducción del déficit público establecidas para las entidades locales», determinó el órgano que revisa la legalidad de las actuaciones de las Administraciones Públicas de la comunidad.

Respecto a la falsedad, el auto destaca el punto número 4 de la 'comfort letter' en el que se lee que esa firma se llevó a cabo con todas las autorizaciones, acuerdos y consentimientos necesarios para su válido otorgamiento, algo que se habría demostrado incierto, según recogen los informes de las más altas instancias municipales.

Tanto la Fiscalía como el propio Ayuntamiento habían presentado un recurso contra el archivo provisional. La Audiencia Provincial subraya que en los documentos emitidos por la Intervención del Ayuntamiento y la Secretaría General del Consistorio se manifiesta el desconocimiento de dicha carta de compromiso y, por ello, considera que habrá que investigar también «la participación o no de terceras personas» en la firma de dicho aval.

Aquí se abre una nueva veta en este caso, ya que en sus alegaciones durante el proceso de anulación del documento, el exalcalde insistió en que él no puede revisar todo lo que firma. Se fía del concejal delegado del área en aquel momento el exedil de Hacienda Alfredo Blanco, dijo, y de los técnicos que le asisten. El nombre de Blanco ha saltado en numerosas ocasiones en los últimos debates municipales sobre este asunto, aunque él mismo ha intentado dejar claro que no tuvo ninguna responsabilidad en la elección del procedimiento para rubricar la 'comfort letter'.