Los empresarios de Valladolid se revuelven contra la subida de impuestos

Estaba cantado. No ha gustado. Nada de nada. La Confederación de Vallisoletana de Empresarios (LCVE) rechazó ayer de forma tajante la intención del equipo de gobierno de incrementar los tributos del IAE y el IBI a las grandes compañías que se asientan en Valladolid y que tienen instalaciones o registran facturaciones con un valor superior al millón de euros. La máxima responsable de la organización, Ángela de Miguel, considera que esta subida «inédita» del 3% en el Impuesto de Actividades Económicas y de entre el 7% y 10% en el de Bienes Inmuebles supone un «golpe importante» para las sociedades que generan empleo y «lanza un mensaje muy negativo para el asentamiento de nuevas empresas en la ciudad». Para la CVE este tipo de decisiones «políticas» solo suponen un «castigo» para quienes día a día mantienen y generan trabajo en la ciudad y a quienes en un futuro puedan plantearse hacerlo.

La organización reclama al equipo de gobierno que antes de llevar a término esta subida de impuestos, «al menos consulte previamente sus consecuencias con los representantes de los empresarios de Valladolid». De Miguel calificó de «erróneo» el «mantra» de que paguen más los que más tienen, que manejan en el ejecutivo local, porque, aseguró, el empresariado «reinvierte en la actividad y redistribuye la riqueza entre los trabajadores». «La mejor política social es la creación de empleo», remachó. La presidenta auguró que si el incremento toma forma las firmas que estén pensando instalarse en Valladolid lo harán en otras ciudades del entorno donde se mantenga «una política de contención fiscal».

«Todo hace indicar que este va a ser uno de los primeros peajes que vamos a pagar los vallisoletanos por la decisión del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de remunicipalizar el servicio del agua; en un futuro veremos también qué consecuencias tiene en el precio final que paguemos y en su calidad. No hay que olvidar que el Ayuntamiento dejará de ingresar en 2017 un total 3,5 millones de euros procedentes del canon que percibía de la concesionaria», recuerdan en la CVE.

El PP también reaccionó ayer a los planes del gobierno local. «Puente entra en el llamado círculo vicioso de la economía, ya que al subir el gasto público, suben los impuestos a las empresas y a los vecinos. Las empresas prefieren no instalarse en Valladolid en comparación con otras ciudades, o las que están, se deslocalizan buscando mejores condiciones. Eso destruye puestos de trabajo y los parados se desplazan a otras municipios buscando solución. De este modo, Valladolid pierde población que deja de pagar impuestos en la ciudad, por lo que la recaudación baja», argumentaron ayer. Los populares consideran que esta decisión llega «en mal momento», cuando la actividad empresarial en Valladolid se frena, como lo demuestran los anuncios de cierre de Lauki y Dulciora y donde, en principio, no se está viendo una política municipal de apoyo a la llegada de nuevas inversiones».

La portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, aseguró que el incremento está «totalmente fuera de lugar» y «choca frontalmente con la actitud de apoyo absoluto a la permanencia de Lauki y Dulciora». «¿Cómo vamos a pretender que ambas empresas sigan en nuestra ciudad si les imponemos una subida de impuestos? Con medidas de este tipo lo único que conseguimos es ahuyentar a las empresas para que no se instalen en Valladolid, lo que tiene como consecuencia la pérdida de empleos», apuntaló la concejal de la formación naranja en el Consistorio.

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