Envenenados por el aceite maldito

Para la familia Vaquero Sanz, de Torrejón de Ardoz, aquel 1 de mayo de 1981 no fue vivido ni mucho menos como la fiesta del trabajo. Más bien, todo lo contrario. La tragedia sobrevino al caer la tarde, cuando, de súbito, el pequeño Jaime comenzó a sufrir una insuficiencia respiratoria aguda. Tenía 8 años. Sin explicación alguna le habían salido manchas rojas en la piel, se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, la fiebre oscilaba entre los 38 y 39 grados y el malestar general no aminoraba. Aquel día, el pequeño Jaime no pudo llegar con vida al hospital. 24 horas más tarde, otras siete personas ingresaban con síntomas parecidos, entre ellas sus tres hermanos. Y tres días después, sus padres.

Aunque los médicos trataban de silenciar la proliferación de casos con un cuadro clínico poco común y cuya causa desconocían, la alarma no tardó en saltar. La enfermedad se expandía de forma incontrolada, los rumores recorrían Madrid y las autoridades sanitarias comenzaban a hablar de una «neumonía atípica» para calificar la extraña epidemia. 35 años después, aquella tragedia, que terminaría siendo conocida como la de «la colza» o «del síndrome tóxico», sigue muy presente en miles de familias españolas, fundamentalmente de clase media-baja, puesto que fueron las más afectadas. La capital del Pisuerga cobró especial protagonismo en aquel suceso, una auténtica catástrofe sanitaria que marcó de lleno el verano de 1981.

Así lo refrendaba el Norte de Castilla en su edición del 14 de mayo: «Ayer Valladolid quedó incorporada a la inquietante geografía de la enfermedad», rezaba el inquietante titular. Y era cierto: junto a una vecina de Cuéllar, ingresada en la Residencia Sanitaria Onésimo Redondo (hoy Hospital Río Hortega), aquel día figuraban ya cuatro enfermos de Campaspero, uno más en Mota del Marqués y otros en Carpio; en total, 14 afectados de Valladolid por la desconocida «neumonía atípica». Ya entonces, el número de casos en toda España ascendía a 322 y la enfermedad se había extendido también a Ávila, Segovia, León y Palencia. 24 horas más tarde, el número de enfermos ingresados ya sumaba 600.

Lo cierto es que el contexto ayudaba poco: tres meses después del fallido golpe de Estado del 23-F, el régimen parlamentario aún se estaba asentando y nuestro país carecía de un sistema sanitario y de protección social de carácter universal, de ahí que el gobierno tardara varios meses en impulsar una estrategia nacional que coordinara la investigación de la enfermedad y la asistencia a los afectados, conocida como Plan Nacional del Síndrome Tóxico. De igual manera, la Administración carecía de los recursos suficientes para regular la venta ambulante de alimentos. La secuencia de los hechos da cuenta, en efecto, del clima de caos y pánico que se vivió aquel verano de 1981.

Ya el 21 de mayo, ante la creciente alarma ciudadana, el entonces ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, criticaba «el ambiente de psicosis que se ha creado», aseguraba que el agente causante «es un microplasma y afirmar otra cosa carece de base científica», y aventuraba una disminución de los casos de «neumonía atípica». Pero no fue así. Si aquel mismo día se contabilizaban 67 hospitalizados en Valladolid a causa de la enfermedad, antes de finalizar el mes ya eran 146. La ciudad del Pisuerga era la segunda provincia española, detrás de Madrid, con mayor número de casos registrados.

Aceite adulterado

Fue el 10 de junio cuando el Gobierno demostró la relación de la epidemia con la ingesta de aceite de colza desnaturalizado con anilina para uso industrial y posteriormente refinado fraudulentamente con objeto de venderlo como alimento. Ese mismo día, el ejecutivo alertó en la prensa del consumo de aceites sin marca vendidos en garrafas de cinco litros. La portada de El Norte de Castilla del 12 de junio de 1981 destacaba, precisamente, que «el aceite a granel podría haber provocado la neumonía atípica (). Este aceite adulterado se vende en garrafas de cinco litros, de plástico, y sin marca y sin haber pasado por el registro nacional de Sanidad». Inmediatamente se aceleró la investigación para localizar puntos de venta de aceite en condiciones ilegales, resultado de la cual fue la incautación, en la vallisoletana calle Avutarda, perteneciente al barrio de los Pajarillos, de 8.760 litros de aceite procedente de Alcorcón y que se distribuía en Valladolid, Palencia, León y Zamora.

A finales de mes, el Centro de Alimentos y Nutrición del Ministerio de Sanidad confirmaba que lo decomisado en los Pajarillos contenía aceite de colza desnaturalizado y anilinas tóxicas; esos 8.760 litros formaban parte de los más de 152.000 incautados en toda España, concretamente en Valladolid, Ávila, Alicante, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Granada, Guadalajara, León, Rioja, Navarra, Salamanca, Soria, Vizcaya y Zaragoza.

Entretanto, el número de hospitalizados en la ciudad continuaba creciendo hasta proporciones alarmantes: los 185 ingresados a principios de junio ya eran 314 a mediados de mes, el máximo registrado en todo el proceso. Cuando a principios de julio de 1981 El Norte de Castilla informaba de que en toda la provincia se habían recogido 120.000 litros de aceite sospechoso, la cifra de fallecidos a causa de la enfermedad ya era de 7 personas.

Para que no quedara alguna duda, a finales ese mismo mes, la Dirección General de Salud difundía una nota en la que, según los análisis realizados, quedaba «demostrada la asociación entre la neumonía atípica y el consumo de determinados tipos de aceite conteniendo productos tóxicos».

Mientras tanto, los afectados y sus familiares no ahorraban críticas contra las «medidas insuficientes» acometidas por la Administración, al tiempo de demandaban una mayor coordinación de las investigaciones y, sobre todo, que se les hiciera justicia, también en el plano económico. Se sentían abandonados por los poderes públicos, indefensos y desinformados en todo momento.

Para aglutinar esfuerzos, a principios de septiembre de 1981 se creó la Asociación de Afectados por el Síndrome Tóxico, promovida por José Centeno y Teodoro Cerrato con objeto de exigir «resonsabilidades penales y administrativas al Gobierno» e indemnizaciones económicas. En ese momento, la cifra de afectados en la provincia de Valladolid ascendía ya a 1.031; además, 13 personas habían fallecido a causa de la enfermedad.

La primera asamblea celebrada por la Asociación de Afectados, el 8 de octubre de 1981, recogió demandas acuciantes y duras críticas contra los poderes públicos. Las más de 400 personas que ese día acudieron al Polideportivo Huerta del Rey coincidieron en denunciar las insuficientes medidas adoptadas por la Administración, reclamaron un mayor impulso investigador capaz de hallar un medicamento «que nos pueda curar y ponga fin a esto», y no olvidaron las peticiones de auxilio económico.

Sin embargo, el llamado «juicio de la colza» no comenzaría hasta el 30 de marzo de 1987, en una sala habilitada en la Casa de Campo de Madrid. Dos años después, el 19 de mayo de 1989, el Tribunal de la Audiencia Nacional consideraba probado que el aceite de colza desnaturalizado había sido la causa de la enfermedad, con lo que descartaba hipótesis alternativas como la de los pesticidas organofosforados o la que hablaba de un accidente químico en la base de Torrejón de Ardoz. «Sin el añadido de las anilinas, no habría surgido el agente tóxico, todavía desconocido», concluía. La Justicia probó que la empresa aceitera de San Sebastián RAPSA importó desde Francia grandes cantidades de aceite de colza desnaturalizado con anilina al 2% para usos industriales, y que desde finales de 1980 dicha empresa lo vendió a la aceitera RAELCA, S.A., de Alcorcón, que a su vez lo envío a las refinerías ITH (Sevilla) y Danesa Bau S.A. (Madrid) con objeto de eliminar las anilinas y destinarlo al consumo humano.

Las 13 condenas y 25 absoluciones decretadas por los jueces fueron recibidas como una afrenta entre las víctimas, pues el tribunal consideró que no hubo homicidios sino delito contra la salud pública, imprudencia temeraria y profesional y delito de estafa. En 1992, el Tribunal Supremo revisó la sentencia y amplió las penas impuestas por la Audiencia. Por su parte, el llamado sumario de los altos cargos (1996), desglosado del de la colza y en el que se depuraron las posibles responsabilidades de la Administración, concluiría con penas de seis meses de prisión para dos procesados: el director del Laboratorio Central de Aduanas, y un funcionario.

Aunque el baile de cifras sigue siendo constante, datos oficiales recogen un total de 20.084 afectados y más de 350 fallecidos por causas directamente relacionadas con el síndrome, si bien otros datos hablan de 1.799 fallecidos hasta 1995. Valladolid, la segunda provincia española más afectada después de Madrid, registró 1.468 casos y 261 fallecidos. Las indemnizaciones, que comenzaron a cobrarse en 1999, no se darían por completadas hasta junio de 2005.