No es erosión, son disparos

«Durante todo el día de ayer, el lujo de precauciones fue grande, a la par que el nerviosismo», rezaba la crónica de este diario en la primera plana del 19 de julio de 1936, al día siguiente de que «una subversión militar se extendiera desde nuestro Protectorado de África» y alcanzara de lleno a la capital vallisoletana, en la que «todas las fuerzas de Seguridad, Asalto, Guardia Civil y Ejército se sumaron unánimemente al movimiento y, alentadas por la acción ciudadana, ocuparan todos los centros oficiales». Todos salvo uno, la Casa Consistorial, que amaneció aquel domingo, día 19 de julio, asediada por los militares y las milicias falangistas equipados con sus mauser, el fusil de asalto alemán más extendido en la época. Había estallado la Guerra Civil y el último símbolo de la república, el Ayuntamiento, caería en apenas unos minutos, una vez superada la débil resistencia que ofrecieron un reducto de policías locales, funcionarios y bomberos.

El propio alcalde, Antonio García Quintana, el último socialista que tuvo en sus manos el bastón de mando municipal hasta la restauración de la democracia, dio la orden de evacuar el edificio por las puertas traseras después de que los sublevados «acribillaran a balazos la fachada desde la Plaza Mayor», según relata Julio del Olmo, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), quien desvela que la fachada de la Casa Consistorial aún luce 53 desconocidos impactos de bala concentrados, sobre todo, en torno a la ventana del aún despacho del alcalde situado en la primera planta del lateral derecho. Los ladrillos desconchados y los agujeritos en la piedra sobreviven al paso de los años como testigos mudos de la simbólica caída del último vestigio republicano al día siguiente del alzamiento nacional.

Los disparos «indispensables»

Aquella mañana, según recoge la crónica ya de dos días después el lunes no había periódico, «se conocieron paulatinamente detalles de la entrega de la Casa Consistorial y, poco antes del mediodía, algunos grupos de curiosos desfilaban por delante de la fachada con objeto de contemplar los destrozos causados, que fueron mínimos, y no más que los indispensables para tomar el edificio».

El movimiento nacional, encabezado por el general Francisco Franco, había triunfado en Valladolid y en la ciudad, «en un ambiente de normalidad ciudadana, se exterioriza de modo desbordante el entusiasmo del pueblo y los vallisoletanos confraternizan con las fuerzas triunfadoras al grito de ¡Viva España!».

Pero, ¿qué fue del depuesto alcalde socialista? Pues Antonio García Quintana, cuyo nombre luce hoy el colegio de la plaza de España, había logrado refugiarse en su domicilio de la calle Teresa Gil y, días después, al parecer, «vestido de mujer», consiguió llegar a la casa de su hermana en la calle Licenciado Vidriera entre Miguel Íscar y Claudio Moyano. Allí, fruto de una amiga de la familia que le delató, fue apresado finalmente el 24 de febrero de 1937. Apenas tres meses después, el 11 de mayo, a las 10:30 horas, se reunió «en el salón de sesiones del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad el actual salón de plenos el consejo de guerra ordinario de plaza para ver y fallar en juicio sumarísimo la causa 229 de 1937, instruida contra el paisano Antonio García Quintana, por el delito de rebelión militar», reflejaba literalmente la nota oficial difundida en el diario aquel mismo día.

La suerte del regidor socialista, cuyo único delito, en realidad, fue duplicar con creces el número de centros escolares de la ciudad (de 59 a 127 en dos años), estaba echada. «Fue condenado a muerte, claro, y ejecutado en solitario el único honor que recibió en el paredón de las graveras de San Isidro bajo la actual ermita el 8 de octubre de 1937», añade el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica.

Su antecesor en el cargo, Federico Landrove Moiño (dimitió en 1932 en favor de Antonio García Quintana), corrió una suerte similar y fue apresado, junto a su hijo, un conocido abogado, Federico Landrove López, en el domicilio de unos amigos de la familia en el número 86 del Paseo de Zorrilla el 3 de agosto de 1936. El primero fue condenado a treinta años de reclusión mayor y el segundo, fusilado. La muerte dos años después del primer regidor republicano, que falleció el 6 de junio de 1938 fruto de una enfermedad en el hospital penitenciario de Segovia, borraría para siempre, al menos, durante la posterior dictadura, la memoria de la etapa republicana en la ciudad (1931-1936).

Hubo que esperar a la restauración de la democracia y a la llegada a la Alcaldía del primer regidor socialista, Tomás Rodríguez Bolaños (1979-1995) técnicamente el tercero del siglo XX, para que sus nombres volvieran a formar parte de la historia vallisoletana. Federico Landrove Moiño es el titular de una calle de Parquesol, un barrio impulsado en los años ochenta, y Antonio García Quintana da nombre al colegio de la plaza de España desde 1987. Las balas en la fachada del Ayuntamiento que ambos presidieron entre 1931 y 1936 dan fe de cómo el segundo fue destituido a tiros hoy hace ochenta años.