«Me cambia usted el nombre del pueblo ya»

2 de julio de 1916. La Gaceta de Madrid publica el real decreto del rey Alfonso XIII por el que 537 pueblos de toda España se vieron obligados a cambiar su nombre, dando luz verde a la reforma propuesta por la Real Sociedad Geográfica Española, elevada a la sanción por el entonces presidente del Gobierno, conde de Romanones. Se cumplen ahora cien años de aquel real decreto por el que aquellos pueblos vieron cómo su nombre se modificaba. Un cambio que la Real Sociedad Geográfica, tras «prolijo y meditado estudio», justificaba «a fin de que desaparezca la extraordinaria y lamentable confusión originada por el hecho de existir, entre los 9.266 ayuntamientos que constituyen la Nación, mas de 1.020 con idénticos nombres, y éstos sin calificativo ni aditamento alguno que los distinga».

En aquel número de la Gaceta de Madrid se expresaba que, en Valladolid, Almaraz pasaba a ser Almaraz de la Mota; Almenara, a Almenara de Adaja; Bocos, a Bocos de Duero; Corcos o Cohorcos, a Corcos; Montemayor, a Montemayor de Pililla; Peñaflor, a Peñaflor de Hornija; Santa Eufemia, a Santa Eufemia del Arroyo; Santovenia, a Santovenia del Pisuerga; Siete Iglesias, a Siete Iglesias de Trabancos; Torre de Esgueva o Torre Fombellida, a Torre de Esgueva; Trigueros, a Trigueros del Valle; La Unión, a La Unión de Campos; Valdenebro, a Valdenebro de los Valles; Villalba del Alcor, a Villalba de los Alcores; Villanueva de las Torres, a Nueva Villa de las Torres; Villarmentero, a Villarmentero de Esgueva; Villaverde, a Villaverde de Medina; y Villavieja, a Villavieja del Cerro. 18 pueblos de los que solo Almaraz de la Mota ha desaparecido.

Se trata de una de las más importantes modificaciones de la nomenclatura geográfica municipal acontecida en España, por el número de municipios afectados, por la intencionalidad del cambio, por los criterios utilizados y los cambios introducidos y por el grado de aceptación y evolución posterior de los nombres. La iniciativa supuso un proceso de concreción del nombre añadiendo un complemento para evitar repeticiones, facilitando su individualización e identificación.

En el añadido se buscó hacer referencia a circunstancias geográficas o históricas propias del entorno, buscando la mejor localización del lugar. En todo momento se buscó la unidad de criterio, el afectar al menor número de localidades y respetar el nombre de las poblaciones de mayor categoría administrativa y mayor número de habitantes. A rasgos generales los nombres utilizados para concretar y precisar los topónimos fueron: la provincia, la ciudad, la comarca, los ríos, los valles, los montes, otros accidentes físicos y humanos y referencias históricas.

A Manuel de Foronda y Aguilera, historiador y geógrafo, miembro de la junta directiva de la Real Sociedad Geográfica y posteriormente su presidente, se le debe la elaboración de la propuesta, para lo que utilizó la información de diccionarios, mapas, relaciones, censos y catastros, además de los datos obtenidos del Instituto Geográfico y Estadístico.

Para la reforma, la Sociedad Geográfica tuvo el informe favorable de las Direcciones Generales de Correos y Telégrafos, del Instituto a Geográfico y Estadístico, de los Registros Civil, de la Propiedad y del Notariado, de los Depósitos de la Guerra e Hidrográfico y de las Diputaciones Provinciales respectivas.

De las nuevas denominaciones se derivó, según casos, el grado de identificación con las gentes del lugar, así como su aceptación y pervivencia. No es de extrañar que municipios como Santa Eufemia del Arroyo ya se preparen para celebrar los cien años de su nuevo nombre.

Un verso de Jorge Luis Borges dice que «el nombre es arquetipo de las cosas». De esta manera es fácil suponer que los pueblos llevan en sus nombres su propia identidad, su historia, sus paisajes, sus gentes. Una identidad que, en 1916, muchos pueblos reafirmaron con su nuevo nombre.

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