El juez investigará el alquiler de dos naves de Samaniego al Ayuntamiento

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso del Ayuntamiento de Valladolid contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4, que rechazó incluir en la investigación del caso Samaniego el alquiler de dos naves, que pertenecían a empresas relacionadas con el exjefe de Mantenimiento, por parte del Servicio Municipal de Limpieza. El auto, de fecha 9 de junio y notificado ayer a las partes, revoca la decisión la instructora, Verónica María Marcos, de no sumar estos hechos a la causa principal la adjudicación de obras por valor de 11,2 millones de euros a empresas de la familia del funcionario ya jubilado y ordena que las nuevas revelaciones entren a formar parte de las pesquisas para determinar si hubo delito.

Fue el pasado mes de enero cuando el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, desveló, en una rueda de prensa convocada al efecto, que el anterior equipo de gobierno alquiló dos naves a una sociedad relacionada con Luis Alberto Samaniego Conde para almacenar vehículos y enseres del Servicio de Limpieza entre los años 2001 y 2007, unos locales por los que pagó en total unas rentas de 300.000 euros.

«Totalmente relacionados»

Ya entonces, el regidor informó de que trasladaría esos datos al juzgado que instruye la causa para que se incorporara a la investigación abierta. Pero Instrucción 4 lo desestimó al considerar que se trataba de hechos diferentes. El Ayuntamiento recurrió en reforma ante el propio juzgado y al decaer lo hizo en apelación, con el apoyo de la Fiscalía, ante la Audiencia Provincial.

Ahora ha llegado la respuesta. «Lo que está claro es que esta causa se inicia con la investigación de adjudicaciones de las que se beneficia Luis Alberto Samaniego Conde a través de varias empresas, presuntamente, en las que, además, participaban otras personas, y lo lógico es que, si se descubren otras adjudicaciones a empresas participadas por él, se investiguen en la misma causa y no es obstáculo alguno para ello que se tenga que ampliar la investigación a otras personas que ahora no estén en esa situación», subrayan los tres magistrados de la Sección Cuarta en el auto.

Además, destacan que «no cabe reprochar al Ayuntamiento» que entregara la documentación al juzgado cuando se trata de hechos nuevos, pero «totalmente relacionadas con la persona investigada, y que obedecen a la misma dinámica fáctica, ya que se trata de adjudicaciones de contratas públicas a empresas participadas por Luis Alberto Samaniego Conde».

Estas revelaciones provocaron un agrio enfrentamiento entre el alcalde y el portavoz del Partido Popular, Jesús Enríquez, al que Puente señaló como uno de los responsables de la decisión de alquilar las naves. El popular ha defendido en todo momento que él no firmó los contratos de arrendamiento, ya que aún no era edil. Tan solo rubricó alguna prórroga y lo hizo con los informes favorables de los técnicos. Enríquez requirió notarialmente al primer edil que rectificara «sus difamaciones», algo que Puente no ha hecho.