El PP lleva al alcalde al Procurador del Común por «vulnerar» sus derechos

La escalada en el enfrentamiento entre el PP municipal y el equipo de gobierno, en especial con el alcalde de Valladolid, sube otro peldaño. A la ofensiva abierta en los tribunales, con la presentación de una demanda por la rebaja en los salarios de los ediles sin exclusividad y las exigencias para justificar su trabajo dentro del Consistorio, se suma ahora un nuevo frente. La formación que preside José Antonio Martínez Bermejo registró ayer en las Cortes de Castilla y León una queja dirigida al Procurador del Común figura similar a la del defensor del pueblo pero en el ámbito autonómico en la que pide el amparo de la institución ante lo que considera una vulneración de los derechos políticos de sus doce co ncejales .

En el escrito, que ahora tendrá que ser admitido a trámite por Javier Amoedo, el principal partido de la oposición expone que el ejecutivo municipal «viene realizando acciones y omisiones que vulneran el libre ejercicio de los derechos políticos de los grupos de oposición democrática, de manera especial del PP, hasta el punto de impedir y obstruir su desenvolvimiento dentro del marco de actuación que le atribuyen las leyes, prácticas que podrían ser calificadas de falta de transparencia».

El documento, de seis páginas y que está apoyado por 16 anexos con cartas, informes y otros escritos, se desglosa en dos partes. Una, centrada propiamente en el equipo que dirige Óscar Puente, mientras que en la otra se pone de manifiesto la falta de respuesta de la Secretaría General del Ayuntamiento, cuyo máximo representante es Valentín Merino, ante sus peticiones.

En el primer bloque, el PP hace hincapié en el «incumplimiento reiterado de facilitar la información que legal y reglamentariamente está obligado a aportar a sus concejales». Y aquí pone tres ejemplos. El primero, la opacidad que, a su juicio, ha presidido toda la organización de la Fiesta de la Moto, el evento que sustituyó este mismo año a Pingüinos.

En el escrito, se relatan pormenorizadamente todas las peticiones de información para conocer cuánto dinero se ha invertido en esta cita y se aporta la relación de gastos que se facilitó desde el Área de Cultura, «una fotocopia recortada sin ningún dato de apoyo que validase los datos». Desde enero y hasta el pasado 3 de mayo esa es la única información de la que disponen , según denuncian, tras recordar que el 17 de marzo el propio alcalde les aseguraba que les haría llegar una información que era compleja porque varias áreas participaron en la organización.

Para el PP, el «ánimo de ocultación y demora en completar y trasladar la información es palmario, no solo por el tiempo transcurrido y los medios de los que se dispone para su dispensación, sino por la constancia de otros gastos producidos con ocasión de la Fiesta de la Moto puestos de manifiesto por órganos externos al propio gobierno municipal».Los populares se refieren a los 43.380 euros que se gestaron en señalización, según queda plasmado en una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León y que no se incluyeron en la factura que se facilitó.

Móviles y comedores

Recuerda también el escrito rubricado por Martínez Bermejo el sonado episodio de los teléfonos móviles, que algunos de sus concejales aún utilizaban después de su paso por el gobierno municipal. Tras recordar que, en «un gesto sin precedentes», Puente reclamó los terminales el 8 de octubre bajo la amenaza de una denuncia penal, el presidente del grupo subraya que entonces se pidió información sobre el inventario de estos aparatos en el Consistorio, unos datos que aún no les han facilitado. Solo en abril un edil del equipo ofreció esta información, pero de forma extraoficial. A día de hoy, el PP asegura no tener constancia de la información por vía directa, tal y como obliga la ley.

No podía faltar en esta queja el polémico asunto de los comedores escolares, que se abrieron en verano para atender los niños de familias sin recursos. El PP expone las numerosas reclamaciones de información que realizó el grupo para conocer todos los extremos de una contratación que, en su opinión, sigue levantando sospechas.

Bermejo destaca que tuvieron que transcurrir cuatro meses para recibir «informes a medias» y obligar, tras su petición en el pleno, a que el regidor ordenase elaborar un análisis a la Vicesecretaría en el que se argumentaba una figura la donación de trabajo de las empresas al Ayuntamiento «que no tiene precedentes en el ordenamiento jurídico español». Los populares lamentan que el equipo de gobierno despachase con este dictamen interno la polémica y no dejase que el contrato fuera fiscalizado por el Consejo Consultivo como ellos pretendían.

El último capitulo referido a las dificultades para acceder a la información se centra en la escritura de novación del crédito del soterramiento, que no les ha sido facilitado, como tampoco los informes de Intervención y Asesoría Jurídica que avalan esta prórroga suscrita con los prestamistas.

La queja al Procurador del Común dedica un capítulo a la polémica que generó la moción que rebajó las compensaciones económicas a los concejales sin dedicación exclusiva y que les impone una serie de obligaciones para justificar su labor política en el Consistorio. En este caso, el PP pone en entredicho la actitud del secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, por su rechazo a pronunciarse, en un primer momento, sobre la legalidad de esta medida, que el ejecutivo municipal sacó adelante en un pleno después de que los populares lograsen una reducción del sueldo de Óscar Puente.

Martínez Bermejo realiza una pormenorizada exposición de los hechos y de las negativas. Solo cuando el PP presentó un recurso, se elaboró un informe a petición de Óscar Puente, un documento que, para el PP, no atiende el análisis que ellos solicitaban. Reprochan en su queja a Amoedo la pasividad del primer edil a la hora proteger los derechos de los concejales. Este asunto está también en manos de los tribunales tras la demanda presentada por el principal partido de la oposición contra la decisión adoptada por el gobierno.