Odiar hasta matar

Eran las cuatro de la tarde del viernes 21 de enero de 1916 cuando aquel joven ordenanza de la Guardia Civil regresaba al Cuartel visiblemente azorado y pidiendo refuerzos. Había salido a pasear a caballo a pocos kilómetros de la capital vallisoletana, justo hasta el límite con Ciguñuela, cuando se enteró del sangriento episodio. Una terrible reyerta entre dos familias rivales había terminado como muchos se temían: a disparos, puñaladas y hachazos, con dos muertos que pronto serían tres- en plena Plaza Mayor y varios heridos graves.

Cuando poco después salieron hacia el pueblo varias fuerzas de la Benemérita al mando del capitán Flores y del teniente Ruiz Guerra, ya no había nada que hacer. La rivalidad entre los Llorente y los Mendiluce había teñido de sangre las céntricas calles de Ciguñuela, municipio que entonces contaba con cerca de 650 habitantes. El Norte de Castilla desplazó hasta allí a dos redactores, Velasco y Macón, mientras el gobernador civil interino, Gerardo Gavilanes, el comandante de la Guardia Civil y el juez de Guardia estudiaban el caso.

A primera hora de la noche, «los sangrientos sucesos de Ciguñuela» ya eran tema de conversación en corrillos, cafés y demás lugares de reunión. No era para menos: el relato de los hechos por parte del labrador Santiago Zurro a los periodistas de El Norte de Castilla era estremecedor.

Todo había ocurrido a las tres de la tarde, en plena Plaza Mayor, a raíz de la conversación entre Teodoro Gutiérrez Manzano, secretario del Juzgado Municipal, y el ganadero Dámaso García Zurro. Cuando éste le preguntó por el paradero del dinero procedente del expediente de pastos de la villa y aquél, en tono desabrido, apuntó a Aniceto Llorente, liquidador de las rentas de los pastos, como el único poseedor del mismo, se desató el vendaval.

Patricio Llorente, hijo de este último y secretario del Ayuntamiento, apareció de pronto en compañía del alcalde, Juan Crespo; aparte de los libros de actas llevaba, convenientemente escondida, una enorme navaja. Se acercó violento a Teodoro, le afeó que hablara mal de su padre y sacó el arma. Fue la primera sangre que corrió en la Plaza.

Acababa de desatarse una guerra a muerte. Por el lugar de la tragedia fueron desfilando los miembros más destacados de las dos familias rivales: Aniceto Llorente, hombre poderoso en el pueblo; Lázaro García, sobrino de éste y primo de Patricio; Juan Mendiluce, veterinario y juez municipal; Juan García Castaño, tío de Patricio y concejal; Osbaldo y Regino Mendiluce, hermanos del juez; Ángel Llorente hijo de Aniceto y hermano, por tanto, de Patricio Fue una batalla campal en toda regla.

Sobre todo después de que Juan Mendiluce Marinero, alertado por los gritos de Teodoro Gutiérrez, saliera a toda prisa del Consistorio para tratar de mediar y poner paz: sujetado por el alcalde, fue recibido con un disparo de escopeta y una lluvia de puñaladas que acabaría con su vida. Patricio, autor de los navajazos, se ensañó con él en el suelo. Cuando Juliana Crespo Redondo, entre sollozos y gritos, llegó al lugar exacto en el que agonizaba su marido, apenas pudo hacer otra cosa que chapotear en un charco de sangre antes de desmayarse. Tampoco la cuñada de Juan, Gregoria Cortijo, consiguió algo taponándole la herida más profunda de todas. Con apenas 28 años, dejaba viuda y dos hijos de corta edad.

La siguiente víctima fue su hermano Regino Mendiluce, que, alarmado por los gritos, salió raudo de casa en su auxilio; solo le dio tiempo a correr delante de Lázaro García, que le aguardaba puñal en mano. Dos certeras cuchilladas bastarían para hacer inútiles los esfuerzos de su madre, Baltasara Marinero, por salvarle: Regino moriría en su propia casa, incapaz de reaccionar a los cuidados de su familia y a la inyección de cafeína del médico José Zurro. Muertos sus dos hijos, Baltasara tampoco tardaría en sucumbir a la desesperación; ni siquiera llegó viva al comienzo del juicio, el 20 de junio de 1917.

Hasta Osbaldo Mendiluce, hermano de ambos que nada más comprobar lo que habían hecho con Juan corrió a casa para responder a los Llorente a tiro de escopeta, fue capaz de acertarle a Patricio. No solo erró el tiro, sino que cuando quiso darse cuenta, tenía sobre su cabeza el hacha de Juan Llorente: con dos golpes en el hombro lo dejó tirado en el suelo, herido de gravedad.

Tres muertos

Así que en poco menos de una hora, la plaza principal de Ciguñuela se tiñó de sangre. A Juan y Regino Mendiluce, primeras víctimas de la refriega, se uniría pocos días después el jornalero y concejal, aparte de secretario del Juzgado, Teodoro Gutiérrez, incapaz de reponerse de las puñaladas recibidas; tenía 35 años, mujer y cuatro hijos. Heridos graves resultaron Osbaldo Mendiluce y Juan Llorente, éste con un disparo en el cuello y otro en la mano izquierda, Patricio Llorente, con un balazo en la cadera derecha, Andrés Giralda y Aniceto Llorente.

Por la ciudad se corrió la especie de que todo se debía a rivalidades políticas entre dos bandos bien definidos. Pero la realidad era otra: como expondría en el juicio Enrique Gavilán, abogado de la acusación particular, rivalidad había, y mucha, hasta límites inconcebibles, pero no de naturaleza política; eran más bien rencillas personales enquistadas con los años, un odio a muerte entre dos «banderías», los Llorente y los Mendiluce, en su afán por «apoderarse de la administración del pueblo en beneficio propio» y en perjuicio del otro.

De modo que si Juan Mendiluce ostentaba la justicia municipal, los Llorente eran fuertes en el Ayuntamiento; incluso Aniceto, tal como reconocía el párroco José María Conde, gozaba de inmenso prestigio y poder y era conocido entre sus vecinos como «el amo del pueblo».

En el juicio, que comenzó el 21 de junio de 1917 y no se resolvería hasta finales de octubre, actuaron el citado Gavilán como acusación particular y los letrados Antonio Gimeno Bayón, Germán Valentín Gamazo, Wenceslao Fernández Oliveros y Luis Gutiérrez López en defensa de los acusados. Estos eran Aniceto y sus hijos Patricio y Ángel Llorente, Juan y Lorenzo García Castaño y Osbaldo Mendiluce.

Presidía el tribunal Ramón Lecea, a quien acompañaban los magistrados Bernardo Feliú y Pedro Calvo Gómez. La Audiencia, a rebosar en todas las sesiones, se convirtió en un auténtico hervidero de opiniones. Por ella desfiló multitud de testigos, incluido el párroco, que rehusó testificar acogiéndose al secreto de confesión. El fiscal calificó los hechos como constitutivos de tres delitos de homicidio, dos de disparo y lesiones, uno de disparo y falta incidental de lesiones, y dos de lesiones menos graves.

Gavilán, por su parte, los calificaba de tres delitos de asesinato con alevosía, uno de disparo y falta incidental de lesiones, uno de lesiones menos graves y dos faltas incidentales de lesiones. La defensa, sin embargo, solicitaba la libre absolución de los acusados aduciendo que todos ellos habían actuado en legítima defensa.

La estrategia de los Llorente consistió en exculpar de todo a Aniceto y a Juan y colocar el peso de la culpa en Patricio y otros familiares «jóvenes, influyentes y de posición», a la espera de una segura absolución. Gavilán, sin embargo, calificaba a Aniceto Llorente de abecilla de la múltiple agresión y aseguraba que, junto a Patricio y a Juan García Castaño, había dado muerte a Juan Mendiluce, que en todo momento estuvo desarmado; para los tres pedía, por tanto, la condena por asesinato.

La defensa, por su parte, sostenía que los Llorente llevaban demasiado tiempo siendo acosados y perseguidos por los Mendiluce, que la reyerta la había iniciado Juan Mendiluce al disparar contra Aniceto, que Osbaldo Mendiluce había hecho otro tanto hiriendo a éste en el cuello y que si Patricio se había abalanzando contra Teodoro Gutiérrez fue porque éste esgrimió una navaja de grandes dimensiones. En definitiva, concluía Antonio Gimeno Bayón, Patricio Llorente podría haber cometido un delito de homicidio contra Juan y de lesiones contra Teodoro, pero lo hizo en legítima defensa.

Y fue ésta, sorprendentemente para El Norte de Castilla, la tesis que triunfó. En efecto, el 26 de octubre de 1917, el jurado, después de tres horas de deliberación, concluyó que Patricio Llorente había acabado con la vida de Juan Mendiluce al ver que éste amenazaba a su padre con un arma de fuego y creyendo, equivocadamente, que le había herido de un disparo; y que había hecho otro tanto con Teodoro Gutiérrez ofuscado al ver cómo también éste se abalanzaba contra su padre. Es más, según el jurado, si Teodoro falleció poco tiempo después fue a causa de una pulmonía, y no por las puñaladas recibidas.

A Lázaro García, acusado de haber acuchillado a la tercera víctima, Regino Mendiluce, le exculpaba asegurando que había actuado en defensa propia después de ser atacado con arma de fuego, llegando a sostener que Regino podría haber salvado la vida si el médico le hubiera atendido a tiempo. Finalmente, admitía el jurado que Juan Llorente había herido a Osbaldo Mendiluce con dos hachazos, pero que lo había hecho después de que Osbaldo le disparara por la espalda y cuando estaba a punto de hacerlo otra vez. En definitiva, en contra del sentir de la inmensa mayoría de quienes seguían el juicio en la sala, «el veredicto fue de completa y absoluta inculpabilidad para todos los procesados», informaba El Norte de Castilla, incapaz de ocultar su indignación ante la sentencia:

«La absolución total de todos los procesados, hecha por el Jurado en su fallo, produjo gran sensación. Hubo voces airadas de protesta y alguna agitación. () Hiciéronse muy vivos comentarios. Los que oímos anoche en distintos sitios a personas serenas, imparciales y sin matiz político alguno, eran muy duros para este veredicto, que niega lo que los procesados confesaron y deja impune la muerte violenta de tres hombres honrados, cometida en plena plaza pública de Ciguñuela».