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J. Asua
Miércoles, 27 de enero 2016, 12:17
Nuevo ajuste de cuentas en el culebrón salarial del Ayuntamiento de Valladolid, aunque esta vez quizá porque no queda otra remedio sin esa connotación de venganzas mutuas que ha presidido todo el proceso. Y es que toca rectificar. El ejecutivo municipal llevará al próximo pleno, probablemente a través del PSOE, una moción para reajustar al alza la compensación económica que percibirán los tres concejales con cargo en la Diputación por su asistencia a plenos y comisiones. Si el pasado 1 de diciembre PSOE, Toma la Palabra y Sí se Puede sacaban adelante una iniciativa para rebajar los ingresos de ediles sin dedicación exclusiva, especialmente los de los tres que compaginan su labor entre el Consistorio y la institución provincial (de 11.002 euros brutos al año a 1 euro), ahora se da marcha atrás. ¿La razón? «Seguridad jurídica», dice Pedro Herrero, portavoz de los socialistas en el principal edificio de la Plaza Mayor.
Un nuevo informe del secretario general del Consistorio, en contestación al recurso de reposición presentado por el PP, apunta que consignar 1 euro como retribución municipal para el trabajo de Jesús Julio Carnero (PP), Pilar Vicente (Ciudadanos) y Héctor Gallego (Sí se Puede) en la Administración Local no parece todo lo proporcional que debería. Traducido, la compensación es escasa, hasta el punto que si los populares acuden a los tribunales, tal y como han anunciado, podría obtener una fallo favorable para sus intereses.
Así, y en pos de esa seguridad jurídica de que habla Herrero, el ejecutivo del Ayuntamiento tiene intención de corregir aquel acuerdo y proponer una retribución anual para estos tres políticos de 1.100 euros brutos al año, el 10% de los 11.002 que cobraban hasta el momento. El espíritu de aquella polémica moción un político, un sueldo, respuesta a la presentada por el PP y que acabó con una reducción del sueldo del alcalde en 6.444 euros (de 82.944 a 76.500), quedará así algo descafeinado tras esta aconsejada marcha atrás. Actualmente, Jesús Julio Carnero cobra 74.806 euros como presidente de la Diputación, mientras que las nóminas de Pilar Vicente y Héctor Gallego en el Palacio de Pimentel ascienden a 59.159 euros por su condición de portavoces.
Por lo demás, el informe del secretario general del Ayuntamiento desestima el recurso presentado por el PP con los mismos argumentos que ya expuso en su primer veredicto. Por un lado, en el aspecto económico, sostiene que el pleno tiene autonomía para tomar las decisiones que considere oportunas, si la ley no marca con claridad baremos de compensaciones. Respecto a las obligaciones que el acuerdo de pleno impone a estos ediles publicación de la agenda, entrega de los permisos laborales..., considera que no conculca ningún derecho fundamental de los representantes públicos. La Comisión de Hacienda analizará esta semana la propuesta de resolución, que solo estima de forma parcial los argumentos de los populares en el sentido de reconocer que el euro para los tres diputados provinciales no parece justo.
Los concejales sin dedicación exclusiva han tenido que presentar estos días declaraciones juradas sobre los ingresos en sus puestos de trabajo para que se les puedan aplicar las nuevas tablas aprobadas y que establecen compensaciones en cuatro tramos 2.750 euros, 5.500, 8.250 y 11.002 en función del número de salarios mínimos interprofesionales que alcancen sus respectivas nóminas. El departamento de personal también espera la comunicación del secretario para saber las asistencias efectivas a comisiones y plenos, de manera que se puedan ajustar sus percepciones en función del trabajo realmente realizado. Estas novedades retrasarán este mes los pagos, que ya no se harán bajo la fórmula de la nómina. Respecto al euro de los tres concejales pendiente de la nueva propuesta¬ se hubiera pagado de una sola vez a final de año y no en doce pagas, lo que hubiera obligado a abonar 6,66 céntimos al mes, ya que Hacienda retiene el 20% del euro.
¿Aceptará el PP la rectificación? Todo apunta que no. El presidente del Grupo Municipal Popular, José Antonio Martínez Bermejo, avanzó ayer que, leída la propuesta de acuerdo de desestimación de su recurso, sigue considerando que aquella moción aprobada en el pleno «está viciada de nulidad». «No vamos a renunciar al derecho que nos asiste de acudir al Contencioso-Administrativo», advierte. Vamos, que van a juicio sí o sí. En opinión de Martínez Bermejo, en materia de compensaciones se sigue manteniendo «una discriminación» que no se contempla en la legislación. Además, los controles que establece para los ediles sin exclusividad «son un claro intento de cambiar el estatuto de los concejales» y limita los derechos de estos de ejercer su labor de oposición. «En este Ayuntamiento no se pide a nadie ningún papel para entrar y a nosotros que vamos a prestar un servicio, sí; es un ataque a los derechos democráticos», sostuvo.
La polémica por los sueldos parece que seguirá en escalada. El PP llegó a proponer el pasado mes de diciembre devolver el debate al seno de la comisión del reglamento. Dejar todo sin tocar, incluido el sueldo del regidor, y comenzar a negociar desde cero y con calma. Pero el PSOE ya no aceptó. ambién Toma la Palabra y Sí se Puede han mostrado su intención de darle otra vuelta para que haya una rebaja real y justa de los salarios políticos.
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