Absuelto de prevaricación el jefe de Intervención de Armas acusado de paralizar una licencia de caza

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del actual jefe de Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil, J.Z.P, que fue acusado de prevaricación por paralizar en 2013 la solicitud de renovación de licencia de caza presentada por un cazador, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La absolución, frente a los siete años y medio y diez años de inhabilitación solicitados, respectivamente, por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, la fundamenta el tribunal en que de lo actuado no se observa actuación delictiva alguna del procesado, del que recuerda que su labor era estrictamente administrativa, en concreto velar por que los solicitantes de licencias aportaran documentación complementaria en casos de expedientes incompletos, pues la resolución final era competencia de la XII Zona de la Guardia Civil, con base en León.

En el presente caso, la Audiencia de Valladolid, en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que el cazador no aportó documentación requerida para demostrar la idoneidad del armero que poseía en su casa, de ahí las gestiones emprendidas por el jefe de la Intervención de Armas para que subsanase dicha irregularidad, hasta el punto de presentarse incluso el día 6 septiembre de 2013 en casa del solicitante, provisto de una cámara de fotos, para tomar unas instantáneas del mismo.

Sin embargo, el tribunal advierte de que el cazador no sólo negó la entrada al acusado sino que además rechazó realizar él mismo el reportaje fotográfico del armero con la cámara oficial. Fue finalmente la Abogacía del Estado, tal y como incide la Audiencia Provincial, la que en abril de 2014 solicitó la entrada en el domicilio del solicitante de la renovación de la licencia de caza y se constató entonces las irregularidades que presentaba el armero.

Conducta omisiva

«De dichos datos cronológicos se infiere que no ha sido precisamente una actuación omisiva del acusado la que propició la paralización del expediente», indica la Sección Segunda de lo Penal, que atribuye buena parte de la culpa al propio solicitante por su «reiterada conducta omisiva y obstativa» en una materia tan sensible como la de armas de la que debía ser perfectamente conocedor «pues cuenta con una experiencia de treinta años».

Durante el juicio, el jefe de la Intervención de Armas de Valladolid, J.Z.P, sostuvo que la documentación presentaba anomalías en cuanto a que las medidas de seguridad respecto del armero no eran completas, así como que actuó con el denunciante de la misma forma que con el resto, sobre todo a raíz de que a partir de noviembre de 2009 la Dirección General de la Guardia Civil intensificara las medidas de control sobre armas y su departamento reforzara el control sobre un total de 5.000 personas para velar por que la documentación fuera completa y evitar así que los expedientes tramitados fueran denegados por la Jefatura de León.

Entre esos requisitos, J.Z.P. explicó--como así entiende probado el tribunal--que F.S. no acreditó que el armero con que contaba fuera el exigido para el número de armas de que disponía, y que incluso se personó en casa del cazador con una cámara de fotos y ofreció hacer un reportaje gráfico que el denunciante rechazó.

«Mi cometido es actuar de mero filtro de la documentación recibida para garantizar que esté completa antes de remitirla a la Jefatura de Zona, con el fin de que sea devuelta y se produzcan demoras», resumió el funcionario, quien, al igual que ahora la Audiencia de Valladolid, reprochó el comportamiento de F.S. por su falta de colaboración.

«No sé por qué es el único que ha denegado nuestra ayuda», indicó J.Z.P, al mando de la Intervención de Armas de la Comandancia de Valladolid durante los últimos siete años sin que haya sido objeto de sanción ni de queja alguna hasta ahora.

Fiscalía y acusación

Pese a ello, la Fiscalía de Valladolid y la acusación particular mantuvieron invariable su solicitud de inhabilitación para el ahora absuelto por entender que incurrió en un delito de prevaricación en 2013 al paralizar, «de forma consciente, voluntaria y dolosa», la solicitud de renovación de licencia de caza presentada.

Ambas acusaciones no encontraban explicación alguna, salvo una posible animadversión del acusado respecto del solicitante, para que la petición de renovación de caza presentada en marzo de 2013 no fuera tramitada, pese a recibir el informe favorable del propio imputado y contara con toda la documentación requerida por la normativa.

«El acusado no actuó conforme a derecho y el plus de requisitos que impuso al solicitante es manifiestamente injusto», criticó el fiscal, quien insistió en que la solicitud presentada por el cazador adjuntaba toda la documentación exigida, incluida una declaración jurada y un certificado de contar con un armero donde guardar sus armas.