Lazos blancos para salvar el Hospital Militar

Difícilmente podrían olvidar aquella Nochevieja de 1995 los 255 trabajadores que hasta ese momento prestaban servicio en el Hospital Militar; en efecto, las del 31 de diciembre iban a ser sus doce uvas más amargas, las uvas de la ira y de la indignación. Fue entonces, hace ahora 20 años, cuando se cumplió el implacable veredicto anunciado un año antes por el Ministerio de Defensa: el histórico centro hospitalario del Paseo de Zorrilla, levantado en 1933 en el mismo terreno que había ocupado el convento del Carmen Descalzo desde finales del siglo XVI, echaría el cierre para siempre. Y todo en aras de un ambicioso plan de reorganización estratégica del Ejército de Tierra bautizado como Plan Norte.

La noticia, conocida en enero de 1994, cayó como una losa entre los trabajadores del Hospital, pero también en buena parte de la sociedad vallisoletana. Representantes del Colegio de Médicos se apresuraron a poner en cuestión la racionalidad de una medida a todas luces desorbitada: porque el Ministerio acababa de invertir, en los últimos cuatro años, 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros) en labores de mejora de los servicios del centro hospitalario; porque éste atendía a 10.000 pacientes y ejecutaba anualmente cerca de 280.000 actos médicos; porque Valladolid, con el doble de población que en 1980, era una ciudad con escasos recursos sanitarios y con las mayores listas de espera del país; y porque el emblemático complejo hospitalario disponía de 436 camas, laboratorio, una UVI, una sala de emergencias y cuatro quirófanos dotados de la tecnología más puntera.

A pocos meses de unas elecciones generales que supondrían el final del felipismo y el primer gobierno nacional de José María Aznar, la suerte del Hospital Militar de Valladolid habría de decidirse a tres bandas: desde el Ministerio de Defensa, cuyos titulares en esos años, Julián García Vargas y Gustavo Suárez Pertierra, parecían más preocupados por sacar el máximo beneficio al inmueble que por el impacto social de su clausura; desde el Ministerio de Sanidad que regía Ángeles Amador, a quien en un primer momento se acusó de escabullir toda responsabilidad para fijarla sobre el tejado del estamento militar; y desde la Junta de Castilla y León, presidida desde 1991 por Juan José Lucas y cuya consejería de Sanidad, con José Manuel Fernández Santiago a la cabeza, aún habría de esperar siete años para que se hiciera afectiva la anhelada transferencia de competencias.

La noticia también afecto, y de qué modo, al recién estrenado regidor de Valladolid, el popular Javier León de la Riva, que desde el comienzo de su mandato, en junio de 1995, responsabilizó exclusivamente al gobierno de Felipe González del daño infligido a la ciudad. A León de la Riva no tardarían en secundarle otros colegas de militancia con responsabilidades a nivel nacional.

Las movilizaciones comenzaron de inmediato. Junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos, que ya en el mes de julio anunció una cascada de protestas para involucrar a la ciudadanía, los sindicatos UGT y CCOO hicieron lo propio en demanda del mantenimiento del centro hospitalario y, en caso de no lograrlo, de la recolocación de toda la plantilla, la cual no tardó en impulsar una activa Asociación para la Defensa de los Recursos Sanitarios en Valladolid, fácilmente identificable por el lazo blanco que empleaba como distintivo.

Sede de las Cortes

Para emponzoñarlo todo, en ese mismo mes de julio de 1995 cobró mayores visos de verosimilitud el rumor de una posible ubicación de las Cortes regionales, que llevaban doce años instaladas provisionalmente en el Castillo de Fuensaldaña, en el emblemático edificio a clausurar. De hecho, los medios de comunicación se hicieron eco de los contactos que en dicho sentido venía manteniendo el entonces presidente de la Cámara autonómica, Manuel Estella Hoyos, con los responsables del Ministerio de Defensa.

A partir de ese momento, la batalla planteada por trabajadores, usuarios, fuerzas políticas, sindicatos y demás ciudadanos sensibilizados aunaba el objetivo de evitar el cierre del Hospital con el mantenimiento del uso socio-sanitario del inmueble. A ello obedecieron también las iniciativas del PSOE en el Ayuntamiento y en las Cortes regionales, así como las intensas negociaciones de la Consejería de Sanidad con los responsables del Insalud y de Defensa.

Entretanto, las movilizaciones frente al edificio, más o menos periódicas hasta el día del cierre, combinaron las reivindicaciones propiamente laborales con la solidaridad y la defensa de un emotivo legado histórico. Así hicieron, por ejemplo, 500 personas el 27 de julio de 1995, varios centenares todos los martes de septiembre y los dos primeros de octubre, convocados por la Asociación del lazo blanco, y otros tantos a principios de noviembre.

Cada vez más próxima la cita electoral que habría de terminar con catorce años consecutivos de gobierno de Felipe González, diputados del Partido Popular como Tomás Burgos se hacían notar en dichas protestas para recordar el daño infligido por el PSOE a los intereses de esta ciudad; a su vez, representantes socialistas como Tomás Rodríguez Bolaños, Ángel Cristóbal, Jorge Félix Alonso o Antonio Pérez Solano insistían en la necesidad de mantener el uso sanitario del edificio.

Después de que a finales de octubre de 1995 los sindicatos UGT y CCOO entregaran al procurador del Común, Manuel García Álvarez, más de 30.000 firmas en contra del cierre, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León por un lado, y Ministerio de Defensa e Insalud por otro iniciaron las negociaciones más intensas; el objetivo, asegurar el uso sanitario del inmueble y que éste fuera cedido al gobierno regional. A finales de noviembre, el consejero de Sanidad apuntaba la posibilidad de permutar los 25.000 metros cuadrados que sumaba la superficie de los terrenos donde se ubicaba el Hospital por los 15.000 que la Administración central debía a la Junta en concepto de deuda histórica.

El camino se iba desbrozando demasiado lentamente. Al menos la portada de El Norte de Castilla del 28 de noviembre de 1995 aportaba un halo de optimismo en medio de un panorama tan sombrío: reunidos el día anterior en Madrid el consejero Fernández Santiago y el alcalde de Valladolid con la ministra de Sanidad, Ángeles Amador, ésta no puso reparos a la propuesta del consejero, que, junto a la permuta señalada, comprendía el mantenimiento en el edificio de un número de camas y de determinados servicios quirúrgicos de la sanidad pública hasta que se verificase la apertura del nuevo Hospital Río Hortega, fijada desde la Administración central para el año 2000.

Con este horizonte se creó un consorcio de gestión compartida entre la Junta, representada por el entonces secretario general de la Consejería de Sanidad, José Antonio de Santiago-Juárez, y el Ministerio del mismo ramo. Aun así, éste no parecía tener prisa: cuando el 21 de diciembre de 1995 los trabajadores del Hospital Miitar fichaban por última vez y se despedían del edificio con lágrimas en los ojos, nadie en Madrid había movido ficha. El inmediato horizonte electoral se había convertido en un freno más. Al coronel médico Mario Cuetos, último director del emblemático complejo, no le quedó otro remedio que invocar a los Reyes Magos en demanda de un regalo en forma de acuerdo político.

Incluso a finales de enero de 1996, todos los grupos parlamentarios en las Cortes regionales aprobaban una proposición no de Ley a favor de agilizar la utilización de las instalaciones del Hospital Militar. El día por todos esperado no llegó hasta el 20 de mayo de 1997, cuando en una reunión en Madrid entre los secretarios generales de Sanidad y Economía y responsables de Defensa se acordó, finalmente, la venta del inmueble a la Junta de Castilla y León por 2.200 millones de pesetas, a pagar en cuatro anualidades, más la cesión de una parcela situada en la segunda fase de Huerta del Rey. A cambio, el edificio mantendría el uso socio-sanitario mediante el traslado a sus dependencias, por parte del Insalud, del centro de salud de Casa del Barco y del ambulatorio de Gamazo. En julio se hizo público que también acogería el centro regional de hemodonación y hemoterapia. Además, el Ayuntamiento de Valladolid, en compensación por la cesión a Defensa de la citada parcela, perteneciente al Plan Parcial El Palero, recibiría un pabellón en las instalaciones conocidas como cuartel de tropa.

El 4 de febrero de 1998, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, el presidente de la Junta, Juan José Lucas, y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, rubricaban el anhelado convenio. El movimiento del lazo blanco había logrado preservar el uso sanitario del histórico Hospital Militar.