El PP recurre el acuerdo que rebaja el 'sueldo' de los ediles sin exclusividad

La polémica sobre los sueldos en el Ayuntamiento de Valladolid regresa con el nuevo año. El PP ha presentado un recurso contra el acuerdo adoptado en el pleno del 1 de diciembre, por el que se rebajan las indemnizaciones económicas que percibirán este año los concejales sin dedicación exclusiva en el Consistorio y que conlleva, además, un mayor control de la actividad de estos ediles. La alegación, firmada por el presidente de la formación, José Antonio Martínez Bermejo, considera que ese acuerdo, aprobado con los votos de PSOE, Toma la Palabra y Sí se Puede, es nulo y contraviene el ordenamiento jurídico.

Los populares, que tienen claro que la iniciativa se tomó como «represalia» a la reducción «legal» del sueldo del alcalde, que fue auspiciada por ellos mismos un mes antes basándose en los preceptos contenidos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, censuran que los acuerdos contenidos en la moción se adoptaron prescindiendo de trámites obligatorios, como son el análisis en la correspondiente comisión informativa y del informe del secretario general del Ayuntamiento.

Respecto a las obligaciones que incluye para los ediles publicar su agenda en la web municipal o aportar los permisos que les conceden en sus puestos de trabajo para el ejercicio de la actividad política con información detallada, para el PP «carecen del más mínimo apoyo legal» y, en algunos casos, «atentan contra su derecho a ejercitar la labor de oposición y control al gobierno municipal con las debidas garantías, suponiendo una grave limitación antijurídica y una intolerante intromisión en su actividad profesional y en su papel de oposición».

Así, señala que el pleno no puede obviar que la Ley de Bases de Régimen Local y los reglamentos que desarrollan esta normativa establecen un detallado de catálogo de derechos y obligaciones en el ejercicio de sus cargos. A su juicio, la moción atenta contra varios de ellos y elimina otros, que, «con independencia de menoscabar y limitar su labor de oposición», suponen «un plus de exigencia» para poder ejercer como ediles, que no aparece reconocido por ninguna otra normativa.

Entrando en la cuestión monetaria, el PP entiende que el acuerdo por el que se establece una percepción anual, «que no salario», de un euro para los concejales con dedicación exclusiva por cargo público en otra institución afecta al presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero; y a los portavoces de Ciudadanos y Sí se Puede en la institución provincial, Pilar Vicente y Héctor Gallego, respectivamente se adopta en fraude de ley, ya que es un derecho reconocido en el artículo 75.3 de la Ley de Bases de Régimen Local y en el artículo 7.5 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento y con el que, sin limitación alguna por ocupar otro cargo público, se compensa la efectiva asistencia y el esfuerzo realizado para preparar las sesiones.

Para los populares la percepción de un euro al año «resulta a todas luces insuficiente» para compensar ese trabajo. Creen que la moción, «de forma artera y maliciosa», pretende dar cumplimiento a la ley, ya que reconoce el derecho, pero supone «una clara discriminación y un agravio comparativo» respecto a los ediles con actividad profesional alejada de la administración, que perciben cantidades muy superiores, a pesar de realizar las mismas funciones y de que la ley les reconoce los mismos derechos y obligaciones.

El recurso también hace referencia a las percepciones del resto de concejales sin dedicación exclusiva y que, con la moción, se establecen en función de sus ingresos, «pretendiendo una equitativa distribución», pero sin tener en cuenta otros elementos para medir la riqueza, como pudieran ser los activos o las propiedades. En opinión del PP, este acuerdo supone «otra discriminación» porque la ley lo que compensa es la asistencia a plenos y comisiones, independientemente de lo que ingresen por su actividad profesional.