El año que Valladolid vivió peligrosamente

Quiso la casualidad que el 19 de noviembre de 1975, víspera del fallecimiento del general Franco, se aprobara la Ley de Bases del Régimen Local con objeto de «dar solución a los problemas con que se enfrenta la vida local, consecuencia de la profunda transformación que en las últimas décadas ha experimentado el mundo». En consecuencia, el alcalde ya no sería designado directamente por el gobernador civil, sino mediante sufragio corporativo de los concejales presentes en la Corporación Municipal.

Julio Hernández Díez, avezado hombre de negocios que venía ostentando la alcaldía desde abril de 1974, tenía claro que no presentaría su candidatura a unos comicios que habrían de celebrarse en enero y febrero de 1976. Su delicado estado de salud fallecería en septiembre de 1980, con tan solo 58 años, agravado sin duda por los sucesos de aquel convulso año, le disuadió de hacerlo.

El alcalde no era el único preocupado por la situación social que agitaba Valladolid aquel histórico año de 1975. También lo estaba José Miguel Vega Rodríguez, militar ceutí que había combatido en la División Azul y que el 10 de octubre fue designado capitán general de la VII Región Militar, con sede en Valladolid, concretamente en el Palacio Real, frente a la iglesia de San Pablo. En otras palabras, Vega Rodríguez, que venía de dirigir la Guardia Civil, era el mando supremo de una región militar que comprendía Valladolid, León, Zamora, Salamanca, Asturias, Segovia y Palencia.

Tan consciente como ellos de la esclerotización de la dictadura era José Estévez Méndez, tinerfeño nacido en La Orotava en 1924 que desde 1973 ejercía el cargo de gobernador civil, máxima autoridad en cuanto al gobierno y la administración provincial.

De hecho, por las manos de Estévez Méndez pasaban cada mes cientos de informes policiales que alertaban de los problemas más acuciantes en la ciudad y provincia; y aquel año de 1975, los conflictos laborales y universitarios ganaban por goleada. El gobernador mismo había elevado a sus superiores una memoria en la que, además de resaltar el imparable avance del sector secundario en la ciudad, que ya entonces empleaba a casi el 48% de la población activa, también reflejaba el espectacular incremento de la conflictividad social.

Las cifras hablan por sí solas: aquel año de 1975 los conflictos habían afectado a 71 centros laborales y a cerca de 49.000 trabajadores, con lo que se habían perdido más de un millón de horas de trabajo. La conflictividad más grave había estallado en Construcción y, más aún, en la ya imponente FASA-Renault.

Desatados la mayoría de las veces por los desacuerdos entre la parte obrera y patronal durante la negociación del correspondiente Convenio, los conflictos tenían a su vez un evidente sesgo político. Y es que, como ha escrito el historiador Álvaro Soto Carmona, bajo un régimen que declaraba ilegal la huelga era inevitable que la conflictividad laboral fuera interpretada, tanto por el gobierno como por la clase obrera, como una medida que cuestionaba los fundamentos mismos del sistema. Más aún cuando a las demandas propiamente laborales se sumaban, como era el caso de FASA, pero también de NICAS, SAFE-Michelin, Motransa o Hipesa, proclamas a favor de la democracia y la libertad sindical.

FASA estalla

En FASA-Renault, auténtico pulmón económico de la ciudad, los conflictos llevaban tiempo convulsionando el ritmo de trabajo. Si el gran estallido de septiembre de 1974 vino motivado por la interpretación que hacía la empresa de la nueva Ordenanza del Metal, en el sentido de suspender las tardes libres de los sábados y el descanso del bocadillo, el paro convocado por los trabajadores en febrero de 1975 presionaba para revisar el artículo 45 del Convenio Colectivo, que implicaba una actualización del salario.

A finales de mes, Montaje 1 y Montaje 2 eran noticia por las protestas en solidaridad con casi un centenar de compañeros que habían sido suspendidos de empleo y sueldo tras abandonar antes de tiempo el puesto de trabajo, pues estimaban que ya habían realizado los vehículos comprendidos en la jornada laboral. Las reivindicaciones de marzo en torno a las 44 horas semanales afectaron también a Motores, Carrocerías y Entregas, con lo que ya eran 445 los suspendidos de empleo y 85 los de empleo y sueldo.

A finales de abril, la factoría, que empleaba a cerca de 14.000 trabajadores quedó prácticamente paralizada y la empresa respondió cerrando todo el complejo salvo Carrocerías. Era el preámbulo de los famosos juicios de junio, promovidos por 42 trabajadores despedidos a los que defenderán abogados como Juan Colino, Manuel Conde, Antonio Pérez-Solano, José María Alonso Franch, Roberto Fernández de la Reguera, Jesús Castellanos, Gregorio Peces Barba o el mismo Felipe González.

Al igual que en el caso de los huelguistas de FASA, los universitarios que desde 1972 habían elevado considerablemente el tono de sus propuestas en demanda de una institución más democrática radicalizaron todavía más su postura.

Todo comenzó el 16 de enero, cuando estudiantes de Filosofía y Letras, liderados por la cantante Elisa Serna, organizaron una asamblea multitudinaria que la policía disolvió con violencia. A la decisión del rector José Ramón del Sol de cerrar todas las Facultades y Escuelas universitarias por tiempo indefinido se sumó la sentencia condenatoria del Tribunal de Orden Público contra estudiantes muy significados en la extrema izquierda, como José Luis Cancho, Miguel Casado, Joaquín Castrillón, Tito Hermosa, José Manuel Arnaiz, Luis Fermín Orueta y Ovidia Vinuesa. En señal de protesta, 69 representantes de todas las Facultades y Escuelas iniciaron un encierro en la capilla del Hospital Provincial.

Pero lo más impactante sucedió el 29 de enero de 1975, día de la reapertura, cuando un grupo de estudiantes agredió al rector arrojándole huevos al grito de «¡Dimisión! ¡Dimisión!». Como reacción ejemplarizante, el 8 de febrero el ministro de Educación, Cruz Martínez Esteruelas, decretó el cierre de la Universidad de Valladolid. El impacto fue brutal: 8.000 estudiantes se quedaban en la calle.

Colectivos de todo tipo Asociaciones de Vecinos y de Amas de Casa, Cámara de Comercio, Cáritas, movimientos apostólicos, etc. no tardaron en salir al paso anunciando acciones solidarias y de protesta, mientras El Norte de Castilla y otros periódicos locales denunciaban lo desmesurado de la medida. Profesores comprometidos organizaron la llamada Universidad paralela como medio de seguir impartiendo clases en locales diversos, como cafeterías, librerías, domicilios particulares y parroquias muy significadas en la lucha por la democracia. Finalmente, el 10 de mayo se hizo pública la decisión del Consejo de Ministros de celebrar exámenes en sepiembre y clases prácticas en verano.