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J. Sanz
Jueves, 15 de octubre 2015, 19:14
El edificio que hasta hace un año ocupaba la histórica hostería La Cueva, que cerró sus puertas a raíz de la jubilación de su dueña, pero en el que aún sobrevive otro negocio con solera, El buen tapeo de Bimi, fue declarado ayer formalmente en situación de ruina, lo que habilita a sus propietarios a demoler el centenario inmueble del número 4 de la calle Correos con la única condición de que mantengan su fachada y, en especial, el singular arco de piedra de la entrada principal al desaparecido hospedaje, que ocupaba las tres plantas del bloque.
La declaración de ruina, que fue solicitada por los propios dueños hace más de tres años, fue denegada inicialmente por el Ayuntamiento, si bien fue aprobada ayer por la Junta de Gobierno en cumplimiento de una sentencia, dictada el 4 de febrero, que dio la razón a los propietarios al entender que «el coste de la rehabilitación del inmueble excedía la mitad de su valor real».
Así que el órgano municipal concedió la declaración de ruina a los dueños con la obligación, por su parte, de «solicitar en un plazo máximo de tres meses la licencia para llevar a cabo las obras de reestructuración interior parcial o íntegra acordes al grado de protección con el que cuenta el edificio». Eso además de tener que «adoptar las medidas necesarias de seguridad para evitar daños a los ocupantes y a los peatones».
Por orden judicial
Y es que el veterano edificio de la calle Correos aún cuenta con inquilinos en sus tripas. «Nosotros seguimos abiertos con normalidad, ya que los dueños aún no nos han comunicado nada, pero esta situación nos genera una incertidumbre tremenda», reconocía ayer Bienvenido, el propietario de El buen tapeo de Bimi, un local de renta antigua que ocupa parte del sótano de la hostería y que abrió sus puertas hace 17 años.
El hostelero, y último inquilino legal del inmueble las tres plantas superiores las ocupaba la desaparecida hostería, parece abocado a un cierre seguro una vez declarada la situación de ruina del edificio, lo que permite a los propietarios demoler por completo su interior. «Es un desastre, en cualquier caso, por que a ver cuantos clientes entran ahora a mi negocio su plantilla cuenta con cinco trabajadores», lamenta. Su idea, a la espera de recibir una notificación oficial, «es seguir abiertos hasta que nos digan».
«Se trata de una declaración de ruina que viene impuesta por una orden judicial, al entenderse que cuesta más repararlo que demolerlo, y es el paso previo a la extinción definitiva de los contratos de arrendamiento que se mantengan en vigor y al desalojo de los inquilinos», resume el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia. La anterior corporación fue la que denegó la solicitud, cursada el 28 de junio de 2012, hasta en dos ocasiones, pero los propietarios llevaron el caso a los tribunales y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 les dio la razón en febrero al invalidar la denegación municipal y otorgar la declaración de ruina económica. El edificio tiene ahora los días contados.
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