j. asua
Viernes, 9 de octubre 2015, 10:36
Máximo, el 1 de noviembre. Ese es el plazo que Fran Hervías, secretario de organización de Ciudadanos, ha dado al concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Presencio, para que entregue su acta, tras haber sido condenado a diez meses sin carné de conducir y a una multa de 2.380 euros por triplicar la tasa de alcohol al volante.
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Hervías confirmó ayer que él mismo se ha desplazado a Valladolid para mantener una reunión con el edil con el objetivo de requerirle el documento. «Me ha pedido unos días para reflexionar, pero confío en que finalmente lo hará, porque Jesús siempre ha mostrado lealtad y compromiso con Ciudadanos», señaló.
El responsable de la organización interna del partido que lidera Albert Rivera recalcó que los estatutos dejan claro que una condena inhabilita a cualquier afiliado de Ciudadanos para ejercer un cargo, aunque quiso matizar que la de Presencio es «mínima, ha pedido disculpas públicas y ha hecho el gesto de renunciar a la portavocía» municipal. El objetivo de Ciudadanos, según avanzó, es que ese acta sea para el tercero de la lista con la que el partido concurrió a las pasadas elecciones municipales, el expresidente de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, Manuel Soler. Hervías aseguró que el expediente que la ejecutiva ha abierto a Presencio es «informativo» y únicamente se instruiría uno de expulsión en el caso de que no acatara la decisión de la cúpula.
Declaraciones que dañan
El secretario de organización desveló también que en este momento se están estudiando las declaraciones que algunos miembros destacados de Ciudadanos en Valladolid han hecho sobre el caso Presencio. «Se han hecho afirmaciones sobre un compañero que han podido dañar la imagen del partido y se están analizando», destacó Hervías.
En el caso de que el concejal no renunciase, la expulsión sería prácticamente inmediata. Jesús Presencio pasaría al grupo de concejales no adscritos, donde perdería los 47.590 euros brutos de dedicación exclusiva, pero seguiría cobrando la indemnización de 11.000 euros por la asistencia a los plenos.
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