La Audiencia reabre el caso contra Antonio Torres, exalcalde de Cabezón, por el caso del centro cívivo

La Audiencia Provincial de Valladolid, mediante Auto de 30 de septiembre de 2015, ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Víctor Coloma y el Ministerio Fiscal contra el Decreto del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid de sobreseimiento y archivo de las actuaciones, disponiendo que se continúe la investigación penal de los hechos.

El origen del conflicto radica en una querella presentada por el exalcalde Víctor Coloma en octubre de 2013, y por la que están imputados el exregidor del PSOE, Antonio Torres González, y los exconcejales socialistas de Obras, Rafael Ríos Bustamante; y de Hacienda, Francisco Javier Pedruelo Villas. Se les acusa de varios delitos, entre ellos prevaricación y malversación.

Los hechos datan del año 2007, cuando el Ayuntamiento encargó la redacción de un proyecto para la construcción de un centro cívico sobre una parcela que no de su propiedad, sino de un particular y que, pese a los intentos por adquirir la misma, nunca llegó a ser de titularidad municipal. Además, el proyecto fue adjudicado directamente al arquitecto de la Corporación, existiendo una posible causa de incompatibilidad al no haber recurrido a licitación pública pese a que su importe ascendía a 113.000 euros. Junto con ese proyecto básico, el Ayuntamiento adjudicó también otros complementarios: de coordinación de seguridad y salud, climatización, fontanería, saneamiento y telecomunicaciones, así como un estudio geotécnico. La suma de todos estos trabajos, abonados por el Consistorio, asciende a 144.000 euros. Incluso, según la querella, se pagaron cantidades por trabajos que no fueron realizados, como honorarios por coordinación de seguridad y salud, puesto que la obra nunca se ejecutó. El importe previsto para la misma superaba los 3.000.000 de euros.

Segundo proyecto

Posteriormente, en el año 2011, el Ayuntamiento encargó otro proyecto, en otra ubicación del municipio, para el que esta vez sí contaba con la propiedad de los terrenos, pero en cuya adjudicación, según la querella, también se cometieron múltiples irregularidades. Durante el año 2014, el Juzgado de Instrucción número 2 estuvo investigando los hechos por lo que su titular tomó declaración a los tres cargos políticos imputados, a los técnicos redactores de los distintos proyectos y a varios funcionarios municipales. Y en base a todo ello, el 28 de enero de 2015 acordó el sobreseimiento provisional de la causa y su archivo.

Contra esta decisión, el querellante, Víctor Manuel Coloma Pesquera, y el Ministerio Fiscal interpusieron recurso de apelación sobre el que ahora se ha pronunciado la Audiencia Provincial, acordando dejar sin efecto el sobreseimiento y continuar el proceso penal. Según la Audiencia, «hay base indiciaria para continuar con la causa penal por los hechos de 2007, puesto que se llevaron a cabo unas adjudicaciones de proyectos sin haberse obtenido la propiedad de los terrenos, y además se hicieron directamente, sin seguir mínimamente las normas de procedimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, respecto de concurso en asuntos de más de 12.000 euros, siendo uno de los beneficiados el arquitecto municipal, en quién concurriría incompatibilidad».

Prevaricación administrativa

Sostiene además que «no puede descartarse la existencia de prevaricación administrativa y de fraude para beneficiar a determinadas personas, defraudando a las arcas municipales, mediante el cobro de cantidades de forma indebida».

Asimismo destaca la implicación de Antonio Torres González, quién decretó la adjudicación de esos proyectos de forma directa y firmó la orden de los pagos; así como de Francisco Pedruelo Villas quien, como concejal de Hacienda, tendría conocimiento y control sobre las obras que se ejecutaban.

Pide que se tome declaración como imputado al arquitecto municipal, Morros Aramburu, como principal beneficiado por la adjudicación de los proyectos al existir una incompatibilidad, para indagar si hubo connivencia o cualquier otro tipo de participación para beneficiarse él mismo o los redactores de los otros proyectos complementarios.

Respecto de los hechos ocurridos en el 2011, la Audiencia Provincial de Valladolid mantiene el sobreseimiento puesto que, si bien reconoce la existencia de múltiples irregularidades e ilegalidades, éstas no son constitutivas de delito.