el norte
Martes, 1 de septiembre 2015, 17:51
Los cinco grupos políticos que forman el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid han acordado este martes, a raíz de una propuesta del PP, constituir una mesa de trabajo antes del plazo de seis meses para elaborar un Plan Estratégico de apoyo a la industria y la innovación que mejore la capacidad de atracción de Valladolid para iniciativas relacionadas con la agroalimentación y la I+D+i.
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Esta ha sido una de las mociones aprobadas en el Pleno municipal correspondiente al mes de septiembre, en el que se han aprobado otras cinco, incluida la que reclamaba la dimisión del concejal de Ciudadanos (C's) Jesús Presencio por su reciente positivo por alcoholemia. De modo que sólo ha quedado rechazada la que perseguía que el equipo de Gobierno dejara sin efecto la petición de revisión de los valores catastrales, formulada por el Grupo Popular.
En otra de las propuestas 'populares', el presidente de la formación en el Pleno, Antonio Martínez Bermejo, ha propuesto la puesta en marcha de un plan de apoyo a la industria y a la innovación, que ha ido contando con el respaldo de los otros cuatro grupos políticos, aunque con la incorporación de varias enmiendas, como la que establecía un plazo de seis meses, no para su elaboración, sino para comenzar con el trabajo.
La propuesta del PP hace referencia a que el Plan estaría vigente para el período 2016-2020, que se tendrán en cuenta las aportaciones de agentes económicos y sociales así como de las universidades públicas y privadas presentes en Valladolid ; la coordinación con otros planes públicos de apoyo a la industria e I+D+i como el de la Junta, la participación de todos los grupos municipales y el traslado del contenido a otras organizaciones y entidades afectadas así como a los vecinos.
Los representantes del Grupo de Valladolid Toma la Palabra presentaron dos enmiendas de adición para incluir como objetivos «el impulso del desarrollo económico y social, estableciendo compromisos con los principales agentes económicos y sociales y formulándose a partir de una amplia participación ciudadana», así como para instar a las administraciones con competencias en industria a intensificar las propuestas en defensa de los empleados existentes.
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Asimismo, el teniente de alcalde y concejal de VTLP, Manuel Saravia, ha considerado que el Plan debería tener la consideración de estratégico, por lo que se ha añadido este concepto a su denominación, al tiempo que ha apuntado que es preferible no marcar plazos tan cortos. En ello han coincidido tanto el concejal socialista de Economía y Hacienda, Antonio Gato, como la edil de Sí se Puede Gloria Reguero, quien ha reprochado que no se impulsara un Plan de Industria en 20 años de gobiernos del PP y se exija hacerlo ahora en seis meses.
Por ello, se ha incluido una enmienda 'in voce' para que en el plazo de seis meses comience a trabajar la mesa o comisión formada por todos los grupos, mientras que en una de sus muchas intervenciones durante el Pleno, el alcalde, Oscar Puente, ha matizado que en el momento fundacional de dicho órgano se definirán los plazos.
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Valores catastrales
La moción rechazada, sobre la revisión de los valores catastrales solicitada por el equipo de Gobierno para compensar la bajada de ingresos, calculada en 6,3 millones de euros, que supondría la rebaja aplicada por el Estado al tipo de gravamen en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ha servido para reiterar que lo que el Partido Popular considera una «subida encubierta» de impuestos y un «catastrazo a traición», para el PSOE es una «bajada».
Así, aunque el concejal 'popular' Alfredo Blanco ha reconocido que nadie va a tener que pagar más por su recibo del IBI, éste importe habría sido menor que en 2015 sólo con que el equipo de Gobierno no hubiera hecho nada. Mientras tanto, el edil Antonio Gato y el alcalde han defendido que al igual que en 2016 el IBI no subirá, ningún tributo ni tasa lo hará, al tiempo que se eliminará la tasa de basuras, por lo que en términos totales los impuestos bajarán.
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El regidor vallisoletano ha intervenido en este debate para preguntarse si los 'populares' «o no tienen vergüenza o no tienen memoria o ninguna de las dos», pues ha recordado que el PP ha aplicado «la mayor subida de impuestos de la historia en España».
Mientras tanto, los otros dos grupos que apoyaron la investidura de Puente --VTLP y Sí se Puede-- han dado a entender que un impuesto como el IBI es progresivo y en él paga más quien más tiene. Además, María Sánchez ha sugerido que se podrían tomar medidas para que la revisión catastral tenga más incidencia en las viviendas de mayor tamaño.
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El Grupo de Ciudadanos ha sido el único que ha respaldado la moción del PP para dejar sin efecto la subida, pues, como ha explicado su portavoz, Pilar Vicente, si sube el valor catastral subirán otros impuestos como el de la Renta y las Plusvalías.
En el capítulo de mociones se han aprobado propuestas para solicitar a la Unesco la certificación de Valladolid como 'referente' en la enseñanza del español, presentada por Ciudadanos; para suprimir la obligación de la adquisición de plaza de garaje y trastero en las viviendas incluidas en el ARU del 29 de octubre, con el respaldo de todos los grupos y la matización de que esta decisión reciba el visto bueno de los servicios jurídicos; la solicitud propuesta por el PSOE para la rebaja del IVA de las actividades culturales al 8 por ciento; y la propuesta del PP para la incorporación efectiva de Valladolid a la Red de Ciudades Amigables con la Edad, que ha contado con el apoyo de Sí se Puede y Ciudadanos y la abstención de PSOE y Toma la Palabra.
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En otros puntos del orden del día, el equipo de Gobierno ha sacado adelante con el apoyo de PSOE, VTLP, Sí se Puede y Ciudadanos y con las abstenciones de los diez ediles que representaban hoy al PP -se han ausentado tanto el recién nombrado Luis Antonio Gómez Iglesias, que aún no ha sido sustituido, como el edil Jesús Julio Carnero, por enfermedad-, se ha aprobado el trámite para cambiar de ubicación el Campus de la Justicia, que implica la integración en un ámbito del antiguo colegio El Salvador, una parte de la parcela del viejo Río Hortega y la parcela expropiada en Finca Zambrana, que se ofrecería a los propietarios de las otras dos para que no pierdan derechos urbanísticos.
El presidente del Grupo Popular ha calificado la medida de incoherente, de «zambranazo» porque el equipo de Gobierno utiliza esta para criticar la gestión del anterior; de «derramón», porque supondrá más coste, y de «retrasillo» porque generarán nuevos procesos urbanísticos que suponen, a su juicio, el empleo de una concepción «venezolana, del exprópiese».
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El Pleno del mes de septiembre ha servido, asimismo, para que tome posesión el concejal del PP Borja García Carvajal, en sustitución de Marta López de la Cuesta; y para aceptar la baja del citado Gómez Iglesias, nuevo subdelegado del Gobierno.
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