Cinco kilómetros de tuberías de gas a la intemperie

Cinco kilómetros de tuberías de gas discurren a la intemperie, pegadas al muro del ferrocarril, sin mantenimiento ni revisión, en muchos casos sin sujeción alguna y ya volcadas al suelo, y con evidente riesgo para los vecinos. La anómala situación puede contemplarse en la calle Nueva del Carmen, en el Barrio Belén, y la desatención que sufren estas canalizaciones es otro efecto colateral más de la demora del proyecto de soterramiento.

Los vecinos llevan ya más de dos años estrellándose contra un muro burocrático de competencias e incompetencias, y no han logrado hasta ahora que nadie les resuelva un problema que ellos no provocaron. En su momento se desaprovechó la urbanización de la calle para enterrar esos 5.000 metros de tuberías, que dan servicio a los números 50 a 104 de la calle Nueva del Carmen, y que discurren pegados al muro del ferrocarril. El compromiso era recolocarlos bajo tierra, como es habitual, cuando se acometiera el enterramiento de las vías. Pero la gran operación ferroviaria está, hoy por hoy, parada, en vía muerta, y sin visos de ponerse en marcha en breve plazo, y las tuberías siguen allí, sin protección, víctimas propiciatorias de todo tipo de agresiones, empezando por las meteorológicas, y siguiendo por las vandálicas. Unas canalizaciones que, pese a su precario estado, están operativas, transportan gas y se encargan del suministro a varias decenas de viviendas unifamiliares.

«Las tuberías están desancladas, con las abrazaderas rotas, y en muchos casos caídas al suelo, con todo el riesgo que ello entraña». Lo explica Alfredo Mantecón, de la asociación de vecinos Barrio de Belén, que recientemente expuso su problema a la nueva corporación municipal, tras pelear en los despachos durante los dos años anteriores.

Lo más sorprendente es que, aparentemente, no se puede hacer nada. O al menos esa es la información que se da a los vecinos y a los técnicos municipales. La empresa ADIF, propietaria de los terrenos ferroviarios, se niega a permitir el acceso regular para que pueda realizarse el mantenimiento de las canalizaciones en riesgo. La solución que ha propuesto es trasladar las tuberías y enterrarlas en la calle, pero eso obligaría a levantar la obra de urbanización que se realizó en su momento, con todo el coste que ello supone, y el coste de la obra debería repercutirse en unas familias que no ganarían nada con la operación. «El Ayuntamiento podría ordenar la retirada de las tuberías en riesgo, pero eso iría en contra de los vecinos, que se quedarían sin servicio», opina el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia. «Por ello, la solución más razonable pasa por mediar con ADIF para que permita acondicionar esas canalizaciones y autorice el acceso de los técnicos para su mantenimiento regular». La reunión municipal con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias es una de las tareas pendientes del nuevo edil, que se enfrenta estas semanas a unos cuantos problemas en espera de solución.

Figuran en buen estado

Con todo, lo más sorprendente es que las canalizaciones a la intemperie figuran en los informes técnicos «como si estuvieran en perfecto estado», según asegura Alfredo Mantecón. Y de hecho han recibido una calificación favorable en el informe de inspección de la compañía Gas Natural. Esto desconcierta sobremanera a una asociación vecinal que tiene que enfrentarse, simultáneamente, con otro enredo administrativo ligado al suministro de gas. Y es que otros 53 vecinos de distintas calles del Barrio de Belén no han logrado acreditar la idoneidad de sus instalaciones gasistas, de la red privada, y, por tanto, tampoco la del conjunto de sus viviendas. A causa de ello se enfrentan a la amenaza de sanciones económicas municipales cuantiosas, cuyos importes oscilan entre los 1.000 euros y los 10.000. De hecho, los afectados han recibido en los últimos meses comunicaciones del Ayuntamiento de la capital advirtiéndoles de su irregular situación y de la posibilidad de ser multados por ello.

Los afectados residen en casas situadas en las calles Nueva del Carmen, Navidad, Aguinaldo, Nochebuena o Posada, entre otras.

El enredo es francamente surrealista. Las canalizaciones fueron instaladas por la empresa de gas, pero una normativa municipal establece que inmediatamente pasan a ser propiedad de las comunidades de vecinos, que tiene la obligación de contratar a la empresa para que revise su estado cada cinco años. El problema para estos vecinos es que la suministradora de gas informa a medio centenar de viviendas de que sus instalaciones no cumplen los requisitos, pero no les indica cuál es el problema, ni el modo de resolverlo. «Esto es un contrasentido, y no entendemos nada», asegura Alfredo Mantecón, que lleva meses intentando que alguien les explique exactamente qué es lo que ocurre.

Jugar al perro y al gato

«Hemos pedido a Gas Natural un informe específico sobre las deficiencias de los 53 vecinos que tienen el certificado pendiente y estamos a la espera de su respuesta», explica el representante vecinal. Presentaron la reclamación el pasado 7 de julio, en el registro de la sede vallisoletana de la compañía gasista, pero nadie parece haberse dado por enterado. De hecho, este periódico se puso en contacto con los responsables de prensa de la empresa, con sede en Barcelona, y no tenían constancia del problema. Lo cual resulta especialmente sorprendente porque los vecinos llevan dos años jugando al perro y al gato con los requisitos y los procedimientos y sin lograr que ningún portavoz autorizado los reciba. «Hay una preocupación terrible entre los vecinos, que sienten una gran impotencia», explica Mantecón.

El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, se ha comprometido a paralizar cualquier posible sanción en marcha, así como a mediar con la empresa gasista si la demanda vecinal no llega a buen puerto por sus propios medios. «Los vecinos están muy agobiados porque nadie les da respuestas. Pero lo que yo sí les he dicho es que, de momento, no habrá multas y que intervendremos para intentar desbloquear esta situación».