Un juzgado subastará 193 viviendas y garajes en lote tras un concurso de Sareb

Antes del 1 de agosto, previsiblemente según la Administración Concursal, tendrá lugar en Valladolid la mayor subasta de viviendas, garajes y trasteros de los últimos años, fruto de un concurso de acreedores declarado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de la capital. Los efectos de la denominada burbuja inmobiliaria y la crisis financiera están en los orígenes de este proceso que ha desembocado en la subasta.

Hace casi dos años, el 17 de julio del 2013, el Juzgado declaró a la Sociedad Cooperativa de Viviendas Arroyo de la Encomienda en concurso de acreedores. Los edificios proyectados habían comenzado a construirse por la empresa Teconsa, después de que una inmobiliaria se hiciera cargo de captar a los socios a los que se ofertaron pisos de dos y tres dormitorios a unos precios de 120.000 euros de media, con garaje y trasteros incluidos.

Inicialmente, la antigua Caja Segovia financió toda esta operación que comprendía bloques con un total de 248 viviendas. Un año antes (2009), sin embargo, Teconsa fue declarada en suspensión de pagos y la finalización de las obras tuvo que ser efectuada finalmente por la constructora Ferrovial. De las 248 viviendas edificadas en la calle Gregorio Marañón 16 y 18 de Arroyo de la Encomienda, restaron sin vender 193 con su correspondientes plazas de garajes y trasteros. Además, quedaron sin propietarios otras 180 plazas de aparcamiento y diez trasteros. El administrador concursal propuso al Juzgado de lo Mercantil número 1 que la celebración de la subasta fuese mediante un solo lote de venta, ya que eran muchos los inmuebles que tenían que venderse, y eso complica sobremanera el procedimiento.

«De haberse procedido a la enajenación uno por uno de los bienes, la venta hubiera sido más difícil y hubiera generado muchos más problemas para los residentes que habitan en el edificio», indicó José Bouzas, supervisor de este concurso judicial. Sin embargo, algunos de los antiguos socios cuestionan este procedimiento aceptado por el juzgado, por entender que «con él se favorece otra vez la especulación inmobiliaria al haber fijado un precio tan bajo, unos cinco millones de euros para un complejo de 193 viviendas y garajes tan grande. Ello supone que la sociedad que acuda logrará que cada piso le cueste unos 25.000 euros de media, cuando su valor es superior», argumentan.

Fuentes judiciales indicaron respecto a esta circunstancia que «los precios de mercado para las viviendas de antes de la crisis no se pueden comparar con el valor de mercado actual».

Con anterioridad a esta subasta, el Juzgado de lo Mercantil fijó que cualquier postor que quisiera optar al lote debería de depositar el 5% del valor de tasación de todo el lote. Bouzas indicó que el precio de salida para esta subasta de pisos y garajes se determinó a partir de las tres ofertas que se presentaron inicialmente.

Una ha sido realizada por un particular, Eduardo de Soto (5.000.000 euros), la de la sociedad Moldeares Torneo Empresarial SLU (por importe de 6.258.000) y la de empresa Urfica S. L. que ha ofertado por todo el lote inmobiliario 5.000.015 euros.

Sin tasación

Paradójicamente, en este tipo de procedimientos no se hace una tasación aproximada del bien. «En la Cooperativa de Arroyo existe una hipoteca pendiente por importe algo más de 20 millones de euros que se reclama por Sareb. Por tanto, los 5 ó 6 millones son el precio de salida, pero hasta que no se celebre la subasta no se determinará cuál será el precio final que se pague. Se busca con ello dar un valor inicial para que concurran el mayor número de interesados», explicó el administrador judicial.

Esta semana se ha cerrado el plazo para presentar otras ofertas para esta operación, a la que han concurrido en el Juzgado de lo Mercantil al menos otras tres más. La puja para la adquisición de este lote se realizará en una fecha todavía sin concretar y con la secretaria de lo Mercantil como fedataria pública.

Fuentes de la Administración Concursal reconocieron que «difícilmente se llegará al pago de los 20 millones» para hacer frente a la deuda contraída con Sareb. En este bloque con seis plantas, los cooperativistas que permanecieron hasta comprar las viviendas (unos 55) han tenido que hacer frente estos años a los gastos de la comunidad de vecinos y de la urbanización. La deuda que está pendiente por las 193 viviendas y 180 plazas de garaje, repartidos en dos sótanos, es de algo más de 50.000 euros.