El gobierno municipal borrará del PGOU las reservas de suelo para 34.000 pisos

El Ayuntamiento de Valladolid borrará del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) las reservas de suelo residencial para 34.000 pisos ubicadas más allá de las rondas de circunvalación de la ciudad. El nuevo equipo de gobierno, a través de su concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, confirmó ayer, tras conocerse una nueva sentencia del Supremo que constata la ilegalidad del área homogénea de Las Riberas una gran bolsa de terreno junto al Camino Viejo de Simancas con capacidad para 9.000 viviendas la intención de que estos parajes vuelvan a ser suelo rústico.

Saravia se agarra a las diferentes resoluciones del TSJ (hasta tres), confirmadas después por el Alto Tribunal, que tumban estos desarrollos al considerar que «no se ha justificado en absoluto la conveniencia de desarrollar el sector o la conveniencia de la transformación urbanística de los terrenos y más en particular que no se ha justificado que exista en Valladolid la necesidad de ampliar el suelo con destino residencial», según recogen los diferentes fallos.

El criterio es compartido por la otra parte del bipartito, el PSOE, que al igual que IU (ahora Valladolid Toma la Palabra) votó en contra de la revisión del PGOU propuesta por el PP, principalmente por esta razón, a pesar de que los populares aplicaron el criterio de contención en el nuevo documento ahora papel mojado que rebajó de 60.000 a 34.000 el número de casas que se podían levantar en los terrenos del cinturón de la capital.

Saravia remarcó ayer que en la ciudad existente hay espacio y planes parciales con capacidad para acoger más de 20.000 nuevas viviendas, una cifra que se considera suficiente para las necesidades a corto y medio plazo, la vigencia que tiene un documento de planeamiento, que, además, se podría modificar en caso de que fuera necesario y urgente. A este argumento, se suma el de los costes. Los socialistas consideran que mantener el modelo extensivo encarece, y mucho, la factura municipal en servicios como limpieza, transporte público o seguridad, entre otros.

El PGOU, aprobado inicialmente el pasado mes de febrero, contempla que en zonas ya integradas en la trama urbana como Canterac, Los Santos II, La Florida, Las Raposas o San Juan y Valdezoño, entre otras, aún hay capacidad para otras 33.263 viviendas. La única de las áreas homogéneas que se salvaría, según acotó Saravia, sería la de Páramo de San Isidro porque en ella se sitúan los nuevos talleres de Renfe y la operación está asociada a la construcción de cerca de 4.000 viviendas junto al complejo de reparación de convoyes ferroviarios. En este caso, ya ha habido una modificación del PGOU con carácter de urgencia, aprobada definitivamente por la Junta de Castilla y León, para garantizarla al considerarse como una operación de ciudad, ya que el nuevo taller de reparaciones lleva aparejado el empleo de más de quinientas personas.

¿Y los derechos adquiridos por los propietarios de suelo situado más allá de las rondas? Saravia, que durante el pasado mandato no paró de reclamar el informe a su predecesora en el cargo, Cristina Vidal, confirma que no existen, con lo que no habría que abonar indemnizaciones por este concepto. «A lo sumo habría que pagar los proyectos y planes parciales que ya se hayan tramitado», explicó el concejal de Urbanismo. En su opinión, en todo caso sería mucho más económico que dar vía libre a la construcción en esos espacios y luego tener que dotar de servicios a sus habitantes.

El nuevo equipo de gobierno recuerda, además, el ritmo de concesión de licencias para nuevas viviendas que se ha registrado en los últimos años en la capital. Desde 2011 no se han superado las doscientas anuales y 2014 se cerró con permisos para levantar 130 nuevas casas. Este argumento también ha sido utilizado por los jueces para desmontar el planeamiento expansivo, que había promovido el gobierno de Francisco Javier León de la Riva.

Ecologistas en Acción se felicitó ayer de que en los últimos dos años la Justicia haya anulado las autorizaciones de la Junta para edificar 60.000 viviendas en Valladolid y cuatro municipios de su entorno (Aldeamayor de San Martín, Mucientes, Tudela de Duero y Zaratán), «poniendo de manifiesto el disparate alentado y permitido por las Administraciones Públicas de nuestra región: una enorme burbuja inmobiliaria que nos ha llevado al desastre económico y social que actualmente vivimos».

La organización pedirá al nuevo Ayuntamiento y a la Junta que pasen página de la etapa «del urbanismo salvaje y a la carta». En su opinión, la revisión en curso del PGOU debería proceder a la reclasificación de las áreas homogéneas como suelo rústico y concentrar en la ciudad existente las actuaciones que se prevean, siempre con prioridad a la «necesaria rehabilitación de los barrios».

Para trasladar esta petición y otras propuesta de cara al nuevo PGOU, Ecologistas en Acción reiterará al nuevo alcalde de la ciudad la petición de reunión realizada en octubre del año pasado a su antecesor, Javier León de la Riva, «que éste nunca llegó siquiera a contestar».