El futuro del Campus de la Justicia, en el aire por la falta de una firma

Manuel Saravia levantó la liebre por la mañana en el Ayuntamiento y la liebre dio un salto hasta el Palacio de la Audiencia Provincial de Valladolid, donde causó la mayor desazón. Enseguida confirmó la noticia la Secretaría del Ministerio de Justicia: al equipo de Gobierno de Javier León de la Riva se le olvidó ejecutar la permuta de la parcela del Barrio Girón, donde está proyectado el Campus de la Justicia, es decir, formalizar el acuerdo de pleno oficialmente y ante notario para el cambio de titularidad del terreno propiedad del Ayuntamiento por la sede judicial de la calle Angustias. Y si la titularidad del solar no la tiene el Ministerio de Justicia, no podrá disponer de la parcela de Villa de Prado II para construir absolutamente nada, porque el propietario sigue siendo el Ayuntamiento de Valladolid.

Este «olvido» para algunos, que para otros es «negligencia y falta de seriedad» por parte del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, va a ser utilizado por el socialista y probable próximo alcalde, Óscar Puente, con el respaldo de Manuel Saravia, para enterrar definitivamente un proyecto de unificación de los juzgados de Valladolid que se gesta desde hace once años y que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, avaló el pasado 30 de marzo durante su visita a la Delegación del Gobierno en Valladolid, donde presentó los planos de la primera fase del Campus de la Justicia y garantizó que habría financiación para que las obras arrancaran este mismo verano, a pesar de que la inversión prevista para este ejercicio es de apenas 300.000 euros.

Según manifestó, durante los ejercicios 2015 a 2019 se ejecutarían obras por un montante global de 16,6 millones de euros. El pasado 8 de mayo, el Consejo de Ministros, a propuesta de Rafael Catalá, autorizaba un incremento del límite y número de anualidades establecidos en la Ley General Presupuestaria para facilitar la contratación de proyectos de obras en edificios judiciales. La ampliación de los límites de gasto y de las anualidades se eleva hasta un total que supera los 151,9 millones de euros, para invertir en nuevos edificios, entre ellos, el Campus de la Justicia de Valladolid. Pero ahora, aunque el proyecto cuenta con presupuesto, se queda otra vez, en el alero. Y tal vez para siempre porque el nuevo equipo que gobernará en el Ayuntamiento no está por la labor de sacar de las calles del centro de la capital «otro servicio más».

Ha sido ahora, al detectar movimientos por parte de responsables de Urbanismo del equipo saliente para acelerar, en el tiempo que queda antes del cambio de poderes del día 13, la ejecución de la permuta, cuando Izquierda Unida se ha apresurado a advertir que no es momento de firmarla «porque ha de ser el nuevo gobierno municipal quien lo gestione». Así, los concejales del grupo municipal liderado por Saravia mandaron ayer un escrito al secretario general de la Corporación y a los grupos políticos municipales del PP y PSOE indicando que «estos momentos, con el Ayuntamiento en funciones, no deben realizarse operaciones de ese tipo, que condicionan la actividad y la política del nuevo gobierno».

Óscar Puente se muestra completamente indignado por el hecho de que los populares quieran hacer esta operación «por la puerta de atrás» y «antes de marcharse», y señala que siempre los socialistas han preferido que el Palacio de Justicia se mantenga en el casco histórico.

Pero fue el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo (PSOE), quien descartó en su día el edificio de El Salvador por considerar que sería un pelotazo urbanístico (ya que los propietarios del inmueble pedían 30 millones), quien sugirió al presidente de la Audiencia, Feliciano Trebolle, que buscara una parcela. Y fue el ministro Francisco Caamaño, del Gobierno de Zapatero, quien dio vía libre a la negociación con el Ayuntamiento para la permuta en el año 2009. A este respecto, Puente subrayó que «la realidad no es estática», y que en la actualidad «no se pueden sacar más servicios a la periferia ya ha pasado con la Agencia Tributaria, la tesorería de la Seguridad Social y el edificio Perla Negra de ADE porque se perjudica al comercio y ello lleva a la degradación del centro de la ciudad».

«Puñalada trapera»

Para el alcaldable del PSOE, «el Campus es un proyecto de otra época, para el que no hay dinero, lo que nos obliga a reconsiderar otra salida, porque esto es inviable e inasumible». Si el PP firma la permuta ahora, «estando en funciones, es una puñalada trapera que tiene como objetivo cerrar la puerta y eso no lo vamos a tolerar porque, si lo firman, buscaremos la fórmula para revocarlo». La propuesta socialista, explicó Óscar Puente, pasa por «retomar el edificio de El Salvador o buscar otro inmueble en el centro de la ciudad, como el que ha quedado vacante de la Tesorería de la Seguridad Social en la Plaza de Madrid, pero no podemos sacar del centro otro edificio público a un barrio que, además, no está preparado para el comercio y responde a un modelo termita de la ciudad que no compartimos».