La Intervención del Estado ve ilegalidades en las operaciones de Arroyo y Portillo

El 30 de diciembre de 2013, el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valladolid solicitó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) el auxilio judicial requerido por el titular del Juzgado de Instrucción número 2, el magistrado César Gil Margareto, para que sus expertos informaran sobre la legalidad de la contratación y, especialmente, sobre el procedimiento y el precio de compra de los terrenos en Portillo y de la operación primero de alquiler y luego de compra del edificio de Arroyo por Gesturcal, SA (desde 2009, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, SA). Esos informes habían sido solicitados a instancias de la Fiscalía de Valladolid después de que un escrito de denuncia firmado por Jesús Carlón, que había sido delegado de Gesturcal en varias provincias de la comunidad y que en la actualidad está jubilado, llegaran a manos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

El 27 de noviembre de 2014, dos inspectores del Grupo de Delincuencia Económica y dos funcionarias de la IGAE entraron en las dependencias de ADE Parques, sitas en el edificio denominado popularmente perla negra, de Arroyo de la Encomienda, actual sede de la Consejería de Economía y Empleo, y se llevaron la contabilidad de la empresa pública desde 2008 a 2014, libros y todo tipo de documentación informática relacionada con su actividad. Los informes realizados por estas empleadas de la Intervención, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, están en manos del juez y sustentan la base de la acusación. Fuentes próximas a la investigación indican que, junto con el principal testigo de cargo, estos informes avalan la tesis de la Fiscalía de que existen indicios suficientes de que hubo mucho más que irregularidades administrativas en estos contratos públicos. Se investiga si pudo haber prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos en estas dos operaciones urbanísticas «donde algunos actores de la Administración y del mundo de la empresa de Castilla y León coinciden», subrayaron las mismas fuentes jurídicas.

El trabajo de fiscalización de las funcionarias de la IGAE, en relación al fallido polígono industrial de Portillo, ha consistido, subrayan, en «el análisis de la legalidad en una adquisición directa de unos terrenos por parte de una empresa pública autonómica y de la sujección a la misma a los principios de buena gestión financiera, eficiencia, eficacia, objetividad y transparencia en esta actuación». Su conclusión, respecto de esta operación urbanística, es que los contratos-convenios de adquisición de los terrenos en Portillo y Aldeamayor suscritos con Cementos La Bureba y Parque Empresarial de Portillo «en ningún caso respetan los principios de buena gestión financiera» contenidos en la Ley de Hacienda y del Sector Público de Castilla y León. Además, el segundo convenio, que deja sin efecto el primero, «se considera que no se ajusta a la legalidad por cuanto actúa como apoderado de la empresa un representante condenado por sentencia firme por un delito contra el patrimonio». Además, se indica que no se respeta el principio de responsabilidad en la gestión de esa misma Ley porque los propios administradores de ADE «la declaran lesiva, al pedir un informe jurídico en 2012». La operación, se señala en el informe, supone un endeudamiento de 20 millones de euros para el sector público de la autonomía, «una cifra que se sigue incrementando con posterioridad». Vulneraría, además, el principio de estabilidad financiera.

Las inspectoras también cuestionan la operación relacionada con el edificio de Arroyo de la Encomienda. Principalmente, porque el consejo de administración de Gesturcal estableció en la reunión del 7 de julio de 2006 que, en el caso de que se aprobase dicha operación del primer contrato de arrendamiento, esta no podía realizarse sin disponer primero de un informe de tasación emitido por una sociedad independiente. También se supeditó a este requisito previo del informe de valoración por parte de una sociedad de tasación el segundo contrato, pero el consejo de administración, presidido por la viceconsejera, Begoña Hernández, incumplió su propio requisito. Otra irregularidad que detectan es que la encomienda de gestión realizada por el secretario general de la Consejería de Economía y Empleo a Gesturcal respecto del alquiler del inmueble de Arroyo es atemporal e inconcreta, según en el artículo 15, apartado 3 de la Ley 30/1992. En la actualidad, en el edificio se ubican, bajo contrato de arrendamiento urbano, cuatro direcciones generales, ADE, el Ecyl, Sodycal, la Agencia de Innovación, la Fundación de Formación en Empleo, ADE Parques y la sede de la Consejería de Economía y Empleo. Dicho contrato no ha podido ser cotejado por la Intervención.