Incendio en Fasa: más cerca del sabotaje

La hipótesis del sabotaje como causa del terrible incendio que el 30 de octubre de 1974 asoló la factoría de Montaje 2 de FASA-Renault, causando diez muertos, fue barajada desde un primer momento por la Jefatura Superior de Policía. Así se desprende de un amplio informe, elaborado a las pocas horas del siniestro, que custodia el Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Se trata de 25 páginas, con planos incluidos, que detallan con minuciosidad las características de la zona en cuestión, los medios de extinción de la factoría, el material afectado, los posibles factores desencadenantes y las inmediatas labores de investigación policial dirigidas a corroborar la intencionalidad del caso.

La recopilación de datos técnicos, diversos testimonios personales y una evidencia documental muy concreta vendrían a demostrar, en efecto, que poco o nada de fortuito hubo en el incendio. Ya el pasado mes de octubre, con motivo del 40 aniversario del mismo, este periódico desveló la existencia de un chantaje millonario que abonaba, precisamente, la tesis del sabotaje; un chantaje que reconoció el director industrial de FASA-Renault cuando sucedieron los hechos, Juan Antonio del Moral, y que ahora refrenda dicho informe policial.

Como señalaba El Norte de Castilla en su portada del 31 de octubre de 1974, el fuego había comenzado a las 5,49 de la mañana en un almacén de la planta baja -«cota 00», es decir, a nivel del suelo- del edificio de pintura de Montaje II, y a los cinco minutos ya había afectado a una superficie total de 2.000 metros cuadrados. La gran velocidad de propagación explica el destrozo causado: en total, el fuego arrasó 10.000 de los 62.800 metros cuadrados de la factoría, que, con 2.800 trabajadores, producía diariamente 368 vehículos de los modelos R-5, R-7, R-8 y parte del R-12 familiar. Afectó, por tanto, al 49% de la producción.

Esta circunstancia, crucial para comprender el inesperado desarrollo del incendio y sus dramáticas consecuencias, puso a los investigadores sobre la pista de la intencionalidad. Más aún si, como relata el informe policial, reparamos en el avanzado sistema de extinción de incendios con que contaba la empresa: además de los medios concretos, manuales y automáticos, que se revisaban mensualmente, había una serie de avisadores conectados con la Central de Bomberos de FASA.

Esta, ubicada en el taller central de instalaciones, estaba dotada de cinco vehículos de primer socorro y la formaba un grupo de quince bomberos fijos, instalados en dos cuarteles. Al mismo tiempo, un alto porcentaje del personal de mantenimiento -150 operarios- recibía instrucción semanal sobre cómo atacar un incendio, por lo que percibían una prima extra salarial, y una vez al año, todo el personal de la factoría recibía formación en este mismo sentido.

Mezcla explosiva

Es más, el incendio en cuestión fue debidamente señalizado, lo que daba cuenta de la rapidez con la que se propagó; concretamente, entre 8 y 25 centímetros por minuto, una velocidad endiablada si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el papel de periódico prende a 45 centímetros por minuto: «Saltaron casi simultáneamente tres sectores de avisadores de incendio, que ocupaban una longitud en sentido transversal como mínimo de 30 metros», apunta el documento.

Ello fue debido, sin duda, al tipo de material afectado: testigos presenciales confirmaron a la policía que la llama se encontraba cerca de los contenedores de espuma de poliuretano, utilizada como relleno de los asientos. Una mezcla explosiva y altamente peligrosa: «Durante la ignición de este material se produce gran cantidad de humos densos y negros que favorecen el rápido oscurecimiento de la zona, con composición tóxica debido al alto contenido de monóxido de carbono que, unido a la falta de oxígeno propio del incendio, acentúa su peligrosidad», señala el documento, que también aporta datos precisos sobre las altas temperaturas alcanzadas:

«La espuma desprende gran cantidad de calor durante su combustión, 3.500 kilocalorías por metro cúbico (). Estas masas de gases a altas temperaturas, al desplazarse por efecto de tiro, calientan a las masas de espuma cercanas sobrepasando el límite de 350-420 grados.

Esto explica perfectamente la rapidez con que se extendió el fuego, ya que según datos tomados del lugar, se llegó y posiblemente se sobrepasó los 700 grados centígrados. Y también explica el efecto causado a algunos testigos de la rapidez de propagación como si fuese ocasionada por una cinta de fuego».

Con tales ingredientes, la tragedia estaba servida; y eso que a la hora del incendio solo quedaban en la fábrica los encargados de poner a punto las instalaciones para los 1.400 trabajadores que comenzaban el trabajo a las seis de la mañana, así como los empleados de la empresa de Limpiezas El Sol, que habían entrado a trabajar a las diez de la noche del día anterior. Sobre estos últimos se cebó el fuego, pero también sobre algunos operarios que se encontraban en los vestuarios.

De la contrata de limpiezas fallecieron José Pérez Pérez, de 47 años; Bernardino Alonso Collantes, de 49; Teodoro Castillo García, de 46; Lidio Castán Palencia, de 34; Dionisio Gómez de Frutos, de 42; Paulino Serrano Hernández, de 54; y Félix Martín Gómez, de 50 años; y de la factoría, José Antonio Casado García, encargado de Montaje 2, de 36 años, que se había prestado a rescatar a los heridos, Ramón Pisano Cortés, oficial tercera en el servicio de instalaciones, de 32 años, y Manuel Salas San José, de 38 años y especialista de la cadena de Montaje.

Intencionalidad

Valiéndose de contrastados argumentos técnicos, la investigación policial, elaborada en paralelo a la de M. Foster, especialista de la firma británica J.H. Burgoyne and Partnes, desechó posibles causas como el origen eléctrico, el calor radiante a temperatura superior a 350 grados, chispas producidas por trabajo en la zona, autoinflamación o agentes químicos. La conclusión, por tanto, era evidente: «La posible causa de iniciación del fuego fue por aplicación de llama. Si esta aplicación fue fortuita o intencionada, entendemos que se sale totalmente de la finalidad de este informe».

Ciertamente, esto último no era un asunto a dirimir en un estudio estrictamente técnico, pero sí en la investigación iniciada ese mismo día por el comisario general de Investigación Criminal, José Trinitario Romero, a quien acompañaban dos funcionarios técnicos del Gabinete Central de Identificación y otro más de la Brigada Regional de Investigación Criminal de Madrid.

El informe elaborado a este respecto, fechad el 3 de noviembre y adosado al estudio técnico de la Jefatura Superior de Policía, consta de tres folios mecanografiados y obedece a una hipótesis compartida por no pocos vallisoletanos de entonces: el incendio no solo habría sido intencionado, sino que estaría directamente relacionado con la conflictividad laboral desatada meses antes en FASA-Renault, cuando la empresa interpretó la nueva Ordenanza del metal suspendiendo las tardes libres de los sábados y el descanso del bocadillo. La medida, considerada injusta y lesiva por la mayor parte de la plantilla, fue respondida con un intenso movimiento huelguístico que llegó a englobar a más de 10.550 trabajadores de los 13.620 con que contaba la fábrica, lo que provocó su cierre temporal, aparte de 40 detenciones, numerosos despidos y un amplio apoyo social en otras empresas y barrios obreros.

No por otro motivo fueron inmediatamente presentados en la Jefatura Superior de Policía, Brigada Regional de Investigación Social, «cuatro productores de la empresa de entre los que más se habían destacado por su actuación durante el conflicto colectivo como consecuencia de la aplicación de la nueva Ordenanza Laboral, por si de las primeras gestiones realizadas pudiera deducirse que el siniestro había sido intencionado».

Dichos trabajadores eran José Andrés Mata Duque, Zósimo Burgueño Morago, Antonio Ruipérez Morago y Pedro Conde Soladana. Una vez interrogados, todos fueron puestos en libertad al no hallárseles relación alguna con el suceso, pues incluso «dieron muestras de reprobación en el caso de que se tratara de acto de sabotaje» y se ofrecieron «a colaborar en el esclarecimiento del hecho».

Los heridos (31 en total) apenas pudieron aportar pistas concretas que sirvieran de algo a la investigación, pero hubo un testigo presencial, situado «en las inmediaciones del almacén de Montaje 2», cuya «precisión y aportación de datos pueden ofrecer una impresión de intencionalidad», apunta el informe policial.

Se trataba de Rafael Villagra Cuadrado, trabajador de Mantenimiento que a las 5:35 de la madrugada entró por la puerta central y una vez en el taller fue alertado por un compañero («Alfonso») de la presencia del fuego. Fue entonces, nada más salir, cuando vio un contenedor «situado en fila vertical con otros en el plano superior, ardiendo pero con poca dimensión», por lo que trató de apagarlo con un extintor de carro que, sin embargo, se atascó cuando llevaba recorridos apenas 20 metros.

«En ese momento continúa el informe- nota una baja de intensidad de luz () y, segundos después, vio un resplandor producido por algo que ardía, en sentido longitudinal, próximo a la segunda escalera con dirección a la primera, en sentido de orientación hacia la puerta de entrada general, y con una anchura de unos 30 centímetros y una llama azulada en su periferia, continua y parecida a la que pudiera producir una mecha rápida, siendo el recorrido aproximadamente de unos 15 metros. Unos tres segundos más tarde se apagó la luz totalmente».

Según Villagra, dicho resplandor semejaba «una mecha muy larga y muy junta a los contenedores, encima del superior o muy junto a ellos en su parte más alta», de ahí la rapidez con la que se propagó el fuego, «localizado en un principio en un solo contenedor».

Con ser importante, ésta no era, sin embargo, la única evidencia de la posible intencionalidad del siniestro. Y es que la investigación policial acredita por escrito el intento de chantaje relatado a este periódico por Juan Antonio del Moral, director industrial de FASA-Renault en aquel momento: «Con fecha 16 del pasado octubre reza el documento-, se informó a la Comisaría General de I. Social del anónimo recibido el día anterior, en el que se pedía la entrega de 30 millones de pesetas por parte de don Santiago López (director gerente) ya que, en caso contrario, incendiarían la FASA recordando lo ocurrido en la empresa AUTHI de Pamplona» (el incendio en Authi, ocurrido a principios de octubre de 1974, paralizó por completo la producción de vehículos).

El anónimo llevaba matasellos de Valladolid y estaba fechado el 14 de octubre de 1974. Al tener noticia de ello, la policía montó el operativo oportuno «en la forma indicada en el anónimo» (la entrega habría de hacerse en el Campo Grande), pero no dio resultado. También fueron infructuosas «cuantas gestiones fueron practicadas para identificar al autor o autores del escrito». Quince días después, Valladolid se despertaba con la trágica noticia del incendio en Montaje 2 y la muerte, a causa del mismo, de diez trabajadores.