La Junta solicita al Consultivo que ejerza de árbitro en el caso Zambrana con el Ayuntamiento

Nuevo capítulo en el culebrón del caso Zambrana. El secretario de la Consejería de Hacienda, Francisco Javier de Andrés Guijarro, ha remitido una carta al alcalde de Valladolid en la que le informa de la suspensión del plazo para resolver la solicitud municipal en la que se pedía la revisión de oficio y declaración de nulidad del acuerdo de la Junta por el que se aprobó la devolución de los terrenos a los herederos de Juan Puentes. En la misiva, fechada el pasado viernes 17 de abril, el departamento que gestiona Pilar del Olmo señala que ha solicitado un informe al Consejo Consultivo de Castilla y León sobre el contenido de la resolución. Así , el órgano superior, adscrito a las Cortes y presidido por Mario Amilivia, se convertirá en el primer árbitro de esta disputa, siempre y cuando emita veredicto.

El Ayuntamiento, que ha tenido que expropiar de manera forzosa por sentencia del TSJ las 5,3 hectáreas de suelo a la comunidad de herederos tras abonar 20 millones de euros, considera que la Junta actuó «de espaldas» al Consistorio de la capital en el proceso de reversión y pide, por ello, que el Gobierno regional asuma su responsabilidad en este oneroso asunto para las arcas de la capital.

Esta no es la primera vez que el suelo Zambrana pasa por el Consultivo. En 2007 la Junta le pidió opinión sobre el convenio que iba a firmar con la familia y por el que el Ejecutivo autonómico ingresó 4,5 millones de euros. Entonces, el Consultivo no emitió dictamen, aunque, según recuerdan fuentes municipales, realizó algunas consideraciones sustanciosas para los intereses del Ayuntamiento.

Aquel informe recordaba que la reversión no procede respecto de bienes demaniales que continúan afectos al interés público que motivó la expropiación, con lo que no puede ser objeto de transacción al recaer sobre una materia que no es de libre disposición para las Administraciones Públicas.

Según subrayan desde Urbanismo, el Consultivo evitó dar un veredicto en esta ocasión también podría dejarlo en tablas al entender que no es posible una interpretación que dé viabilidad a una transacción sobre el patrimonio de la comunidad como reversión, ya que esta se tendría que resolver de manera unilateral por la administración y no de manera pactada.

Este párrafo es uno de los amarres a los que se agarra el Consistorio en su recurso. Recuerda que en el convenio se omitió la existencia de una edificación que acogía una actividad tutelar de menores vinculada con los fines públicos que habían justificado originariamente la expropiación que hizo Franco 1943. Asimismo, no hubo exposición pública cuando el acuerdo afectaba al Ayuntamiento y se atribuyó a los terrenos devueltos a la familia una calificación urbanística que obligó a abonar un justiprecio de mucha mayor cuantía sin contraprestación ninguna para la colectividad.

Fuentes de la Concejalía de Urbanismo apuntaron que esperarán al resultado del análisis del Consejo Consultivo, aunque ya adelantaron la decisión municipal, recalcada por el alcalde, de llegar hasta el final en este asunto. Si el dictamen no fuera favorable a los intereses municipales o el órgano de consulta se inhibiera en el asunto, el siguiente paso será acudir a los tribunales para recuperar los 20 millones ya abonados a los Puentes.