La mitad de los contribuyentes de Valladolid marcaron en el IRPF la casilla de la Iglesia

Marcando conjuntamente las dos casillas solidarias del IRPF (la 105, de la Iglesia Católica, y la 106, de las ONG civiles), los contribuyentes colaboran con un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de la Iglesia y, con otro 0,7%, a apoyar las acciones sociales de las organizaciones sin ánimo de lucro. Todo ello, subrayó ayer el vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Luis Argüello, sin que el declarante pague más o reciba menos en caso de devolución.

La campaña Xtantos, con la que la Iglesia invita a los vallisoletanos a colaborar económicamente en su mantenimiento, ha puesto este año el acento en ese 29% de declarantes que, en muchos casos por desinformación, no marcan ninguna de las dos X sociales. Eso se traduce, recordaron, en que el 1,4% de la asignación tributaria que el Estado pone a su disposición en «una singular democracia fiscal», en lugar de destinarse a fines solidarios, pasa a engrosar las arcas estatales.

«En 2014 remarcó el delegado diocesano de Cáritas, Jesús García Gallo quedaron sin asignar 280 millones de euros de la casilla de la Iglesia y otros 222 millones en la de Fines Sociales». «La decisión de no hacerlo es respetable apostilló Argüello, pero hacemos un llamamiento para que se fijen, porque muchas veces se dejan en blanco porque así están en el borrador del IRPF que manda la Agencia Tributaria o en el que les hace el asesor».

En ese mismo último ejercicio, el 45% de los contribuyentes vallisoletanos dieron el paso al frente en la reválida anual a la que se enfrenta la Archidiócesis, lo que supone un ligero incremento porcentual, en la línea de lo que ha sucedido en los últimos años. Este aumento se ha producido pese al descenso del número total de equis registradas (119.588, frente a las 119.954 de las de la campaña de 2013) y, consecuentemente, del importe global asignado (3,612 millones frente a los 3,707 de la campaña de 2013). El motivo lo explicó ayer el ecónomo diocesano, José María Conde: «Tuvimos 1.845 declaraciones menos en la franja de hasta 21.000 euros umbral mínimo obligatorio porque a esos contribuyentes se les da la posibilidad de no declarar y, al hacerlo, pierden la oportunidad de destinar parte de sus tributos a fines sociales».

Por encima de la media

La provincia se sitúa cerca de diez puntos por encima de la media nacional, en el cómputo general de asignaciones de la Conferencia Episcopal Española. Y es este organismo, presidido ahora por el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, quien reparte a cada Diócesis una cantidad en función de varios criterios. A la de Valladolid, por ejemplo, pese a recaudar 3,6 millones de euros por las declaraciones de la renta, le correspondieron el pasado año 3,1 millones.

La asignación que la Iglesia Católica recibe del Estado es esa y solo esa el modelo de financiación, vigente desde 2007, suprime la dotación directa del Estado y le asigna el 0,7% del IRPF de los contribuyentes que marquen la casilla, pero las políticas sociales abarcan otras partidas presupuestarias. En el caso de la cantidad procedente de la asignación tributaria para Fines Sociales, las distintas ONG presentan sus programas en concurrencia competitiva entre ellas y deben justificar «hasta el último euro», el dinero que reciben. García Gallo apostilló, en este sentido, que Cáritas de Valladolid recibió 245.000 euros de los IRPF de la campaña de 2014, «pero podría darse el caso de que no recibiera ninguno».

La cantidad (el 8% del presupuesto anual de la ONG católica) se ha destinado a cofinanciar veinte programas sociales en la provincia vallisoletana, dirigidos a las personas sin hogar, las personas mayores, la mujer, los jóvenes desempleados y las minorías culturales.

Argüello y Conde repasaron, por último, la fiscalidad de la Iglesia y recordaron que la institución paga el IVA en todas sus obras y suministros, aunque está exenta de abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Remarcaron que esta medida fruto de la Ley de Mecenazgo del año 2012 no es un privilegio exclusivo, sino que afecta a todo el sector no lucrativo, incluidos los edificios de los partidos políticos, los sindicatos, los ayuntamientos o las fundaciones de los bancos.