Los diez mil afectados de Fórum solo han podido recuperar el 20% de los 160 millones invertidos

«La mayoría de los vallisoletanos unos diez mil que invirtieron sus ahorros en Fórum Filatélico eran personas mayores y muchos de ellos han fallecido ya sin poder recuperar el dinero», ¬amenta la presidenta de la Asociación de Afectados de Fórum y Afinsa (Afacyl), Yolanda Montoya. Otros, advierte, decidieron acabar con su vida después de perderlo todo. Los que aún luchan por volver a ver una parte, al menos, de lo invertido vivirán hoy un capítulo más de la batalla judicial contra los gestores de la filatélica en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, donde arranca la vista oral de calificación del concurso de acreedores casi nueve años después de la intervención de la sociedad.

Allí confían en que el juez señale a los administradores de Fórum Filatélico como responsables de llevar a la quiebra la empresa en la que diez mil familias vallisoletanas, y 24.772 en el conjunto de la región, invirtieron todo o, como mínimo, buena parte de lo que tenían atraídos por la alta rentabilidad el 5,25% anual en aquel 2006 que ofrecía la firma que capitaneaba Francisco Briones. Al fin y al cabo, Fórum Filatélico era una empresa laureada por propios y extraños (incluso Dun & Bradstreet le había concedido la triple A), el Gobierno de España la recomendaba, y al entonces ¬ministro de Justicia, el canario Juan Fernando López Aguilar, se le hacía la boca agua cuando, de vez en cuando, su nombre se le colaba en un discurso.

Y todo, en apariencia, habría resultado bien si no fuera porque el 9 de mayo de 2006 la Audiencia Nacional ordenó la intervención de las hasta entonces solventes Afinsa y Fórum Filatélico, sociedades de inversión de bienes tangibles sellos en concreto, después de pasar meses manejando pruebas de una supuesta estafa piramidal, blanqueo de dinero, insolvencia punible, administración desleal, delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental. Una lista de delitos casi tan contundente como la del supuesto desfase patrimonial: 4.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 1.750 de fraude fiscal y estafa.

Una batalla en dos frentes

Durante casi tres decenios, tanto Afinsa como Fórum Filatélico ofrecieron rentabilidades fijas alegando la revalorización permanente de los sellos en los que aseguraban invertir el dinero que recibían de sus clientes que, solo en el caso de Fórum, llegaron a ser 300.000. El problema, sin embargo, fue que olvidaron que cualquier bien tangible, ya sean sellos o uvas pasas, vale más cuando más escasea, y a ellos debió írseles la mano comprándolos por millones. Fuera como fuera, aquel día de mayo los planes de cientos de ¬miles de afectados, saltaron por los aires.

A las puertas del juicio civil que esta semana decidirá de una vez por todas si los administradores de la empresa son responsables de haber llevado la sociedad a la quiebra y haber dejado un agujero de casi cuatro mil millones, el colectivo de afectados, que no esconde las ganas de ver cómo el juez señala con el dedo a los que considera responsables civiles de su infortunio, hace ya tiempo que tiene la vista puesta en la otra vía, la penal, por la que discurre la investigación. Ocho años de instrucción, medio millón de folios y 115 comisiones rogatorias remitidas a 25 países acabaron a finales del año pasado con el procesamiento de los 32 ¬responsables de construir este fraude piramidal a gran escala en su beneficio. Por eso, a la espera de que se fije la fecha de ese juicio, Antonio Cuartero, abogado madrileño de 51 años, asegura que esa es la verdadera batalla por librar.

Antonio cuenta que su entrada en Fórum Filatélico fue similar a la de otros cientos de pequeños ahorradores. «Mi mujer y yo tenemos un pariente que fue uno de los que en su día montaron la empresa. Él fue quien nos animó hasta que terminamos metiendo algo de dinero; pero, por lo que a mí respecta, no es tanto recuperar lo que invertí, que no era mucho, como luchar porque algo como esto no vuelva a ocurrir».

Intereses del 5,25% anual

Y a la vía penal se aferra también la portavoz de los afectados vallisoletanos, Yolanda Montoya, quien anticipa que el abogado de los 1.400 afiliados de Afacyl, Marcos García Montes, confía en que al final del camino «podamos recuperar entre el 50% y el 80% de lo invertido». Pero el proceso penal no concluirá, y con suerte, antes de dos años. Para entonces, vaticina Yolanda, «muchos de los afectados habrán fallecido y sus contratos se perderán para siempre debido a que carecen de herederos directos (hijos) y a que los trámites para cambiar la titularidad de los contratos son costosísimos».

A los afectados, de todas formas, les vuelve locos pensar que, cuando se descubrió la estafa, la mayor parte de los españoles los tomaron por el tipo de espabilado que, cuando la mayor parte de los bancos ofrecían un 2,5% por los depósitos a plazo fijo, se había dejado arrastrar por la avaricia de aquel goloso 5,25%. Por eso Javier López Castro, un comercial de 46 años y presidente desde 2010 de la Asociación Madrileña de Afectados, se molesta recordando que durante años se refirieron a ellos con cierto desprecio. «No fue nada de eso. Fue simplemente un tema de confianza; estábamos frente a una empresa que llevaba cerca de 27 años generándola, reforzando esa imagen con la ayuda de los poderes públicos; de todos. Fue injusto que nos acusaran de ser unos listillos cuando el 80% de los inversores eran familias trabajadores que querían asegurarse la ¬jubilación y el futuro de sus hijos».

La representante de los afectados vallisoletanos, Yolanda Montoya, incide en que muchos, casi todos, «eran personas humildes y la mayoría rondaban los 70 años e invirtieron cantidades importantes, de hasta 200.000 euros en algunos casos, con la vista puesta en el futuro de sus descendientes». Pero de aquellos ahorros se estiman en 160 millones de euros en la provincia y en 390 en la región apenas han podido recuperar el 20% en dos tandas en los años 2009 y 2014. «Estamos esperando a que se concrete, por un lado, el acuerdo aprobado en noviembre en el Congreso por el que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se comprometía a comprar a los afectados una parte de su inversión y, por otro, el capítulo de daños y perjuicios del proceso por la vía penal».

Muchos, incide Yolanda, ya no estarán para recuperar su dinero. Lo dice cuando solo han pasado unas horas desde que la capital despidiera al exjugador de baloncesto Gonzalo Lalo García, cuya vida se torció el día en que empezó a trabajar como gestor y captador de clientes de Fórum Filatélico, para luego ver cómo se desvanecía el dinero de aquellos a los que quería, y el suyo propio.