Los presos de la cárcel de Valladolid, amotinados

Habían transcurrido exactamente cuatro meses cuando la escena volvió a repetirse en la ciudad del Pisuerga: más de 80 presos subidos a los tejados interiores de la prisión en demanda de amnistía total y plena libertad, grupos de simpatizantes apoyándoles en la calle y la Policía Armada, presta a intervenir. No fue un hecho aislado ni una protesta anecdótica. Lo que ocurrió en numerosas cárceles españolas a partir de julio de 1977 contaba con respaldo organizativo y obedecía, en parte, a la extrema politización derivada del desmonte de la dictadura franquista para afianzar la democracia.

Valladolid no escapó de ese proceso de rebelión de presos que ha relatado César Lorenzo Rubio en el libro Cárceles en llamas. Al hilo de las peticiones de amnistía que desde un primer momento acompañaron las demandas de la oposición política antifranquista, en Madrid se formó la llamada Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), que abogaba precisamente por la amnistía total y la desobediencia combativa.

Sus impulsores se autodenominaban «presos sociales», por lo que rechazaban el calificativo de delincuentes, y contaban con el apoyo de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos (AFAPE), abogados laboralistas y formaciones políticas de extrema izquierda. La etapa álgida de sus reivindicaciones comenzó en la segunda mitad de 1977, cuando a las peticiones de amnistía total sumaron las protestas por las pésimas condiciones de vida en las cárceles, coincidiendo además con las demandas de funcionarios de prisiones descontentos con sus condiciones laborales.

El movimiento más impactante estalló en Carabanchel el 18 de julio de 1977 (la fecha, desde luego, no fue elegida al azar), extendiéndose rápidamente por numerosos centros penitenciarios españoles. En la cárcel de Valladolid, situada entonces en la calle Madre de Dios, en el edificio que actualmente alberga el centro cívico, comenzó al día siguiente, cuando 81 de los 141 presos se amotinaron en demanda de «libertad» y «amnistía total», pero también en solidaridad con sus compañeros madrileños y para protestar por sus pésimas condiciones de vida.

A las once y media de la mañana de aquel 19 de julio de 1977 se encaramaron a los tejados de los edificios interiores; de inmediato, las calles próximas se llenaron de activistas y otras personas que apoyaban sus demandas, contra los que la Policía Armada cargó a las nueve de la noche con botes de humo, bolas de goma y disparos al aire.

Entretanto, los presos habían colocado una pancarta en la antena de televisión con el lema: «Amnistía y libertad», al tiempo que gritaban «Viva la Copel» y «Prensa, prensa, queremos publicidad». Amenazaban con cortarse las venas si las fuerzas de orden público trataban de dispersarles con botes de humo.

Partido del Trabajo, Movimiento Comunista y UGT no tardaron en lanzar los pertinentes comunicados en solidaridad con los presos amotinados, quienes, a las dos de tarde del día 20, agotados por el intenso calor y la falta de alimentos y de agua, desistieron de su actitud. La Asociación de la Prensa expresó su rechazo a la dura carga policial contra los grupos de ciudadanos que los apoyaban en las calles Portillo del Prado, Doctor Ezquerdo, Penitencia, Madre de Dios, Quebrada y Paseo del Prado de la Magdalena, producto de la cual resultó herido un periodista de Diario Regional.

Tres meses después, concretamente el 14 de octubre de 1977, las Cortes aprobaban una Ley de Amnistía que, al aplicarse también a «los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas», provocó airadas protestas en el colectivo de «presos sociales» y derivó en nuevos motines en las cárceles españolas.

El 17 de noviembre, entre 80 y 90 presos volvieron a amotinarse y encaramarse a los tejados de la prisión provincial vallisoletana, quemaron colchonetas y otros enseres y provocaron importantes desperfectos en las instalaciones. El ritual fue prácticamente el mismo que en julio: en la calle, informaba El Norte de Castilla, «diversos grupos de personas protagonizaron pequeñas manifestaciones de apoyo a los amotinados repitiendo gritos de amnistía total y presos a la calle». Es más, a la una de la madrugada, uno de los manifestantes arrojó un cóctel molotov contra un vehículo de la Policía Armada. Las cargas no se hicieron esperar.

Según informes policiales de ese mismo día, fueron en total 135 los presos amotinados, de los que más de 80 se subieron a los tejados al grito de «Estamos todos muy unidos», «Indulto para todos los presos», «Nos tratan como animales», «Que llamen a la prensa, que lo cuenten», «Esta vez lo vamos a conseguir».

Los bomberos trataron de subir al comprobar que estaban quemando colchonetas, pero fueron rechazados con piedras, cascotes y tejas. Las fuerzas policiales iniciaron entonces un continuo lanzamiento de botes de humo, que retomaron a las siete de la mañana del día siguiente; fue en ese momento cuando los amotinados depusieron su actitud. No hubo violencia. Se les requisaron varios cuchillos y un transistor.

Cuatro ciudadanos que se manifestaban a favor de los presos fueron detenidos, acusados de montar barricadas y de insultar a la policía. El Norte de Castilla denunció la opacidad informativa impuesta por el Ministerio de Justicia, el director y el subdirector de la prisión, una opacidad que contrastaba con «las facilidades que a nivel informativo se dieron en los casos más graves- de los motines en las prisiones de Carabanchel, en Madrid, y Modelo, en Barcelona».