Las últimas familias dejan el cuartel de Puente Colgante un año después

El culebrón que ha rodeado el controvertido desalojo del cuartel de la Guardia Civil de Puente Colgante concluyó por fin a lo largo del pasado fin de semana, cuando las últimas familias de agentes que se resistieron a abandonar sus casas finiquitaron sus mudanzas. Así que el inmueble está hoy vacío después de un largo año de órdenes y contraórdenes e informes contradictorios sobre su estado de conservación. La Junta tendrá que comenzar ahora las labores de rehabilitación del edificio de 1949, algo a lo que se negó cuando estaba ocupado por los agentes, para destinar sus 64 viviendas a protección oficial.

La salida de los últimos inquilinos, si bien al menos cinco de ellos aún no han entregado las llaves, llega después de que el Ayuntamiento rechazara por la vía del silencio administrativo sus numantinos recursos contra el decreto municipal que declaró el inmueble en situación de ruina económica el 31 de octubre. Nadie los ha contestado aún y, por eso, las familias optaron finalmente por hacer las maletas cuando los operarios de la administración autonómica propietaria del bloque ya habían tapiado literalmente siete de sus ocho portales para evitar una posible ocupación ilegal.

Sin vallas y sin recursos

Lo llamativo de la operación de tapiado de los bajos es que comenzó cuando aún había familias ocupando algunas de las viviendas y, sobre todo, que se produjo la retirada de las vallas que rodeaban la manzana completa desde marzo, ya que fueron colocadas justo después de que la propia Guardia Civil ordenara el desalojo del cuartel alegando su mal estado de conservación nunca llegó a caer un cascote en once meses.

Después se anularía y se volvería a validar aquella orden de febrero y, al final, el Ayuntamiento concedió a la Junta la declaración de ruina con la condición de que rehabilitara el bloque completo en cuanto fuera desalojado. El proyecto, aún sin elaborar, costará 3,1 millones de euros.

El desalojo oficioso del cuartel ya es una realidad desde hoy y el oficial se producirá el 7 de marzo, cuando expira el plazo legal para que las familias presenten un último recurso judicial contra la denegación de los anteriores por parte del Ayuntamiento. Los afectados reconocen que no lo harán. Fin de la historia.