Los divorcios conflictivos se multiplican por dos en Valladolid

Los litigios en torno a las pensiones económicas y la guarda y custodia de los hijos de padres separados se han duplicado desde que comenzó la crisis. La drástica reducción de ingresos de los varones, sobre todo por pérdida de empleo, ha generado situaciones dramáticas que han acabado en los tribunales. Y no sin desgarro para muchos progenitores, forzados por su propia pobreza a reducir las aportaciones a sus hijos, y temerosos de que ello lleve a los menores a pensar que ya no les quieren.

En seis años los procedimientos de modificación de medidas han pasado en Castilla y León de los 146 casos de 2008 a los 364 de 2013, fecha que corresponde a los últimos datos anuales completos disponibles. Pero las cifras que ya se conocen de 2014, los tres primeros trimestres del año, apuntan a que la tendencia creciente se mantiene. Y lo mismo ocurre con las decisiones judiciales relativas a la guarda y custodia de los hijos de la pareja. En el año 2008 se tramitaron 101 procedimientos, mientras que en 2013 ya eran 229, más del doble. Y eso que en ese mismo periodo de tiempo el número de separaciones y divorcios aumentó en mucha menor medida. Valladolid ha pasado de 990 separaciones y divorcios al comienzo de la crisis a 1.192 seis años después, sólo un 15% más.

En la mayor parte de los casos, además, los conflictos motivados por los efectos de la separación no se han cerrado, sino que permanecen abiertos. Y es que tanto las decisiones sobre guarda y custodia de los hijos, como las relativas a la modificación de las medidas compensatorias se adoptan mayoritariamente sin que exista un mutuo acuerdo. Respecto a las pensiones de alimentos, más del 80% de las veces no son consensuadas, porcentaje que varía de año en año pero que nunca baja de ahí. En cambio, en lo relativo a la custodia de los hijos ha ido ganando terreno el entendimiento. En 2008 el 64% de las decisiones eran sin acuerdo, pero el año pasado la proporción había bajado al 52%, 12 puntos menos.

La crisis está estimulando el interés de los varones por compartir la custodia de sus hijos, aunque todavía no les resulte nada fácil conseguirlo porque, a día de hoy, el 80% de las veces se otorga a las madres, y el resto se reparte entre las custodias compartidas y las asignadas al padre. Aparte de las motivaciones afectivas que cada cual pueda tener, existen también razones económicas poderosas: en una custodia compartida no hay pensiones de alimentos y el piso familiar, de existir, deja de ser usufructo exclusivo de la madre, con lo que lo habitual es ponerlo a la venta y repartir lo que se obtenga entre las dos partes.

Esto supone un cambio importante con respecto a la situación que se produce en una separación característica con custodia materna de los hijos. En ese caso, el padre debe seguir pagando la parte de la hipoteca que le corresponda de la casa familiar, si existe, pero no puede disfrutarla, ni venderla, pues queda asignada para uso de los hijos y de la madre que los cuida. Y además debe pagar las pensiones de alimentos estipuladas.

«En los procesos de separación se valora mucho la situación en la que quedan los menores, pero no se aprecia lo suficiente cómo queda el padre, y eso genera indefensión. Si el único ingreso del varón es un subsidio social de 400 euros y tiene que pagar 300 en pensiones de alimentos ¿qué le queda para vivir?», explica David Prada, asesor legal de la Asociación de Padres Separados y Divorciados, que celebra que en Valladolid ya haya sentencias que eximen a algunos padres de estos pagos, por imposibilidad.

Viene siendo práctica habitual que los tribunales fijen como importe para las pensiones de alimentos un 30% de los ingresos del padre en el momento de la separación, pues se marca como criterio mantener un nivel de vida para los hijos similar al que tenían antes de la ruptura conyugal. Pero si a ello hubiera que sumar el copago de la hipoteca del piso familiar, ya habría dificultades para que el padre pudiera afrontar el alquiler de una vivienda propia, salvo que disfrutara de un sueldo elevado.

Esto conduce a situaciones dramáticas, e incluso paradójicas. David Prada recuerda el caso de un jubilado que cobra una buena pensión, de 1.800 euros, pero que vive con su padre. La razón es que tiene que pagar 1.600 euros de la suma de una pensión compensatoria a su primera ex mujer, con la que no tuvo hijos, y las dos pensiones de alimentos de los que tuvo en el segundo matrimonio. «Este es un caso que podría aliviarse acudiendo a los tribunales», explica Prada. Habría dos caminos. Por un lado, confirmar si la primera mujer ha rehecho su vida, pues quizás tenga ingresos propios, u otra pareja, y ya no proceda el pago de la compensatoria. Por otra parte, una de las dos hijas vive ahora con el padre, con lo que se justificaría una modificación de la custodia y no procedería que la ex mujer recibiera esa pensión de alimentos. «Sin embargo, este hombre, como otros muchos, se niega a litigar», explica el letrado.

«Muchos varones tienen la idea preconcebida de que no sirve de nada reclamar porque la ley favorece siempre a las mujeres. Pero yo no lo comparto. Existen procedimientos y ellos tienen sus derechos».

Nicolás Cifuentes, secretario de la Asociación de Padres Separados, ha vivido en sus propias carnes algunos de los problemas. Su acuerdo de divorcio se realizó sobre la base del sueldo que tenía cuando trabajaba en la construcción, pero su empresa quebró, como tantas otras. Perdió el empleo y solicitó una modificación de medidas. Tras un proceso más lento de lo deseable, finalmente lo consiguió, pero la resolución judicial no resolvió su problema. Aunque sus únicos ingresos eran 1.000 euros del subsidio del paro, la modificación solo redujo su pensión de alimentos de 550 a 400 euros, y no le liberó del copago de la elevada hipoteca de la casa, que le supone más de 500 euros. Una casa que, por otra parte, tampoco se puede vender, y que él no disfruta. Nicolás reclamó de nuevo y alegó que su hijo, de 21 años de edad cuando se produjo el divorcio, tenía trabajo y era autosuficiente. Sin embargo, el tribunal no lo estimó porque entendió que los ingresos fueron ocasionales, por un empleo de verano, y que el joven está estudiando. Y es que, en contra de lo que la sabiduría popular pueda pensar, las responsabilidades de los padres no se agotan en la mayoría de edad. Sin embargo, Nicolás cree que la situación que le toca padecer no es justa: «Igual que mi hijo, yo tengo derecho a vivir».

Pablo del Amo, tesorero de la misma asociación, también lo ha vivido en sus carnes. Tras perder su trabajo, sus ingresos se limitaron a una prejubilación por enfermedad de 560 euros con la que tenía que pagar 130 euros de la hipoteca de la casa familiar y 130 euros más a cada uno de sus dos hijos. A él le quedaban 170 para buscarse un alojamiento y vivir. «Me tocó ir a Cáritas a buscarme la vida», recuerda. En la actualidad su situación ha mejorado porque su hijo mayor, que se ha ido a vivir con él, ha empezado a trabajar.