IU propone la división del contrato de alumbrado en lotes para favorecer a las pymes locales

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) se ha dirigido este sábado al alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, para proponer una serie de modificaciones a las condiciones del contrato de conservación, reparación y reforma de las infraestructuras de alumbrado exterior de la ciudad. También ha enviado un escrito a la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, exponiendo que en el citado contrato no se cumple el compromiso de «fraccionamiento de los contratos en lotes», que el Ayuntamiento presentó a principios de 2014 y que la CVE consideró como «una fórmula muy interesante».

Según Izquierda Unida, el contrato del alumbrado citado es un expediente «muy complejo» (un mixto de contrato de obras, de servicios y hasta de suministros), que ha llevado «una larga y prolija preparación por los servicios técnicos municipales», pero el grupo detecta una serie de decisiones políticas que califica de «inadmisibles». En primer lugar, hablan de las fechas, ya que denuncian que el contrato vigente vence «sin que el que le sustituye esté listo». En segundo lugar, recuerdan que el contrato se ha elaborado, estudiado y decidido exclusivamente por el equipo de gobierno, «a pesar de comprometer los presupuestos municipales en 1,8 millones de euros anuales hasta 2018».

Pero hay otros dos aspectos que desde el punto de vista de IU son especialmente graves. Según matiza el grupo municipal, «no aparecen por ningún lado ni las 'cláusulas sociales' que el propio Ayuntamiento decidió incorporar en abril de 2013, ni tampoco se da explicación alguna a la decisión de no dividir el contrato en otros menores, tal como también se pide en el informe del Vicesecretario General».

Izquierda Unida denuncia que «desde que se fraccionó el contrato de limpieza de las dependencias municipales en varios menores, a principios de 2014, ninguno más de los grandes contratos tramitados en ese año ha seguido esa misma pauta, por más que en la Unión Europea se plantee esta medida como esencial, ya que las pequeñas y medianas empresas generan más del 60% del empleo total». «Y sin embargo, según reconoce el Ayuntamiento, tan solo gestionan en torno al 35% de la contratación pública», recuerdan.