La mitad de los hogares de Valladolid ya se han adaptado a la nueva TDT

Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad es el título de uno de los números musicales de la zarzuela La Verbena de la Paloma que viene al pelo para hablar de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Hace nada, el 3G hacía volar Internet en nuestros teléfonos móviles cuando ahora el 4G irrumpe con tanta fuerza que ha sido necesario desplazar varias cadenas de televisión de su frecuencia para dejar libre esas autopistas del espectro radioeléctrico para que esta tecnología de transferencia de datos circule a pleno rendimiento.

A desplazar cadenas de televisión a otras frecuencias para acomodar la Cuarta Generación de la telefonía móvil (4G) se ha bautizado como Dividendo Digital mandato para todos los países de la Unión Europea. En principio esto, a partir de su entrada en funcionamiento con el nuevo año, iba a dejar sin ver varios canales televisivos generalistas a aquellos que no adaptasen las antenas colectivas, y cuando se habla de adaptar estos receptores, subrayar que las afectadas son las comunidades de vecinos que comparten antena, no las viviendas unifamiliares con una instalación receptora individual que solo tienen que volver a sintonizar los canales con el mando a distancia (pero, ojo, estas últimas, sigan leyendo porque también pueden estar en la pomada).

Y como siempre resulta más fácil poner en papel una ley que, en este caso en concreto, subir a los tejados de los 995.000 edificios de toda España que deben realizar los cambios requeridos si desean seguir viendo determinados canales, a petición de los profesionales de la TDT el Ministerio que encabeza José Manuel Soria (Industria, Energía y Turismo) ha ampliado el plazo hasta el 31 de marzo para adaptar las antenas colectivas y así no «perder ningún canal durante el proceso», afirman desde el Ministerio. De esta forma se pretende garantizar la recepción de los principales canales al 97% de la población. De momento, el año se ha cerrado con el 54% de antenas adaptadas, estimando que cuando finalice marzo el porcentaje alcance el 81%. Los datos son extrapolables a la provincia, donde el ritmo de adaptación ha sido similar al del resto de España. Para que el desembolso por los cambios técnicos sea menos gravoso, el Ministerio ha destinado 280 millones de euros para subvencionar la instalación de los nuevos amplificadores. La tecnología 4G, apuntan desde el Ministerio, «supondrá importantes beneficios económicos y sociales para la ciudadanía, pues se incrementan los servicios de datos móviles de alta velocidad con un mejor servicio» y se reduce «la brecha digital».

Plazos insuficientes

No ha quedado otra que prorrogar el plazo, según confirman algunos de los profesionales del sector consultados para testar la situación a día de hoy tanto en la provincia como en la capital. No ha habido previsión y se ha esperado hasta el último momento por parte del Gobierno para aplicar el Dividendo Digital por lo que, de entrada esto lo afirman todos, los fabricantes de los módulos amplificadores no dan abasto para fabricarlos y abastecer a los técnicos, quienes reciben los aparatos gota a gota. El primer plazo era claramente insuficiente para llevar a cabo la ingente tarea, apuntan los técnicos, trabajo que también se ve ralentizado porque están a expensas de muchas comunidades que tienen que tratar el tema en la preceptiva reunión de propietarios. Pero es que, además, antes de tocar las antenas hay que visitar finca por finca para ver las necesidades de cada una. Alguno de los antenistas calcula que en marzo o abril se podrá dar por finalizadas las instalaciones, algunas de ellas hoy provisionales, por lo que en este plazo se hará necesario una nueva intervención. Los menos optimistas se van a mayo o junio. Sea como fuere, hasta que la instalación no se complete y se mida la señal no podrán firmar el boletín con el que solicitar la ayuda gubernamental, la cual se puede pedir hasta el 30 de junio de 2015.

Igualmente, destacan que la información tanto técnica como burocrática la han recibido en reuniones a las que han sido convocados en Valladolid por parte de los distribuidores o fabricantes de los amplificadores, y a través de la página web que el Ministerio ha puesto en marcha. En www.televisiondigital.es se explica qué es el Dividendo Digital, a quién afecta, qué técnicos están reconocidos por el Ministerio para realizar las adaptaciones, cómo tramitar las subvenciones Otro canal para informarse son los teléfonos 954307796 y 901201004 (ojo, este tiene un coste extra).

Profesionales

En esa web se encuentran profesionales como Antonio Álvarez (Peñafiel), Luis Hevia (ANTCYL SL, Valladolid), José Luis Muñoz (Íscar) y José Antonio Rujas (Servicio Técnico Medina SL, Medina del Campo), quienes han hecho la radiografía de la provincia para este periódico. Ellos están reconocidos oficialmente para realizar el trabajo y, por lo tanto, su firma es imprescindible para las ayudas. Otros profesionales, aunque aparezcan en la web ministerial, ya no se encuentran al otro lado del teléfono pues sus empresas han sido barridas por la crisis.

Una de las principales quejas de alguno de ellos es que la información que han recibido los ciudadanos de la Administración es escasa, que son ellos los que están ejerciendo de docentes sobre el Dividendo Digital, «llevándonos las broncas y cargando con el muerto». Tranquilizan explicando que «esto no supone que se deje de ver la televisión, sino que serán unos pocos canales los no se recibirán hasta la instalación de los amplificadores». Con la ampliación del Ministerio esto no será necesario hasta abril.

Aquellos que se mueven por el entorno rural y conocen su situación, indican que los municipios que en su momento instalaron repetidores para tener buena cobertura también tendrán que hacer intervenciones en ellos. Aquí las circunstancias de cada pueblo son bien distintas. Desde Red.es, entidad que está gestionando el Dividendo Digital, lo dejan claro: «Los costes de estos centros por su adaptación son siempre por cuenta del propietario del centro emisor. En cuyo caso podría ser la Comunidad Autónoma y en el Ayuntamiento».