El 'no' de la Junta a revisar el caso Zambrana anuncia un largo pleito con el Ayuntamiento

Pleito a la vista entre administraciones gobernadas por el PP. El Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid dictaminará el próximo miércoles, con el voto favorable de los tres grupos, la presentación de un recurso ante la Junta para que revise de oficio el expediente por el que el Gobierno regional autorizó la devolución de 5,3 hectáreas de suelo junto al centro de menores Zambrana a los herederos de Juan Puentes, al que Franco expropió la finca para levantar el reformatorio a principios de los años 40 del siglo pasado. El Consistorio busca anular ese acuerdo y evitar así tener que expropiar de forma obligada ese suelo a la familia, una parcela por la que tendrá que pagar al menos 21 millones de euros, según ratificó el pasado mes de noviembre la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ.

La respuesta ayer desde la Consejería de Hacienda no pudo ser más clara: De eso nada. Fuentes del departamento que gestiona Pilar del Olmo recuerdan que la revisión de oficio de los actos administrativos solo procede cuando éstos adolecen de algún vicio de nulidad y no es el caso; subrayan que el expediente ha sido bendecido en tres ocasiones por el Consejo Consultivo y añaden que en ninguno de los tres órganos judiciales que han intervenido se han planteado dudas sobre la competencia de la Junta ni sobre los plazos. Leída esta primera argumentación, todo indica que los servicios jurídicos del Ayuntamiento y la Junta se verán las caras en los tribunales, después de que el propio alcalde anunciara la intención de llegar hasta el final para aminorar los perjuicios económicos que esta expropiación va a causar a las arcas locales.

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento recibieron ayer la propuesta de acuerdo para iniciar la ofensiva con el objetivo de que el Ejecutivo autonómico asuma su «responsabilidad». En ese escrito se manejan seis cuestiones. La primera, que la reversión de los terrenos ya había sido intentada sin éxito por la familia en varias ocasiones y fue denegada por sentencia judicial. Cuando se abordó por última vez, ya estaba en vigor una disposición de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación que modificaba la de Expropiación Forzosa y la hacía imposible.

En el segundo punto, los servicios jurídicos municipales señalan que el convenio de devolución de los terrenos sobrantes entre Junta y herederos se suscribió «de espaldas» al Ayuntamiento, «principal afectado por la misma». «Se prescindió de una información pública que hubiera resultado obligada atendiendo a los intereses generales implicados y no fue publicado», señalan.

También ponen en duda la procedencia legal de la desafectación del suelo del ámbito de la finca Zambrana. Así, el Ayuntamiento recuerda que en el convenio se omitió la existencia de una edificación, en la que en ese momento estaba en funcionamiento una actividad tutelar de menores vinculada con los fines públicos que habían justificado originariamente la expropiación que llevó a cabo el Gobierno de Franco.

Por último, el documento destaca que, a efectos de valoración, se atribuyó a los terrenos devueltos a la familia una calificación urbanística suelo urbano sin urbanización consolidada que ahora no es acorde con la mantenida en la expropiación forzosa ya consumada suelo urbano consolidado y obliga al Ayuntamiento a abonar un justiprecio de mucha mayor cuantía. Desde el Consistorio recuerdan que la combinación de todas estas circunstancias ha provocado que la familia Puentes podrá, «como poco», casi multiplicar por cuatro el precio del suelo 16,7 millones cuando esta comunidad de herederos pagó a la Junta 4,5 millones, «logrando así una gran plusvalía a costa de la colectividad a la que representa el Ayuntamiento sin ninguna aportación urbanística o social que lo justifique».

El presidente del PSOE en el Consistorio, Óscar Puente, desveló ayer que su grupo apoyará la decisión del equipo de gobierno, aunque matizó que la iniciativa del PP «llega siete años tarde», porque el alcalde y sus concejales conocen desde 2007 el convenio de reversión, cuando la familia acudió al Ayuntamiento para solicitar la recalificación de un suelo catalogado como sistemas generales, que impedía sacarle rentabilidad inmobiliaria. El abogado, quien cree que puede haber base jurídica, dio por hecho que la Junta no aceptará la revisión de oficio y auguró un largo pleito que se puede prolongar hasta diez años si llega al Supremo.

Manuel Saravia, portavoz de Izquierda Unida, también anunció el apoyo a una iniciativa que, recuerda, «partió de nuestro grupo», porque «fue el único» que en las conclusiones de la comisión de investigación apuntó la posibilidad de explorar la vía de la reclamación a la Junta por su deslealtad al no informar de un expediente con graves consecuencias para el Ayuntamiento de Valladolid. No obstante, los dos partidos de la oposición subrayan que no se puede olvidar las «negligencias» del equipo de gobierno en la tramitación de este caso, ya que durante siete años han sido «incapaces de darle salida y ahora entran las prisas».

El recurso administrativo, que tiene todas la papeletas para transformarse en un pleito en los tribunales, no paraliza la obligación del Ayuntamiento de pagar los 21 millones de euros. De hecho, la familia recibió el pasado 30 de diciembre una carta firmada por el gerente municipal de Urbanismo, David Santana, en la que les anunciaba la intención de abonar el dinero. El objetivo es que la cantidad no siga creciendo con unos intereses que cada día suman cerca de 1.700 euros. Esta iniciativa municipal tampoco frena el análisis que el TSJ está haciendo sobre el precio de los terrenos por los que la familia pide 96 millones. De momento, el informe del perito judicial considera que el suelo tendría un valor cercano a los 38 millones.