Cuatro familias recurren la declaración de ruina del antiguo cuartel de Puente Colgante

La ausencia de inquilinos en cinco de los ocho portales del antiguo cartel de Puente Colgante, que continúa habitado por tres familias, y el consiguiente impago de los recibos de la luz ha llevado a la compañía eléctrica a cortar el suministro de estas zonas, lo que ha dejado a los vecinos que aún residen en el inmueble sin televisión y con la puerta automática del patio reconvertida ahora en manual.

El corte se produjo a comienzos de semana y llega cuando los inquilinos, además de un agente que ya se ha mudado, acaban de presentar cuatro recursos contra la declaración de ruina económica decretada hace un mes por el Ayuntamiento a petición de la Junta propietaria del edificio. Esta resolución, eso sí, obliga a la administración autonómica a rehabilitar el inmueble y a destinarlo a viviendas protegidas (el bloque consta de 64 pisos en ocho portales). También incluía la obligación de los dueños de retirar las contraventanas que corren el riesgo de caer a la vía pública y que a día de hoy siguen en su sitio.

«Tenemos claro que aquí ya no se puede vivir en estas condiciones, y no porque el edificio esté mal, sino por su progresivo abandono, pero acabamos de recurrir la declaración de ruina y luego continuaremos por la vía del contencioso porque entendemos que nos ampara la razón», anticipan los aún residentes, que cumplen ya diez meses de batalla legal desde que la Guardia Civil ordenara el desalojo de las familias.

La mayoría de los residentes fueron abandonando las viviendas progresivamente a medida que las administraciones implicadas incrementaban las medidas de presión, primero sobre el papel, a través de las distintas órdenes de desalojo, y luego sobre el terreno, con el vallado del perímetro exterior repleto a día de hoy de suciedad ante la falta de limpieza desde marzo y, ahora, con los cortes de luz y televisión.

Todo un ejercicio de presión inmobiliaria que, al final, llevó al Ayuntamiento a aceptar la solicitud, por parte de la Junta, de la declaración de ruina, pero condicionada a la rehabilitación forzosa de un inmueble de 1949 que la propia administración llevaba lustros declinando ejecutar a pesar de las reiteradas peticiones de las familias de los agentes.

Agotar las vías legales

Los últimos inquilinos de la antigua casa cuartel, cuyo puesto fue cerrado y trasladado a Zaratán el 21 de abril, continúan defendiendo que el inmueble no está en ruina los edificios colindantes son de la misma época y ninguno ha sido declarado en esta situación y, aunque saben que van a tener que abandonar sus viviendas, defienden «su derecho a agotar todas las vías legales».

Así lo hicieron esta misma semana, cuando se presentaron los pertinentes recursos administrativos, mientras el reloj corre ahora en contra de la Junta para que elabore el plan de rehabilitación, valorado en un mínimo de 3,1 millones de euros, antes del verano del año que viene.