Jornada de lucha en Valladolid contra las grandes empresas

Solo en los relatos más complacientes, la Transición a la democracia en España se asemeja a una balsa de aceite, a un territorio idílico en el que reinaron la fraternidad, el diálogo y el 'fair play' entre adversarios. La realidad, empero, fue muy distinta: el consenso que rigió en el terreno del juego político nada tuvo que ver con la intensa conflictividad social y laboral vivida en aquellos primeros años tras la muerte del general Franco.

Ni siquiera provincias tan tradicionalmente tranquilas, como Valladolid, escaparon a tamaña espiral conflictiva. Así debe interpretarse la impactante «jornada de lucha» que vivió la ciudad en los primeros meses de 1976. Las grandes empresas de la capital, desde FASA-Renault hasta Michelin, pasando por NICAS, Wrangler, Aceites Hipesa y, sobre todo, el ya de por sí combativo sector de la Construcción, coparon portadas en El Norte de Castilla a cuenta del nuevo ciclo de la protesta emprendido en enero.

¿Qué razones de fondo explican dicho proceso? Junto a las propiamente políticas defensa del derecho a la huelga y de la legalización de los sindicatos de clase- no conviene olvidar el impacto de la grave crisis económica generada por el alza brutal del precio del petróleo.

Una crisis que en España incidió de manera más alarmante que en otros países europeos, debido a factores tan específicos como la débil base energética de nuestro país, la endeble estructura industrial y el mayor peso de los sectores más afectados por dicha coyuntura. Todo ello, en un contexto político de desmonte progresivo de la dictadura, encorsetamiento de las relaciones laborales y galopante radicalización de las reivindicaciones laborales, dio pábulo a movimientos huelguísticos de enorme impacto.

Al mismo tiempo, en el seno del movimiento obrero más activo prendieron nuevas formas de protesta que cuestionaban tanto la necesidad de una vanguardia dirigente como las tácticas legalistas iniciadas en los años 50, consistentes en la participación en el sindicato vertical para socavarlo desde dentro, rechazaban la tutela de partidos y organizaciones y los métodos de lucha basados en la negociación, pugnaban por derrocar directamente a la Organización Sindical franquista y apostaban por la autogestión y la asamblea obrera como alternativa a la representación basada en los enlaces y jurados del sindicato único y oficial.

En total, en 1976 se produjeron más de 40.000 huelgas en el país, que afectaron a cerca de 3 millones de trabajadores y emplearon, en buena medida, el sistema asambleario como forma de lucha. En Valladolid, las movilizaciones iniciadas en el mes de enero aglutinaron a más de 4.000 trabajadores. Uno de los ejemplos más claros de esa estrategia asamblearia se dio a partir del día 22, cuando los obreros de la Construcción, reunidos en asamblea general, eligieron una Comisión Representativa que pidió la dimisión de todos los enlaces sindicales. De inmediato, varias fábricas procedieron a plantear sus propias reivindicaciones y a elegir a sus respectivas Comisiones.

La huelga arrancó en las obras de Huerta del Rey, Arturo Eyries, Delicias, Pajarillos, La Victoria, Rondilla y Polígono de San Cristóbal, y llegaría a extenderse por algunos pueblos de la provincia (Tudela de Duero, Tordesillas, etc.). Reivindicaban 20.000 pesetas al mes para un peón, jornada laboral de 40 horas a la semana y conversión en fijos a los 15 días, entre otras demandas. El 27 de enero, el paro era total en la ciudad. Los despidos y la solidaridad de la población obrera no se hicieron esperar.

La coincidencia con otros conflictos hizo que a principios de febrero, trabajadores en huelga de la Construcción, FASA, NICAS, Aceites Hipesa, Wrangler, Azucarera de Olmedo y Montajes Nervión, a los que se unió la Asamblea de Parados, lanzaran un comunicado solicitando la readmisión de los despedidos y rechazando la congelación salarial. Sin embargo, cuando el día 11 la representación empresarial ofreció un incremento del salario hasta las 15.000 pesetas al mes, el movimiento se dividió y la mayoría se decantó por volver al trabajo. Según los promotores de la huelga, que duró 21 días y afectó a 9.000 trabajadores, ésta se saldó con cerca de 200 despedidos.

En FASA-Renault, la protesta comenzó también a finales de enero con dos reivindicaciones como punta de lanza: la readmisión de los despedidos del año anterior, cuya cifra ascendía a 120, y la aprobación de un nuevo calendario laboral que incluyera la media hora del bocadillo, lo que equivalía a una reducción de 56 horas reales de trabajo al año.

Todo comenzó el 26 de enero de 1976, cuando en Madrid se rompieron las negociaciones del convenio al negarse la parte empresarial a readmitir a los despedidos. El movimiento derivaría en un cierre patronal de ocho días en todas las fábricas menos en Carrocerías, en la suspensión de empleo y sueldo de todos los trabajadores, en 90 despidos (readmitidos en los meses siguientes) y en la aprobación, finalmente, del nuevo calendario demandado. A finales de febrero retornó la normalidad laboral en la empresa; según ésta, los incidentes de 1976 provocaron que se dejaran de fabricar más de 20.800 vehículos, un quebranto en los ingresos de 3.000 millones de pesetas y unas pérdidas aproximadas de 700 millones.

El conflicto en Michelín, por su parte, se explica a partir de la nueva norma en la industria química, de mayo de 1975, que establecía la jornada semanal de 45 horas -42 para el turno de noche-, norma que la empresa, alegando necesidades de producción, consiguió que la Delegación Provincial de Trabajo ampliara hasta las 48 horas a la semana. La protesta no se hizo esperar.

La huelga, que afectó a 900 trabajadores en la ciudad del Pisuerga, comenzó el 2 de febrero de 1976 y pronto se extendió a las factorías de Lasarte y Aranda de Duero. Las reivindicaciones básicas eran el establecimiento de las 45 horas semanales -42 para el turno de noche-, 22.000 pesetas de salario mínimo, formación de un Jurado Central para las cuatro fábricas españolas y un convenio único para las mismas.

Entre los hitos más importantes de la movilización, que duró hasta el 23 de marzo, sobresale el encierro de 30 trabajadores, el 7 de febrero, en la iglesia del barrio de La Victoria en solidaridad con los 9 despedidos de la fábrica de Lasarte. Además, se acordó no reanudar el trabajo hasta que se hiciera efectiva la readmisión de los despedidos en Valladolid.

Finalmente, 17 trabajadores fueron despedidos de la empresa, entre ellos Antonio Gutiérrez Vergara, que entre 1987 y 2000 ocupó la secretaría general de CCOO: «Fue un fracaso. Cuando llevábamos 56 días de huelga ya lo veía venir y propuse en una asamblea volver al trabajo. Muchos me acusaron de traidor y perdí la votación. Dije: vamos al encierro indefinido. Y dudaron. Volvimos a votary ganó mi propuesta: volver al trabajo. Creo que la solución fue beneficiosa para CCOO, y explica el éxito que tuvimos desde entonces en Michelín»; los despedidos pudieron acogerse a la Ley de Amnistía Laboral promulgada en 1977, por lo que la Magistratura de Trabajo ordenó su readmisión en octubre de 1978. Gutiérrez, sin embargo, no fue readmitido, por lo que pasó a dedicarse más intensamente a las tareas de CCOO.