La jueza bloquea las cuentas de Lino Rodríguez en Asaja

El registro comenzó a las nueve y media de la mañana, de forma simultánea y por sorpresa, como se efectúan estas intervenciones policiales para evitar la destrucción de pruebas. Agentes de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía entraron por orden judicial en la sede de Asaja, en la Plaza de Madrid, y también en el domicilio social de Sodeprin, SL, (la asesoría propiedad del presidente provincial de la organización agraria, Lino Rodríguez, y de su esposa, que lleva las cuentas de Asaja y asociaciones filiales) para recoger toda la documentación que pueda estar relacionada con la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 5, tras la denuncia interpuesta por el extesorero de Asaja Alberto Cano contra el presidente de la organización provincial, Lino Rodríguez, por estafa y falsedad.

La titular de este juzgado, Soledad Ortega Francisco, ordenó también, de forma paralela al registro, el bloqueo de todas las cuentas bancarias en las que Lino Rodríguez sea titular en relación con Asaja Valladolid y las sociedades Derco, Remolacheros de Valladolid, la Cooperativa Campo Abierto, Indycons y Campos de Peñafiel, que se encuentran en las entidades Caja España (Banco Ceiss) y Cajamar. También ha inmovilizado las tarjetas Visa o de crédito y las claves bancarias que figuren a nombre de Lino Rodríguez para cualquier operación on-line.

La magistrada firmó los dos autos que ordenaban el registro y el bloqueo de las cuentas, y un tercero en el que vuelve a citar a declarar en calidad de imputados a Lino Rodríguez, a su esposa Ana Isabel de la Fuente Hernansanz y a Gerardo Rico Sanz, vicepresidente primero de Asaja. Los dos primeros lo harán el 23 de septiembre, mientras que Rico está citado para el día 25 de ese mes. En este mismo auto la jueza pide que se envíe a la Brigada de Policía Científica una serie de documentos como contratos, nóminas y partes de cotización a la Seguridad Social para que compruebe si las firmas corresponden con la de Félix Sacristán, presidente del grupo Derco.

Félix Sacristán declaró como testigo el mes pasado y afirmó ante la jueza que Derco se fundó en 1996 «para traer fondos europeos» y que «consiguió el Proder de Peñafiel, más de 5 millones de euros para la comarca». Desde entonces «no sé qué ha hecho Derco». Incluso dijo desconocer «si Lino cobra de Derco todos los meses». Cuando la magistrada le enseñó el contrato del presidente provincial de Asaja, único empleado de la sociedad de la que cobra un sueldo mensual de más de 3.000 euros, Sacristán declaró que la firma que figura como suya no lo es y se ofreció para someterse al cuerpo de escritura. La jueza le tomó la palabra, le instó a entregar la documentación de la sociedad y ayer mismo ordenó a la Policía Científica cotejar el cuerpo de escritura de estos documentos.

Además de recoger información tanto en la sede de Asaja como en la de Sodeprin de discos duros, libros de actas, facturas, declaraciones judiciales y operaciones bancarias realizadas por Rodríguez, su esposa y cualquier otra persona relacionada con ambos, la Policía también tenía orden ayer de recabar extractos bancarios completos de las cuentas bloqueadas, «incluida de la que son titulares Lino Rodríguez y su mujer en La Caixa, como de cualquier otra de la que puedan ser titulares y que desconoce el juzgado».

La jueza tiene «especial interés» por el origen de las cantidades de las que se ha podido apropiar y, por tanto, poder determinar si se trata de fondos públicos, tales como subvenciones concedidas por la Comunidad Europea, del Gobierno central, de la comunidad autonómica o de cualquier otra entidad pública, «ya que es determinante para el tipo penal aplicable, de modo que la investigación permita determinar el importe total de las cantidades de las que ha podido disponer el principal denunciado, Lino Rodríguez, o su mujer, Ana Isabel de la Fuente, o cualquier otra persona relacionada con esta investigación», explica textualmente la jueza en su auto.

La investigación de este juzgado se inició en octubre de 2013 como consecuencia de la denuncia de Alberto Cano contra Lino Rodríguez como presunto autor de un delito de estafa y falsedad por su actuación en Derco y como presidente de Asaja Valladolid. Las últimas diligencias de este caso son las practicadas ayer, aunque el bloqueo de las cuentas ya fue solicitado en junio pasado por el demandante como medida cautelar para evitar «la distracción del patrimonio».

A falta de practicar nuevas diligencias, la jueza Soledad Ortega dice en uno de los autos que ha podido constatar que Lino Rodríguez ha utilizado las cuentas de Remolacheros de Valladolid para realizar pagos «de difícil justificación», como los 91.000 euros de los que dispuso en ventanilla en febrero de 2006 o el traspaso de esta cuenta a una propia de 70.000 euros. Es en esta última, en la que también figura su mujer, donde tiene domiciliadas dos hipotecas.

Desde Asaja se ha asegurado que «absolutamente toda la información económica», de cursos y servicios a los agricultores y ganaderos «está correcta y acorde» a la legislación y ha precisado que este registro «es fruto del odio y rencor» del extesorero Alberto Cano y el exgerente Fernando Redondo.