El funcionario acusado de dar obras a su familia pidió retrasar su jubilación

El ya exjefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid Luis Samaniego había solicitado formalmente retrasar su jubilación tiene 64 años y 9 meses con el objetivo de seguir al cargo de este departamento, según confirmaron ayer fuentes municipales. Este histórico de la Casa Consistorial, que ingresó como aparejador en 1975 y que en el año 2000 fue nombrado responsable de las obras en las dependencias públicas, se ha visto obligado, sin embargo, a solicitar su salida de forma anticipada lo hizo el 6 de junio, tres días después de que se le apartase del cargo tras conocerse que adjudicó obras a once empresas de su familia, una dirigida por él mismo, cinco por su hijo y otras cinco por un primo. De no haber saltado este caso y haberse aceptado la prórroga solicitada, Luis Samaniego podría haber seguido en activo otros cinco años.

El Ayuntamiento cerró ayer el expediente disciplinario abierto contra el funcionario. Su jubilación urgente impide la imposición de sanciones administrativas. No obstante, los servicios jurídicos han dado traslado a la Fiscalía de los hechos investigados para que actúe en consecuencia, ya que el instructor considera que las pesquisas «permiten apreciar indicios de delito o falta penal».

El expediente le considera presunto autor de dos faltas muy graves en el plano administrativo. Las contenidas en los puntos j y n del Estatuto Básico del Empleado Público, que castigan la prevalencia de su condición para obtener un beneficio indebido para sí o para otro y el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. Esto queda ya en papel mojado.

A los tribunales, los letrados han mandado las adjudicaciones que este funcionario hizo a estas once empresas en 2013 y solo en el Área de Seguridad y Movilidad, que ascienden a 531.000 euros. Sin embargo, el cotejo realizado por el PSOE arroja la contratación de 451 obras y servicios entre 2011 y 2013 por valor de 2,5 millones de euros, una cantidad que se podría quedar corta cuando se termine de echar la cuenta de años anteriores.

La concejala de Cultura y alcaldesa en funciones León de la Riva está de viaje privado en Noruega fue la encargada de dar explicaciones sobre un caso que calificó de «muy grave». Mercedes Cantalapiedra quiso dejar claro, en contra de la versión del PSOE, que la investigación se realizó a instancias de Intervención durante una revisión de contratos menores y no a raíz de la petición de información de los socialistas sobre estas adjudicaciones que no requieren concurso público.

La edil, quien matizó que se trata de un hecho «puntual y aislado», subrayó que el equipo de gobierno ha actuado con toda la rapidez en este caso, al mismo tiempo que ha reprochado a Óscar Puente que convocase una rueda de prensa el pasado domingo para «apuntarse un tanto», cuando fue el alcalde quien llamó al socialista para informarle y expresarle la preocupación tras conocer estos hechos. «Puente no sabía ni quién era el jefe de Mantenimiento», recalcó.

Al ser preguntada sobre si hay indicios de que el jefe de Mantenimiento inflara los costes de las obras o incluyera trabajos ficticios, Mercedes Cantalapiedra aseguró que no es el momento de lanzar sospechas y hay que respetar «la presunción de inocencia» hasta que la Justicia tome decisiones. Esa es la razón por la que, dijo, el equipo de gobierno no fue directamente a la Fiscalía. Quería tener más armada la investigación.

A pesar de que el caso pasa desde ahora a manos de la Justicia, el equipo de gobierno tiene intención de revisar todos los contratos que adjudicó Samaniego desde el año 2000, fecha en la que se hizo cargo del departamento. La investigación podría arrojar nuevas sorpresas. De hecho, el PSOE ha localizado otra firma que, aunque no ha sido adjudicataria de obras en los últimos tres años, podría estar implicada en la trama, ya que en el registro mercantil aparece a nombre de M. R. P. corresponsable en varias empresas con el hijo del funcionario y por la que habían pasado varios miembros de la familia del aparejador en diferentes momentos, según aseguró ayer el concejal socialista Pedro Herrero, quien ha ampliado su petición de datos a las fundaciones municipales y empresas públicas.

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, se sumará hoy a esta iniciativa en los tribunales con la presentación de una denuncia contra el exfuncionario. Tenía previsto hacerlo ayer, pero compromisos laborales se lo impidieron, según explicó el abogado.

Sorpresa y sospechas

Estupor y sorpresa entre la mayoría de los compañeros del funcionario, al que todos nombran por el apellido. «Diligente», «amable», y «muy educado» son algunos de los calificativos que le dedican tanto los funcionarios rasos como con mando. «Cuando le llamabas, trabajaba rápido», aseguran. Otros, por el contrario, señalan que era «de sobra conocido» que todas las obras tenían que pasar por él, algo que levantaba las sospechas de que podría «llevarse comisiones». Lo que nadie esperaba era una «trama familiar de este calibre».