Más de 200 familias ya usan en Valladolid tarjetas monedero contra el hambre

La medida, apunta el Ejecutivo central, pretende luchar contra las 'colas del hombre', con una estrategia similar a la que desde hace cuatro años practica el Ayuntamiento de Valladolid. El año pasado, con 223 familias implicadas en la capital y un presupuesto de 117.540 euros, según explica Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales.

Además, la Junta emprendió en 2015, en colaboración con La Caixa, un programa piloto parecido con 300 familias beneficiarias. En la Diputación de Valladolid se ha llevado a cabo durante las vacaciones escolares (con 153 menores implicados). Y también Cruz Roja tiene experiencias en este tipo de acciones con tarjetas prepago en varias ciudades, incluida Valladolid. El Ejecutivo central gestionará este proceso durante 2024, hasta que las comunidades autónomas (que tienen las competencias en servicios sociales) asuman el proyecto.

Pero en Valladolid ya hay experiencia al respecto. En el año 2020, el Consistorio adoptó una alternativa (complementaria a la tradicional) para tramitar las ayudas de urgente necesidad. Desde ese ejercicio, en plena pandemia, y con cada vez más familias afectadas por las estrecheces económicas (derivadas del parón económico, los ertes…), el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Servicios Sociales, entregó unas tarjetas prepago para que familias vulnerables pudieran comprar alimentos y medicamentos en supermercados y farmacias.

La concejala Rafi Romero (PSOE), entonces responsable de Servicios Sociales, recuerda que para que esta iniciativa arrancara fueron necesarias varias reuniones para resolver posibles dudas de inseguridad jurídica. El Ayuntamiento habilitó una cuenta bancaria a la que estaban asociadas varias tarjetas de prepago (recargables), entregadas a hogares en situación precaria.

El responsable del área, Rodrigo Nieto (PP), recuerda que para obtener una de estas tarjetas es imprescindible el dictamen previo de los trabajadores sociales, que establecen las necesidades de cada hogar beneficiario, así como la cuantía asignada a cada caso (la ayuda está asociada al IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). En el caso de Valladolid, pueden ser personas mayores de edad o menores emancipados y no es necesario que haya hijos en la vivienda (como sí que exigirá el Gobierno). Además, deben llevar al menos seis meses empadronados en la capital.

En 2020, el primer año, se entregaron 256 prestaciones por esta vía. En 2021 fueron 227. En 2022 se alcanzaron las 325. En 2023, han sido 223. Con esa tarjeta, los portadores pueden comprar alimentos y productos de higiene en los supermercados y luego, los tiques son revisados por trabajadores de Servicios Sociales para confirmar que no se ha hecho un uso indebido del sistema. Por ejemplo, está prohibida la compra de alcohol o de productos cosméticos. Esto también se mantiene en el proyecto del Gobierno central. Además, recuerda Rodrigo Nieto, se hace un «seguimiento individualizado» sobre cada uno de los perceptores.

«Esta es una medida que sube un nivel la dignidad de la atención a las personas que necesitan una prestación, ya que se salvaguarda la identidad del beneficiario», cuenta Romero, quien desvela que esta experiencia vallisoletana, de hecho, fue consultada hace meses por el Alto Comisionado contra la pobreza infantil, un organismo del Gobierno que quiso conocer cómo era el funcionamiento del sistema en Valladolid.

El Consejo de Ministros adopta ahora una medida similar a la vallisoletana (ya avanzada a las comunidades autónomas en 2021), que se tramitará a través de Cruz Roja (con ayuda de fondos europeos). El Ejecutivo ha aprobado este martes un decreto que concede a la ONG una subvención de 100 millones de euros para aplicar este año esta medida en todo el país y que beneficiará a familias con hijos en situación de pobreza severa.

Calculan que son 70.000 familias en toda España con ingresos inferiores al 40% de la renta media. Esto son, aproximadamente, 7.700 euros al año. Serán los Servicios Sociales de cada comunidad los que determinen quiénes podrán obtener una de estas tarjetas. La cuantía final se fijará en función del número de miembros de la familia y oscilará entre los 130 y los 220 euros al mes. Una de las diferencias entre el modelo municipal y el estatal es que el Gobierno limitasrá a una lista los supermercados adheridos al programa (para seguir mejor la trazabilidad de la compra).

Rodrigo Nieto lamenta que el ministerio no haya informado de esta iniciativa que, en el caso de Valladolid, puede «encontrarse con duplicidades». «Si hubieran consultado o explicado mejor su programa, desde el Ayuntamiento podríamos llegar a más hogares con otros perfiles», indica Nieto, quien también reclama más datos sobre el futuro del Banco de Alimentos.

El Ministerio de Derechos Sociales asegura que las tarjetas monedero serán un complemento y que las otras vías de atención social (como las de las entidades que entregan víveres) seguirán funcionando. Sin embargo, la Federación estatal de Bancos de Alimentos (Fesbal) ha asegurado que esta reforma «dejará a muchas personas usuarias desatendidas», al poner el foco en las familias con hijos y dejar de lado a hogares sin menores, personas sin hogar o inmigrantes sin documentación que «no cumplen con los criterios que determina la ley».

El principal cambio es que los Bancos de Alimentos recibían hasta ahora unos 50,2 millones de euros en alimentos procedentes de los fondos europeos, cantidades que dejarán de percibir. «Esto puede poner en riesgo la capacidad de los bancos de atender a la población que ha venido apoyando desde hace más de treinta años», dice Pedro Llorca, presidente de Fesbal. En el caso de Valladolid, el Banco de Alimentos repartió en 2023 un total de 228.511 kilos procedentes de los fondos europeos FEAD (los que ahora se sustituyen). Suponen el 13,3% del total de los víveres repartidos, a través de 124 entidades, con 12.961 personas atendidas (2.642, menores de ocho años).