Llenar el depósito será más caro para financiar el sistema sanitario regional

Fue de los pocos encuentros con la prensa a los que llegó prácticamente puntual. Lo hizo tranquilo, con una carpeta en la mano y aparcando el gesto serio. Juan Vicente Herrera sabía que lo que acaba de aprobar en la reunión semanal con sus consejeros es la forma de reaccionar ante un panorama «complicado», que va a necesitar de una gran capacidad «de esfuerzo» y enmarcado en un contexto en el que la prioridad (lo dijo en más de una decena de ocasiones durante las más de dos horas de intervención) es garantizar la prestación de los servicios básicos.

No habló de blindaje -como había prometido tanto en su investidura como en su programa electoral- pero explicó que la financiación de las principales medidas impositivas que se aplicarán en 2012 (todas ellas finalistas) irán a parar a la Sanidad y a financiar los Servicios Sociales. No obstante, hasta concluir en ello, era consciente de que tenía que hacer un gran ejercicio de descripción, insistencia y explicación.

Teniendo en cuenta que 2012 presenta un escenario de «recrudecimiento financiero» en el que se volverá a la recesión, -aunque todavía el actual Gobierno no ha confirmado los datos de crecimiento del próximo ejercicio-, y para el que no hay más remedio que cumplir «estrictamente» el objetivo de la estabilidad presupuestaria y el mantenimiento del déficit en el 1,3%, la Junta de Castilla y León ha echado cuentas y ha diseñado una serie de medidas que entrarán en los anales autonómicos rompiendo moldes. Con ellas se recaudarán 251 millones de euros y se ahorrarán 136 millones.

Tasas a las empresas

Castilla y León nunca había creado tributos propios, y a partir del año que viene aplicará dos, dirigidos a las grandes empresas. Una tarifa a las industrias eléctricas y otra a la eliminación de los residuos en los vertederos con las que prevén recaudar 72 millones de euros (60 millones de la ecotasa y 12 de los residuos) y que se destinarán, en el primer caso, a acciones de carácter medioambiental, mejora de eficiencia energética o el abastecimiento de parques empresariales, y a financiar acciones medioambientales realizadas por los entes locales, en el segundo.

Además, la Junta implantará, por primera vez, el 'céntimo sanitario', lo que supondrá el encarecimiento en cinco céntimos (la mayor tarifa) de cada litro de hidrocarburos que se reposte en las estaciones de servicio de la comunidad y que no se aplicará a los carburantes de calefacción ni al gasóleo agrícola. Hacienda ha calculado que con esta medida se conseguirán 140 millones de euros que se destinarán a financiar la Sanidad.

Y además, una vez que el Ejecutivo de Zapatero recuperó el Impuesto del Patrimonio, Castilla y León ha decidido aplicarlo con la vista puesta en la recuperación de 39 millones de euros con los que financiar las solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (ayuda mensual destinada a las personas sin recursos). Lo que no se modifica son los tramos autonómicos del IRPF o la exención del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ni se alterará tampoco el marco actual de los beneficios fiscales como las ayudas a la adquisición de una nueva vivienda o la reincorporación de los autónomos a la actividad laboral.

Con minucioso detalle y con un discurso que oscilaba entre la dación de cuentas del director general de una empresa y la didáctica que se le exige a un maestro de escuela, Herrera justificó cada medida propuesta como si fuera la defensa de una tesis. El esquema era el siguiente. Primero contextualizaba la decisión; después anunciaba la propuesta y, finalmente, explicaba las consecuencias.

Negó que le preocupe una reacción social ante estos anuncios. «A lo que temo -advirtió- es a un colapso financiero» porque, aunque haya tenido que tomar estas medidas, lo hace convencido de que el esfuerzo que pide y que ofrece, tendrá que garantizar que «con la caída del 50% en nuestros ingresos, podamos cumplir con nuestros compromisos más sagrados». «Me siento fuerte, ocupado y preocupado», apostilló después, aunque su semblante era de cierta tranquilidad, pero responsable.

Y dicho esto, miró a su consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, sentada a la derecha, y con la que estuvo comunicándose visualmente durante todo el discurso. No ocultó, entre otras cosas porque quiso impregnar en todo momento un carácter cercano, el esfuerzo que ha tenido que hacer estos últimos días para interiorizar y canalizar las medidas. «¿Lo he explicado bien?», llegó a preguntarle, una vez superado el ecuador de la exposición para destensar el discurso del que pudo ser el primero de los duros momentos que tenga que repetir a lo largo de 2012. El presidente prefirió no vivirlo así e impregnarlo de normalidad. No hay más opción que la de gestionar.

Y tratándose de esto último, de gestionar, el presidente envió también un mensaje hacia sus propios compañeros. No solo porque advirtió de que la Administración, junto con los que más tienen y los funcionarios, son los que deben hacer un mayor esfuerzo para superar el 2012, sino porque además cualquier alteración de las medidas presentadas ayer tendrán que superar la prueba de fuego del ama de llaves. La Consejería de Hacienda será la única que pueda autorizar gastos, con la excepción de los presupuestos de las Cortes y del Consejo Consultivo y la Política Agraria Común. O lo que es lo mismo, vino a decir, habrá que ver qué pasa con las inversiones que no se hayan incluido en el decreto de prórroga de los Presupuestos que aprobó ayer el Consejo de Gobierno.

Pero a pesar de la previsión de recortes, insistió en que «están aseguradas las retribuciones de los empleados públicos» aunque tendrán que trabajar 37,5 horas semanales y deberán justificar sus ausencias, porque ya advirtió Herrera de que se intensificará el control del absentismo laboral.

Por lo demás, el presidente aludió en varias ocasiones a su programa de gobierno y a su discurso de investidura en la defensa de las nuevas iniciativas, pero no rehuyó de volver a comprometerse por escrito con el cumplimiento de algunas medidas. De hecho, serán las Cortes de Castilla y León las que aprueben, como toda ley, el techo de gasto que marque anualmente la Junta, y lo harán cada septiembre.

De esta forma, Herrera, que en todo momento estuvo pidiendo mantener el consenso, no solo con los agentes sociales (dejó caer que había leído las propuestas de los sindicatos sin convencerle) sino también con el principal partido de la oposición (el PSOE presentó en agosto una proposición no de ley para fijar el techo de gasto), intenta mantener la paz social y política que ha reinado en sus anteriores mandatos. Ese techo de gasto no superará la tasa de crecimiento tomando como referencia la media de los cinco años anteriores, el actual y los tres siguientes. Y en los casos en los que hubiera superávit se creará un fondo de reserva que se destinaría a financiar la deuda de la región, que ahora está en el 8,8%.

Así las cosas, el escenario de 2012 ya está esbozado, pero solo en el marco regional. Hoy se conocerán otras medidas que presente el Gobierno de Mariano Rajoy al que Herrera respondió ayer atendiendo a sus exigencias de control del déficit y comprometiéndose a sumar en la búsqueda de la estabilidad presupuestaria, pero al que a cambio ha pedido una modificación de la financiación autonómica. «Es insostenible -reconoció- seguir así. Tenemos que examinar los ingresos de las comunidades».

Y no tardarán mucho. La próxima cita, cuando se presente el Presupuesto de la Comunidad para 2012 porque, como insistió en varias ocasiones, estas medidas no lo suplantarán.