El PSOE impulsa una norma para que la Administración evite pisos patera

A través de una proposición no de ley, presentada el pasado mes de octubre por el grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León, la Junta se ha puesto manos a la obra para acabar con los conocido como 'pisos patera'. Para ello, el Ejecutivo se ha comprometido, después de reunirse la Comisión de Arquitectura y Vivienda, a elaborar una normativa que regule las condiciones para determinar el número de personas que pueden residir en cada vivienda de la comunidad a través de la creación de una cédula de habitabilidad.

Un paso que permitirá que «las administraciones puedan actuar cuando se detecte algún 'piso patera' ya que actualmente en Castilla y León no se podía hacer nada», tal y como explicó el procurador del PSOE, Jorge Félix Alonso. El representante socialista fue el impulsor de esta iniciativa cuando en agosto de este año se descubrió un piso del paseo de Farnesio del barrio de Las Delicias, en el que vivían 15 personas arrendadas.

Algo que, en Castilla y León, no se puede considerar ilegal puesto que «no existe legislación sobre el tema», apuntó Alonso. Una circunstancia que se da desde el año 2000, cuando a través del Decreto 147/2000 de la Consejería de Fomento se suprimió la cédula de habitabilidad vigente desde la Orden de 29 de febrero de 1944 y se dejó, como único requisito para controlar este paso, el otorgamiento de licencia de primera ocupación.

«Con ello sólo se comprueba que la vivienda cumple con las condiciones establecidas en las normas de edificación y urbanísticas, pero no marca unos límites acerca de cuantas personas pueden vivir en relación a la superficie de cada casa», aclaró. Por ello, desde el PSOE se ve necesario que este punto se regule como en otras comunidades. Así, por ejemplo, Cataluña sí tiene una normativa, el Decreto 59/2009 de 7 de abril, por el que determina que en una casa de veinte metros cuadrados sólo pueden vivir dos personas; si es de treinta pasa a tres; en el caso de viviendas de cuarenta serían cuatro; y en el caso de hogares de sesenta metros se aumenta hasta nueve residentes. De esta forma «se permite que, las administraciones, en el caso de encontrarse con un caso como el del Paseo Farnesio, puedan actuar». Y es que hasta ahora «puede parecer inmoral, poco higiénico o un abuso, pero no la situación no está fuera de la ley».

Número de casos

Alonso reconoció que no se sabe si el número de casos que hay en la comunidad «es muy alto o no, porque no es fácil toparse con ellos a no ser que pase algo». Como en el caso del paseo Farnesio, en el que la situación salió a la luz debido a que la manipulación en un contador de agua por parte de los inquilinos del 'piso patera' dejó sin servicio al resto de vecinos del edificio. Antes de que la Junta decidiera, con el Decreto 147/2000, abolir la cédula de habitabilidad, la legislación que regía hasta el momento venía de muchos años atrás. Concretamente de 1944, cuando a través de la Orden de 29 de febrero se marcaron las condiciones mínimas que debían de reunir todas las viviendas. Aunque con ciertos matices. Porque aunque se fijaba que cada casa tendría, como mínimo, una cocina-comedor, un dormitorio de dos camas y un retrete, dejaba muy claro que se tenía también que tener en cuenta el sexo de sus moradores. «Hace años no se concebía, por ejemplo, que los hijos varones de una familia durmieran en la misma habitación que las niñas. Y es que era una norma que se fijaba más en los aspectos morales que en los de higiene o comodidad», resaltó el procurador socialista Jorge Félix Alonso. Pese a ello, el documento sí fijaba la anchura máxima de un pasillo (0,80 metros), la altura de las habitaciones (2,5 metros en el medio urbano y 2,2 en el rural y casas aisladas) o que los dormitorios de una sola cama tendrían como mínimo 6 metros cuadrados, los de dos camas serían de 10, el cuarto de estar también de 10, la cocina de 5 y el retrete de 1,5.