Las cajas de Castilla y León suman 102 consejeros, de los que 42 son políticos con cargo

Si la nueva Ley de Cajas entrase hoy en vigor con carácter retroactivo, 42 de los 102 consejeros deberían abandonar los principales órganos de gobierno de las seis entidades de ahorro de Castilla y León. Aun así, las personas colocadas por el PP y el PSOE seguirían siendo mayoría en los consejos de administración. Los políticos -electos y no electos- copan los sillones de todas las cajas, donde se sientan en representación de las Corporaciones Municipales, de las Cortes y también del grupo de Impositores. Caja de Ávila, con 11 cargos electos de un total de 17 consejeros es la entidad más politizada de la región. Además, otros cuatro consejeros de esta entidad son políticos, bien con responsabilidades organizativas en sus partidos, o sólo militantes.

Por ponerle nombres y apellidos a los hechos que presagia la próxima legislación, Agustín González no podría presidir la entidad abulense porque es también el máximo responsable de la Diputación y alcalde de El Barco de Ávila. Sin embargo, Atilano Soto sí podría seguir en la presidencia de Caja Segovia, ya que pese a ser un destacado líder del PP y ex presidente de la Diputación, actualmente no tiene un cargo de votación popular. Juan Pedro Hernández Moltó, que llevó a la quiebra a Caja Castilla-La Mancha desde su puesto de presidente, había dejado ya de ser diputado del PSOE cuando accedió al cargo en la entidad.

Sueldos, dietas y otros

La nueva norma se aplicará a diputados nacionales y autonómicos, alcaldes y concejales, y pretende dar una imagen de despolitización y de profesionalización de las entidades, una de las más recurrentes demandas de los mercados internacionales. Los ejecutivos de las cajas perciben remuneraciones directas en virtud de su puesto, más dietas por asistencia a los consejos, comisiones y reuniones de las sociedades participadas, planes de pensiones y seguros. El año pasado, las seis cajas de la región abonaron casi 14 millones de euros en retribuciones brutas a sus consejos de administración. Otro de los aspectos que tampoco gustan ni a instituciones europeas, ni a mercados financieros -pero al que está por ver si la nueva ley pondrá coto- es el gran volumen de créditos que las cajas de ahorros conceden a sus consejeros.

Según lo avanzado ayer por el presidente del Gobierno, que hoy podría ser detallado tras el Consejo de Ministros, el texto legal no implicará que tengan que desaparecer los políticos de las cajas, ya que podrán seguir siendo consejeros los militantes de los partidos nombrados 'a dedo' por ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, etc. En este caso, los cargos electos podrían colocar a personas de su confianza y seguir controlando las entidades. Caixa Catalunya (que se ha fusionado con las cajas de Manresa y Tarragona) podrá seguir teniendo como presidente al ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra.