El carro de los políticos

L as vacas gordas se han vuelto flacas de repente y todos los gobiernos europeos, acuciados por la deuda, se han embarcado en una carrera frenética por recortar gastos mientras ponen cara de austeridad franciscana. Los británicos advirtieron pronto que los sacrificios presupuestarios cuadraban mal con los cochazos de lujo -con chófer incluido- en los que viajaban los altos cargos. Así que Cameron y Clegg, recién llegados a Downing Street, sacaron la tijera y decidieron que los nuevos ministros, a partir de ahora, debían elegir entre andar, coger el transporte público o compartir coche. Las autoridades españolas, muy devotas del Audi A8, se resisten a aplicar las medidas británicas con toda su crudeza y suelen esgrimir causas mayores (la seguridad) y excusas menores (las necesidades de representación) para mantener un parque móvil cuya dimensión, hoy por hoy, es desconocida. A los coches oficiales del Gobierno central (431, según el Ministerio de Economía) hay que unir los casi 1.200 de las comunidades autónomas y la miríada de lujosos vehículos que pertenecen a diputaciones, ayuntamientos, institutos oficiales y empresas públicas. En total, unos 42.000.

A falta de un censo exacto y de un criterio común, algunas administraciones españolas comienzan a recoger el guante que, sin pretenderlo, les ha arrojado David Cameron. Ayer, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, la ciudad más endeudada de España, anunció que, en adelante, se comprarán vehículos más baratos y que los directores generales dejarán de contar con coche privado exclusivo. Los concejales, sin embargo, seguirán tan motorizados como acostumbran. Sólo con esta medida (retirará 33 de los 134 vehículos del parque móvil), Gallardón calcula un ahorro de 350.000 euros.

El regidor madrileño dispone ahora de dos vehículos de alta gama, Audi para más señas, que suponen un desembolso de cerca de 600.000 euros. Uno es blindado. A partir de este verano, cuando termine el contrato de 'leasing', Gallardón viajará en un Toyota Prius eléctrico, un coche ecológico. El precio de este automóvil ronda los 29.000 euros.

Su íntima enemiga, Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad, le tomó la delantera en marzo, cuando decidió eliminar 48 coches y 23 conductores, para quedarse en total con 77 vehículos oficiales. Los viceconsejeros y los directores generales quedaron así privados de sus automóviles; desde entonces, deben utilizar los llamados «coches de incidencias», que pertenecen a la comunidad autónoma, pero que no tienen usuario asignado. El consejero de Economía, Antonio Bateta, cuantificó el recorte en 2,2 millones de euros. Una cantinela que les sonará también a los ciudadanos malagueños, cuyo alcalde, Francisco de la Torre, ya decidió reducir a la tercera parte la nómina de automóviles oficiales: de 23 han pasado a 11 y, más tarde, se quedarán en 8.

Antes de poner el grito en el cielo por el despilfarro patrio, conviene señalar que el cariño de los políticos españoles por su vehículo oficial es similar al que demuestran sus colegas de otros países desarrollados. Según 'The Economist', España mantiene un censo más modesto que Alemania (54.000) o Estados Unidos (72.000). Todos ellos, sin embargo, están autorizados a mirar con estupefacción a los italianos, cuyo parque móvil oficial alcanza la alucinante cifra de ¡623.000 coches! Un número imposible de creer si no fuera porque los datos son del propio Ministerio del Interior del país de Berlusconi, definitivamente instalado en el surrealismo.

A la Xunta sobre ruedas

El uso (o abuso) del automóvil oficial es causa recurrente de polémicas políticas en España. Uno de los más poderosos argumentos electorales de Alberto Núñez Feijóo (PP) para ganarse el sillón principal del Palacio de Raxoi, sede de la Xunta de Galicia, fue el gasto «excesivo» de su antecesor, Emilio Pérez Touriño (PSOE), en su coche oficial: se trataba de un Audi A8, con blindaje, cuyo coste total (unos 480.000 euros) superaba al del Cadillac en el que viaja Barack Obama. Feijóo aseguró que, al llegar a la presidencia, subastaría los cerca de 20 vehículos de ese modelo que guardaba el garaje de la Xunta. Lo hizo, pero con escaso éxito: sólo pudo vender tres y a precios irrisorios (menos de 30.000 euros). A cambio, la oposición le acusó de gastarse más de 10 millones de euros en la adquisición de nuevos vehículos de lujo. Dimes y diretes, electoralmente muy rentables, para una comunidad autónoma que ostenta el récord de coches oficiales en España: más de 350. Según 'El Faro de Vigo', sólo en mantenimiento, la Xunta se gasta unos 2.000 euros al día. Sus cifras contrastan vivamente con los 82 que reconoce la Generalitat de Cataluña, «16 menos que en el 2005». En el garaje del Palau se aparcan, entre otras marcas, 4 Audis A8, 18 Audis A6, 22 Renault Laguna y 25 Volkswagen Passat, con 110 conductores en plantilla. Además del 'president' Montilla, disponen de coche oficial los consejeros y los secretarios generales. Aun así, tampoco los catalanes se han librado de la polémica automovilística: el presidente del Parlamento, el independentista Ernest Benach, tuvo que explicar por qué había decidido gastarse 20.000 euros del erario público para amueblar su Audi A8 con una televisión, un reposapiés y una mesita a medida.

En ocasiones, los excesos de patriotismo de los dirigentes autonómicos casan mal con su apego por las altas cilindradas. Los cinco portavoces y los miembros de la mesa del Parlamento aragonés decidieron este año cambiar sus Audis oficiales por vehículos Opel, en «un gesto» de apoyo y cariño hacia la fábrica de Figueruelas (Zaragoza). Ocurre que en la planta aragonesa de Opel sólo se producen los modelos Corsa y Meriva, poco glamurosos para los estándares que manejan los diputados, así que los parlamentarios baturros, en lugar de meterse en un Corsa negro, decidieron comprar varios Opel Insignia, más majestuosos y con mayor caballería, aunque fabricados en el extranjero. En su descargo, cabe aducir que ni el presidente autonómico, Marcelino Iglesias (Audi A8), ni el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch (Audi A8), ni los consejeros del Gobierno aragonés (Peugeot 607) han considerado siquiera cambiar sus poderosas berlinas por marcas más ligadas al terruño.

La repentina ola de austeridad que nos invade ha estado a punto, incluso, de romper un Gobierno regional. El vicepresidente canario, José Manuel Soria (PP), aseguró en abril que había llegado el momento de reducir el número de coches oficiales en el archipiélago. Espantado, le contestó su propio socio/presidente, Paulino Rivero (Coalición Canaria): «Eso sólo lo dice para quedar bien. ¿Cómo va a ser un despilfarro que haya coches oficiales para altos cargos? No imagino a un presidente yendo en taxi». La flota isleña supera los 60 vehículos: consejeros y directores generales tienen a su disposición al menos un coche en Gran Canaria y otro en Tenerife. Finalmente, la bronca pública amainó, el Ejecutivo no se rompió y las Islas Afortunadas mantienen su parque móvil.

Mientras los políticos se devanan los sesos para saber por dónde trazar la raya que separa la dignidad del despilfarro, tal vez sea el momento de recordarles la máxima que dejó escrita el cordobés Lucio Anneo Séneca: «Si nos hemos provisto contra el frío, el hambre y la sed, el resto es vanidad y exceso». Pero Séneca, ay, no sabía lo cómodo y lo rápido que se viaja en un Audi A8.