37 años de reivindicación, fiesta comunera y desencuentros

«Hace 456 años Catilla y León perdieron sus libertades con la derrota de los comuneros en Villalar. Desde aquella fecha Castilla y León han sido víctimas de un centralismo destructor que ahogó su voz y sus derechos propiciando el estado de ruina y abandono en que está sumido nuestro pueblo. ¡Castellanos y leoneses! Sólo con unión y solidaridad podemos recuperar las libertades perdidas. Castilla y León reclama justicia, libertad y autonomía».

Con este manifiesto, los convocantes de la celebración de Villalar de 1977 dejaban claro que la campa simbolizaba mucho más que el trágico episodio acaecido 456 años atrás. Y es que aquel Villalar, como el frustrado del año anterior, trascendía con mucho la aislada reivindicación regionalista al acompañarla, en aquellos años la Transición a la democracia, de fuertes dosis de reivindicación política.

En efecto, la izquierda y demás plataformas regionalistas, empeñadas en derribar el bulo histórico de la Castilla centralista, opresora y franquista, se erigieron públicamente en herederas de los comuneros de antaño y esgrimieron su gesta como argumento de legitimidad histórica con la doble intención de acelerar el proceso de transición a la democracia y reivindicar la autonomía para las once provincias de Castilla la Vieja y León: Ávila, Burgos, Valladolid, León, Palencia, Salamanca, Soria, Segovia, Zamora, Logroño y Santander.

Villalar perseguido

El arranque conflictivo de la fiesta de Villalar contribuyó a presentarla ante la opinión pública como la expresión más genuina del mito comunero liberal y revolucionario. Y es que, la primera convocatoria, proyectada para el 24 de abril de 1976, pretendía aunar, a través de un encendido homenaje a la figura de Padilla, Bravo y Maldonado, la doble reivindicación por la libertad y la autonomía.

Fue el Instituto Regional Castellano-Leonés, organismo regionalista de izquierdas creado a comienzos de 1976, el primero que trató de conmemorar la batalla de Villalar mediante una concentración en esta localidad, en demanda de democracia y autonomía: lo tenía todo concienzudamente preparado (incluidas las pegatinas y las actuaciones de Agapito Marazuela, Nuevo Mester de Juglaría y Julia León), pero su solicitud por carta al gobernador civil de Valladolid, José Estévez Méndez, se saldó con una negativa; la razón esgrimida fue que la entidad solicitante había adoptado para su funcionamiento la forma de una Sociedad Anónima «y los actos solicitados no son los propios que debe desarrollar una entidad de este tipo», aparte de reconocer, por supuesto, que aún no había sido aprobada la nueva ordenación legal para el ejercicio del derecho de reunión y manifestación.

Pese a la prohibición, 400 castellanos y leoneses se dirigieron hacia Villalar el 25 de abril de 1976 por caminos y carreteras secundarias (los accesos principales habían sido cortados); la exhibición de una bandera morada en un árbol cercano desató la carga de la Guardia Civil.

Automáticamente, en el imaginario político del momento el suceso revistió un significado no menos mítico: los guardias hacían las veces de la caballería realista y los miembros del Instituto Regional, de esforzados aunque derrotados y heroicos comuneros. Además, la represión desatada incentivó aún más la identificación entre la fiesta y la izquierda intelectual y política, restando eficacia, por tanto, a la función movilizadora conferida.

Al año siguiente, los colectivos convocantes, motivados por la inminente consecución de la preautonomía, emplearon el episodio histórico de Villalar para denunciar el abandono de Castilla y León, denostar el centralismo y, desde luego, pujar por una conciencia regionalista más extendida, capaz de movilizar a la ciudadanía para combatir el yugo centralista.

Aquella celebración de 1977, celebrada en vísperas de las primeras elecciones democráticas, constituyó un notable éxito: a ella acudieron entre 15.000 y 20.000 personas, según las fuentes, atendiendo al llamamiento del propio Instituto Castellano-Leonés y de la Alianza Regional de Castilla y León, organización surgida a finales de 1975 en el ámbito del franquismo aperturista, y de prácticamente todos los partidos políticos.

Aquí se encuentra el origen de un ritual que, desde entonces, se repetiría cada año: la concentración en la campa de Villalar, los pendones morados, los gritos de «¡Castilla entera se siente comunera!» y «¡Castilla y León por su liberación!», los discursos regionalistas, las actuaciones musicales de carácter popular y folclórico, la ofrenda floral a los capitanes comuneros decapitados ante el monolito de la Plaza Mayor... Por la Alianza Regional habló el catedrático Alfonso Prieto, y por el Instituto Regional, el ya fallecido José Luis Martín, que releyó la carta enviada por los Comuneros de Valladolid al emperador Carlos I el 10 de enero de 1521; un grito de «Viva Castilla Libre» fue coreado por las miles de gargantas congregadas.

200.000 personas

Pero la más importante concentración regionalista tuvo lugar en 1978, poco antes de la constitución del Consejo General de Castilla y León -que presidiría el burgalés Juan Manuel Reol Tejada-, cuando una multitud cercana a las 200.000 personas respondió a la convocatoria del Plenario de Partidos Políticos y Entidades Regionalistas, que se había constituido en octubre de 1977, y de la Asamblea de Parlamentarios elegidos en las elecciones de junio de 1977: esa fue también, sin embargo, la primera ocasión en la que se produjeron alteraciones del orden, con notables repercusiones en la opinión pública nacional.

En efecto, miembros de la Convención Republicana y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) arrancaron la bandera nacional del Ayuntamiento y miembros de AP procedentes de Burgos, Valladolid y Salamanca, ataviados con 40 enseñas nacionales y 15 pendones regionales, resultaron agredidos. El saldo de heridos ascendió a 17 personas. Tampoco faltó la quema de banderas españolas.

La repetición de esos incidentes, en particular contra la bandera española, durante la celebración del "Día de la Región" (29 de abril) de 1979 llevó al Consejo General a abstenerse de participar desde entonces en la conmemoración popular y limitarse a la organización de actos oficiales. A partir de ese momento, y durante bastantes años, Villalar no fue tanto factor de integración de la conciencia regional cuanto motivo de enfrentamiento político.

Hasta el final de la etapa preautonómica, entre 1980 y 1983 las celebraciones populares en la campa, mucho menos numerosas, fueron respaldadas casi exclusivamente por la izquierda, y estuvieron centradas en la crítica a las instituciones preautonómicas, controladas por UCD, testimoniando -como ha señalado González Clavero- un creciente "«divorcio entre el regionalismo oficial y el regionalismo real».

A partir de 1984, el primer gobierno autonómico, con Demetrio Madrid a la cabeza, se esforzó en oficializar la fiesta a pesar de la explícita y reincidente oposición de AP, que desde un primer momento decidió no acudir a la campa vallisoletana. En 1984, el primer encuentro festivo y reivindicativo en torno a la derrota comunera aglutinó a cerca de 18.000 personas. El alcalde de Villalar, Félix Calvo Casasola, leyó desde el escenario un manifiesto en relación con el «Día de la Región», en el que señaló: «Celebramos la recuperación de nuestras instituciones y de nuestra identidad como pueblo, festejamos nuestro sentimiento de castellano-leoneses».

El acto oficial terminó con los gritos del propio presidente de la Comunidad, Demetrio Madrid: «Castilla y León por su liberación» y «Castilla entera se siente comunera». Estas manifestaciones dieron pie a una intervención parlamentaria del Grupo Popular preguntando si el presidente tenía intención de pedir la independencia de Castilla y León. Todo un síntoma de la división partidista reinante en torno a la autonomía. La celebración de 1985, que contó con la música de Candeal, Joaquín Sabina y Orquesta Platerías, continuó con el mismo tono de reivindicación autonomista y aglutinó a 25.0000 personas.

Triste fiesta oficial

El paso decisivo tuvo lugar en 1986, con la decisión del gobierno autonómico de fijar el 23 de abril como Día de la Comunidad mediante la Ley 3/1986, de 17 de abril. La oposición del Grupo Parlamentario Popular no se hizo esperar: ese día se ausentó del hemiciclo durante el debate en señal de protesta, luego propuso como alternativa el día de San José, acusó a la Junta de despilfarrar el dinero y se reiteró en su decisión de no asistir a la campa. Protestas 'populares' a las que se unieron otras más radicales procedentes de los separatistas de León, con el alcalde Juan Morano a la cabeza, y Burgos, con la llamada Junta pro Burgos Cabeza de Castilla como principal entidad contraria a la fiesta.

Lamentablemente, el Villalar de 1986 pareció dar la razón a quienes se quejaban de la extrema y conflictiva politización del acto: la asistencia de radicales izquierdistas de UPC, liderados por Doris Benegas, que invitaron a miembros de Herri Batasuna, Terra Lliure y SOC, distorsionó gravemente el evento. Comenzaron a actuar cuando el locutor de Radio Nacional de España, Julio César Iglesias, se disponía a leer el manifiesto de ese año: al grito de «Socialistas, burgueses, os quedan pocos meses», y «OTAN no, bases fuera», los extremistas zarandearon a las autoridades cuando éstas se disponían a hacer la ofrenda floral a los comuneros. Sufrieron en primera persona este acoso los presidentes de la Junta y las Cortes Regionales, los de Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Asamblea de Madrid, y el presidente del Senado, José Federico Carvajal. De hecho, Dionisio Llamazares terminó en el suelo de un empujón.

Los boicoteadores, que apenas llegaban a 200, fueron respondidos por el presidente del Senado y el de la Junta al grito de «Viva la libertad» y «Castilla entera se siente comunera». Por si fuera poco, la fiesta del año siguiente se tiñó de luto: con una presencia institucional muy reducida, pero un amplio programa festivo que atrajo a grupúsculos extremistas de distintas zonas de España, un joven de dieciséis años resultó asesinado por un navajazo durante una pelea y el nuevo presidente de la Comunidad, el socialista José Constantino Nalda, que había sucedido a Demetrio Madrid tras la dimisión de éste, también sufrió agresiones. A raíz de estos sucesos, José María Aznar, presidente de la Junta de Castilla y León a partir de junio de 1987, decidió celebrar la fiesta de la Comunidad con carácter itinerante, pasando de provincia a provincia, y a base de actos oficiales de ámbito restringido celebrados el mismo 23 de abril y desvinculados, por tanto, de la concentración de Villalar.

Siguiendo las directrices aznaristas, el Día de la Comunidad de 1988 se celebró en el convento abulense de Santo Tomás. Hasta 1997, la entrega de los Premios Castilla y León peregrinó por el Teatro Principal de Zamora, el monasterio palentino de San Pablo, el Teatro Juan Bravo de Segovia, el Convento salmantino de San Esteban, el Hospital del Rey burgalés, la Concatedral de San Pedro en Soria, el Monasterio de Prado de Valladolid y el Hostal leonés de San Marcos. Si desde 1983 los miembros de AP (luego PP) desaparecieron prácticamente de la campa, a partir de 1988 lo hacía la máxima autoridad de la Junta de Castilla y León para no volver hasta 2002.

La decisión de Aznar no pudo ser más atacada desde la oposición; con ella se abrió una brecha infranqueable entre, por un lado, un Villalar del «pueblo» y de la oposición política y, por otro, la celebración institucional. Y eso que la campa seguía siendo escenario de actos nada pacíficos: el 23 de abril de 1988 se produjeron de nuevo cargas policiales contra militantes de Unidad Popular Castellana que intentaban arrancar la bandera española del Ayuntamiento y agredir a los líderes del Partido Socialista durante la ofrenda floral. Durante años, ni siquiera la izquierda fue capaz de realizar una convocatoria unitaria.

Reconciliación 'popular'

La reconciliación del PP con la fiesta en la campa, planteada por el Ejecutivo autonómico en 1992 y culminada en 2000, se explica en parte por decisiones expresamente políticas, pero también por la normalización festiva, cuando no folklórica, de una fiesta progresivamente desprovista de su vertiente más extremista. Ya en 1999, en entonces vicepresidente y portavoz de la Junta, José Manuel Fernández Santiago, dejó entrever en sus declaraciones ante la prensa el retorno, al año siguiente, de representantes del gobierno autonómico a la campa. En 2000, de hecho, la Junta decidió adelantar al 22 de abril la celebración institucional del Día de la Comunidad para evitar interferencias con la fiesta de Villalar; incluso Juan José Lucas, presidente de Castilla y León desde 1991, se acercó una semana antes a esa localidad para asistir a dos conciertos que rememoraban la tragedia comunera.

Era un primer gesto. El segundo llegó el mismo día 23, con la aparición estelar en plena campa del vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Educación, Tomás Villanueva. Le acompañaban Francisco Aguilar (procurador en Cortes), Roberto Fernández de la Reguera (secretario general de Fomento), Ramiro Ruiz Medrano (presidente de la Diputación Provincial de Valladolid), Dionisio Miguel Recio (director general de Turismo de la Junta) y Juan Carlos Sacristán (delegado de la Junta).

Fue un gesto amable hacia todos, en especial hacia Félix Calvo casasona, alcalde popular de la localidad. Aun así, la oposición siguió criticando la ausencia de Juan José Lucas. Este regreso lo repitió el PP en 2001 llevando a la campa a un nutrido grupo de representantes políticos, en el que destacaron, entre otros, José Ferrández Otaño, Ramiro Ruiz Medrano, Dionisio Miguel Recio, Francisco Aguilar y Jesús García Galván; era el avance de lo que ocurriría en abril de 2002: «El año que viene, el PP será uno más en Villalar», confesaron.

Así ocurrió. Juan Vicente Herrera, sucesor de Lucas en la presidencia de la Junta, fue el encargado de convertir la fiesta de Villalar en la fiesta de todos los castellanos y leoneses: «La presencia de mucha gente de Fontaneda me animará a ir a Villalar, son ellos los que hoy necesitan mayor apoyo», avisó. El gesto fue breve pero cargado de simbología: a la una y media de la tarde del 23 de abril de 2002, Herrera rompía con 14 años de ausencia presidencial en Villalar. Los 38.000 asistentes le vieron dialogar con el presidente del comité de empresa de Fontaneda y abrazarse a Ángel Villalba, secretario regional de los socialistas. Hasta su paisano Carlos Rad, procurador de Tierra Comunera, alabó el paso «positivo y valiente» del presidente autonómico.

Al año siguiente, marcado por el «No a la guerra» de Irak, Herrera volvió a repetir la visita pero esta vez de manera un tanto polémica: su llegada relámpago a las 8,30 de la mañana despertó críticas en la oposición. Además, el anuncio de preparativos de recibimiento con huevos y tomates hizo desistir a los demás cargos del PP de aparecer por la campa.

Aunque los incidentes no han desaparecido por completo -en 2006, una pedrada dirigida al presidente regional hirió a una de sus acompañantes-, la participación popular en la fiesta ha aumentado de nuevo y en algunas de las últimas convocatorias ha llegado a las 30.000 personas. Además, en los dos últimos años, el Partido Popular se ha sumado también a la firma del «Manifiesto de Villalar», un escrito reivindicativo suscrito cada año por los partidos políticos y las organizaciones sociales y ciudadanas.

A día de hoy, se puede considerar culminado el proceso de conversión de Villalar en un símbolo de la conciencia regional común para la derecha e izquierda, y beneficiario de todo el respaldo institucional de la Comunidad Autónoma.